El Defensor urge un protocolo policial sobre el uso de la fuerza tras los disturbios de Catalu?a

Los graves disturbios registrados en las calles de Catalu?a el pasado octubre tras conocerse la sentencia del proc¨¦s y la actuaci¨®n policial durante aquellos d¨ªas ocupan un lugar destacado en el informe anual del Defensor del Pueblo remitido este mi¨¦rcoles al Congreso y al Senado. El documento considera que el uso que hicieron de la fuerza tanto la Polic¨ªa Nacional como los Mossos d¡¯Esquadra fue proporcional ¡°debido a la intensa violencia ejercida en esta ocasi¨®n contra sus miembros¡±. No obstante, recuerda que ¡°hay un debate social sobre la concreci¨®n de lo correcto en cuanto a la proporcionalidad en el uso de la fuerza¡± cuando los agentes se enfrentan a ciudadanos que ¡°ejercen resistencia pasiva o violencia activa ante una actuaci¨®n legal de la polic¨ªa¡±.

Por ello, la instituci¨®n urge al Ministerio del Interior a elaborar ¡°un protocolo de actuaci¨®n [...] en el que se contengan instrucciones claras y precisas sobre la manera y las circunstancias en las cuales los miembros de Unidades de Intervenci¨®n Policial deben hacer uso tanto de la fuerza como de las armas reglamentarias y de los materiales antidisturbios¡± en ¡°las grandes concentraciones de personas y manifestaciones en lugares de tr¨¢nsito p¨²blico¡±. El objetivo ¨Dse?ala el documento¨D es ¡°reforzar la seguridad jur¨ªdica de los agentes y de los ciudadanos¡±. Francisco Fern¨¢ndez Marug¨¢n, Defensor del Pueblo en funciones, recalca que la petici¨®n no es nueva, pero que ¡°hasta la fecha no ha sido atendida¡± por los Gobiernos a los que se la ha planteado.

No es la ¨²nica recomendaci¨®n de la instituci¨®n a Interior tras los sucesos de Catalu?a. El informe tambi¨¦n incide en ¡°la necesidad" de que las Fuerzas de Seguridad hagan ¡°un proceso de autoevaluaci¨®n o juicio cr¨ªtico posterior a las actuaciones policiales¡± en las ¡°concentraciones o manifestaciones de riesgo¡±. El Defensor recuerda que ya hizo una recomendaci¨®n en este sentido en su informe de 2016, pero que, como en el caso del protocolo, sigue sin ser atendido. Fern¨¢ndez Marug¨¢n recalca que el fin ¨²ltimo de esta medida es ¡°valorar la correcci¨®n o incorrecci¨®n de la actuaci¨®n policial [...] con el fin de evaluar lo acontecido y mejorar, en su caso, las pr¨¢cticas¡±.

El Defensor ¨Dque recuerda que remiti¨® una carta a la comisaria europea de Derechos Humanos, la bosnia Dunja Mijatovic, en la que defendi¨® la actuaci¨®n policial aquellos d¨ªas¨D admite que ¡°los agentes encargados de mantener la seguridad ciudadana no pueden actuar de la misma manera en las manifestaciones frente a los ciudadanos que est¨¢n ejerciendo libre y pac¨ªficamente su derecho en la v¨ªa p¨²blica, frente a aquellos otros que, con extrema violencia, pretenden como fin ¨²ltimo causar el mayor da?o material a los bienes p¨²blicos como personal a los agentes¡±.

En su ¨²ltimo informe, la instituci¨®n vuelve a insistir ¡°un a?o m¨¢s¡± en la necesidad urgente de ¡°reformar algunos aspectos¡± de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como Ley Mordaza. El Defensor recuerda que desde que el Gobierno de Mariano Rajoy aprob¨® la norma en 2015 ha realizado ¡°varias recomendaciones" en este sentido que, en su opini¨®n, "conservan actualidad¡±. La recomendaci¨®n se produce en plena pol¨¦mica por la aplicaci¨®n por parte de las Fuerzas de Seguridad del art¨ªculo 36.6 de esta ley para sancionar a los que burlan el confinamiento. El Defensor anunci¨® el pasado 18 de abril que hab¨ªa abierto una investigaci¨®n sobre la pol¨ªtica de multas de Interior durante el estado de alarma. Hasta el momento, el n¨²mero de propuestas de sanci¨®n desde que estall¨® la crisis del coronavirus se acerca a las 900.000. Durante todo el a?o pasado, este apartado se utiliz¨® para incoar 14.747 expedientes, de los que 12.443 acabaron en sanci¨®n, seg¨²n detalla ahora el Defensor.

La instituci¨®n incide en la necesidad de lograr ¡°consensos suficientes¡± entre las fuerzas pol¨ªticas para ¡°abordar la reforma de los aspectos m¨¢s pol¨¦micos buscando el adecuado equilibrio entre seguridad y libertad¡±. Una petici¨®n que ya ha planteado en anterior informes, incluido el del a?o pasado con id¨¦nticas palabras. En concreto reclama la reforma de los art¨ªculos 20.2, 37 y 36.23 para que ¡°no dificulten¡± los derechos de reuni¨®n y manifestaci¨®n, y de expresi¨®n e informaci¨®n. Mientras esta llega, el documento incide en la necesidad de que las delegaciones del gobierno, responsables de resolver los expedientes, realicen ¡°la pr¨¢ctica de todas aquellas pruebas que pudieran llevar a un mejor esclarecimiento de los hechos denunciados¡±. Para ello, el Defensor insiste en que se exija a los agentes que realizaron la propuesta de sanci¨®n que den ¡°detalle y explicaci¨®n concreta¡± de lo ocurrido, as¨ª como que concreten ¡°con mayor exactitud la infracci¨®n cometida¡±.