El Gobierno recurre el decreto andaluz que cambia 21 leyes de una tacada y pide su suspensi¨®n inmediata
El pleno telem¨¢tico del Tribunal Constitucional del pr¨®ximo 6 de mayo admitir¨¢ a tr¨¢mite la impugnaci¨®n junto a los recursos del ¡®proc¨¦s¡¯
![El presidente de la Junta de Andaluc¨ªa, Juan Manuel Moreno, durante un desayuno en Sevilla el pasado febrero.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/AKSE6FO3JRIGFVPJRQOAJFTUS4.jpg?auth=f31876e0ecf39f0db638b71a00f887d039971997ab54b09a3ebda450477d7cf2&width=414)
![Jos¨¦ Mar¨ªa Brunet](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F8aa2434e-79c0-415a-9ed9-23cee4279efe.png?auth=30f05afc515c65c63b044056d058fad0bdeba439d2e686d2f3d95165afccfb09&width=100&height=100&smart=true)
El Gobierno va a presentar recurso de inconstitucionalidad contra el decreto-ley de la Junta de Andaluc¨ªa que modific¨® 21 leyes y seis decretos de ¨¢mbito auton¨®mico relativos a la ordenaci¨®n de la actividad econ¨®mica. La luz verde para acudir al Tribunal Constitucional fue aprobada este lunes en la comisi¨®n de subsecretarios, una vez recibido el dictamen que hab¨ªa solicitado al Consejo de Estado, todo ello con vistas a formalizar hoy la impugnaci¨®n tras el Consejo de Ministros. El dictamen del Consejo de Estado fue favorable a recurrir dos art¨ªculos clave de la nueva normativa, ambos relacionados con el sector audiovisual, por entender que la Junta no pod¨ªa cambiarlos por la v¨ªa de un decreto-ley, que fue el procedimiento empleado.
En estos momentos, lo m¨¢s importante del recurso es que va a suponer la suspensi¨®n de las modificaciones realizadas por la Junta andaluza. La petici¨®n de suspensi¨®n se incluir¨¢ en la impugnaci¨®n, y el Constitucional viene obligado a acordarla de forma autom¨¢tica cuando el Gobierno lo solicita, de acuerdo con lo previsto por la propia Constituci¨®n. La relevancia de este dato reside en que en la actualidad est¨¢n suspendidos los plazos procesales, de modo que al Gobierno no se le acababa el periodo ¨²til para presentar el recurso. Formalizarlo ahora significa, en cambio, lograr de forma inmediata el objetivo de la suspensi¨®n de la iniciativa de la Junta de Andaluc¨ªa.
Otro dato relevante es que la admisi¨®n de este recurso se aprobar¨¢ en el pleno telem¨¢tico que el Constitucional va a llevar a cabo el pr¨®ximo d¨ªa 6 de mayo. Este pleno se ha acordado en buena media para admitir a tr¨¢mite los recursos de amparo de los condenados por el proc¨¦s. Pero en medios cercanos al propio tribunal se estima que la fijaci¨®n de la fecha para esta sesi¨®n plenaria tambi¨¦n tuvo en cuenta la inminencia de la impugnaci¨®n del Gobierno contra la iniciativa del Ejecutivo andaluz. Se trata, en suma, de que el Constitucional pueda contar con una agenda del pleno que no se reduzca a los recursos de los presos del proc¨¦s, y permita abordar otras cuestiones importantes, sin entrar en el debate de sentencias, cosa que no se considera indicada para sesiones no presenciales.
El PSOE andaluz recurrir¨¢ en el Senado
Paralelamente, el PSOE de Andaluc¨ªa ha anunciado la presentaci¨®n de un recurso al Tribunal Constitucional que interpondr¨¢n 50 senadores cuando se habilite el calendario en el Senado. Los socialistas andaluces aprecian dos motivos de inconstitucionalidad: por un lado, el decreto-ley no se ajusta a un caso de extraordinaria y urgente necesidad para su aprobaci¨®n como establece la Constituci¨®n y el Estatuto de Autonom¨ªa. Tambi¨¦n creen que se vulnera el derecho de participaci¨®n pol¨ªtica al haberse convalidado en la Diputaci¨®n Permanente del Parlamento, un ¨®rgano que s¨®lo opera durante las vacaciones parlamentarias y tras la disoluci¨®n de la C¨¢mara, informa Lourdes Lucio.
El portavoz adjunto del grupo socialista, Manuel Jim¨¦nez Barrios, ha apremiado al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, a que retire el decreto que, seg¨²n ¨¦l, lo que persigue es hacer ¡°tabla rasa¡± y hacer una ¡°contrarreforma¡± a la anterior gesti¨®n del PSOE. El pasado domingo, Moreno se mostr¨® dispuesto a negociar con el Gobierno central algunos contenidos del decreto-ley, para evitar su impugnaci¨®n.
El decreto ley de la Junta andaluza fue aprobado el pasado 2 de abril y el Gobierno estim¨® desde el primer momento que deb¨ªa recurrirlo al entender que implicaba una doble invasi¨®n de competencias del Estado, en el terreno del sector audiovisual y en el del patrimonio hist¨®rico. En el propio Parlamento andaluz, tanto el PSOE como Adelante Andaluc¨ªa se pronunciaron a favor de presentar impugnaciones, en este ¨²ltimo caso por la v¨ªa del recurso de amparo, al considerar que se estaban vulnerando los derechos de participaci¨®n pol¨ªtica de sus diputados, a ra¨ªz de que la norma fuera aprobada por la Diputaci¨®n Permanente de la C¨¢mara, que a su entender no tiene competencias para ello.
La modificaci¨®n en el ¨¢mbito audiovisual permitir¨ªa que empresas privadas puedan gestionar emisoras de televisi¨®n y radio municipales, y tambi¨¦n dar¨ªa paso a que pudiera haber publicidad institucional en emisoras piratas. En cuanto al patrimonio hist¨®rico, se cambiaban los procedimientos para autorizar actuaciones en el entorno de bienes de inter¨¦s cultural. La Junta andaluza justific¨® las modificaciones por el deseo de eliminar trabas administrativas.
La presentaci¨®n del recurso ante el Constitucional no cierra el camino para la posible negociaci¨®n entre el Gobierno y la Junta andaluza. De hecho, existe la voluntad de intentar el acuerdo, y la consecuencia de que se alcanzara ser¨ªa la retirada de la impugnaci¨®n.
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