Los casos Coslada y Guateque, cr¨®nica de dos estropicios policiales

Dos de las mayores macrocausas medi¨¢ticas abiertas en los ¨²ltimos dos lustros en Madrid y con repercusi¨®n en toda Espa?a, el caso Coslada (40 imputados y siete encarcelados) y la Operaci¨®n Guateque (que lleg¨® a tener 140 imputados y una decena de presos), pueden salirle caras ahora al Estado. Todos los encausados en ambos procesos han sido absueltos por la Audiencia de Madrid en sentencias en las que dan fuertes varapalos tanto a los jueces instructores, Santiago Torres y Eduardo Cruz (ambos ahora fuera de la carrera) como a las fuerzas de seguridad que investigaron estas causas.

Seis de los siete polic¨ªas locales de Coslada que acabaron en prisi¨®n (y los ¨²nicos de los 26 detenidos que se sentaron a?os despu¨¦s en el banquillo acusados de una retah¨ªla de delitos) exigen ahora al Estado 2,6 millones de euros.

La Operaci¨®n Guateque (una supuesta trama compuesta por empresarios y funcionarios del Ayuntamiento de Madrid acusados en su d¨ªa de mercadear con licencias municipales) fue fraccionada por el Tribunal Supremo en varias causas dada su dimensi¨®n. Una de ellas, con seis empresarios implicados, acab¨® en la Audiencia Nacional, que la archiv¨® a?os despu¨¦s. Los afectados aseguran que la actuaci¨®n policial y judicial arruin¨® sus empresas y piden que el Estado les resarza con m¨¢s de 60 millones de euros. Los otros imputados, entre ellos 19 funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, tambi¨¦n fueron absueltos en 2017, tanto por la Audiencia de Madrid como por el Supremo.

Los casos Coslada y Guateque coincidieron en el tiempo con otras investigaciones judiciales en las que jueces y polic¨ªas parec¨ªan primar la cifra de detenidos para buscar el mayor impacto medi¨¢tico. Las dos citadas operaciones tuvieron una enorme repercusi¨®n. Del caso Coslada se grab¨® incluso una serie televisiva de dos cap¨ªtulos titulada Coslada 0. En ambas macrocausas intervinieron cientos de agentes y los sumarios acopiaron decenas de tomos con miles de folios y una maquinaria judicial que estuvo activa durante una decena de a?os hasta que llegaron las absoluciones en masa.

¡°La supuesta mafia de Coslada¡±

Unos 300 polic¨ªas se desplazaron el 8 de mayo de 2008 desde Madrid y Castilla-La Mancha hasta la localidad madrile?a de Coslada (80.000 habitantes) para detener a 26 polic¨ªas locales en el marco de la actuaci¨®n contra una supuesta trama delictiva que inclu¨ªa extorsiones y abuso sexual de prostitutas exhibiendo placa. Siete de ellos, incluido el oficial jefe, Gin¨¦s Gim¨¦nez, acabaron en la c¨¢rcel en las siguientes horas. Los dem¨¢s quedaron en libertad con cargos. Los damnificados de aquella macrorredada de polic¨ªas contra polic¨ªas exigen hoy al Gobierno que les indemnice con 2,6 millones de euros por da?os y perjuicios. Tras ser todos ellos absueltos por la Audiencia de Madrid, presentaron una reclamaci¨®n por da?os y perjuicios ante el Ministerio de Justicia. El Consejo General del Poder Judicial acaba de emitir un informe d¨¢ndoles la raz¨®n (estuvieron injustamente en la c¨¢rcel) y pide que se les indemnice. Justicia tiene la ¨²ltima palabra.

El caso Coslada se convirti¨® en una enorme caja de resonancia que lleg¨® a acumular hasta 40 imputados, entre polic¨ªas locales, empresarios y supuestos proxenetas. Creci¨® como la espuma, pero con los a?os se desvaneci¨®. Once a?os de investigaci¨®n que florecieron al socaire de un enfrentamiento larvado entre miembros de la Polic¨ªa Local de Coslada y de la Nacional, seg¨²n refiere la sentencia de la Secci¨®n 17 de la Audiencia Provincial de Madrid que absolvi¨® a los siete ¨²nicos agentes que finalmente se sentaron en el banquillo. Los otros 19 implicados se fueron descolgando de la causa a lo largo de la instrucci¨®n.

¡°No tenemos nada s¨®lido; el caso se est¨¢ cayendo de las manos...¡±, confes¨® a?o despu¨¦s de la macrorredada a EL PA?S un alto cargo de la fiscal¨ªa madrile?a. Pese a la aparente ausencia de pruebas, la fiscal¨ªa les llev¨® a juicio y pidi¨® 26 a?os de c¨¢rcel para el exoficial jefe, Gin¨¦s Gim¨¦nez; tres, para Carlos M. G. y penas de multa para los otros cinco agentes locales. El 3 de mayo de 2018 el magistrado ponente, Eduardo Regalado, en una sentencia de decenas de folios, consider¨® no acreditados ninguno de los delitos.

La indemnizaci¨®n de 2,6 millones que reclaman ahora seis de los siete agentes entonces encarcelados (el exoficial jefe tambi¨¦n fue absuelto, pero est¨¢ pendiente de un recurso ante el Tribunal Supremo) es por dilaciones indebidas en el proceso (once a?os de duraci¨®n) y por haber estado en prisi¨®n periodos que oscilan entre 4 y nueve meses.

El caso Coslada sigue hoy vivo en lo que respecta a Gin¨¦s Gim¨¦nez. Tras ser absuelto y merced a un recurso del Ayuntamiento de Coslada, su asunto lleg¨® al Supremo y este pidi¨® a la Audiencia de Madrid que conceptuara como v¨¢lidos dos autos: el que dict¨® el juez instructor, Eduardo Cruz, autorizando un registro en casa de Gim¨¦nez (donde se hallaron varias pistolas, algunas antiguas, lo que deriv¨® en una acusaci¨®n de tenencia il¨ªcita de armas, entre otros delitos) y un segundo auto que permiti¨® los pinchazos telef¨®nicos de los agentes. La Audiencia de Madrid ha vuelto a valorar ambos autos. E indica que no aportan hechos nuevos que permitan extraer conclusiones diferentes a las obtenidas en el juicio.

El Ministerio de Justicia estudia en estos momentos la solicitud de indemnizaci¨®n de 2,6 millones. Ha pedido informes al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo de Estado. Los agentes se quejan del sufrimiento, con largos periodos de suspensi¨®n de empleo, vivido durante los ¨²ltimos dos lustros. ¡°Hemos estado privados de libertad por unos hechos que no cometimos, inexistentes (...)¡±, se?alan en el escrito en el que piden ser resarcidos. Y a?aden: ¡°La estancia en prisi¨®n unida a una largu¨ªsima, indebida e inusitada instrucci¨®n de la causa, a lo largo de diez a?os, hasta la firmeza de la sentencia, nos ha causado unos grav¨ªsimos perjuicios, en nuestro honor, imagen y consideraci¨®n p¨²blica, profesional, personal, familiar, econ¨®mica y de su salud¡±, a?aden.

La sentencia del Constitucional

El Poder Judicial ya ha emitido su dictamen y da la raz¨®n en parte a los agentes de Coslada. Sostiene que deben ser indemnizados por el tiempo que estuvieron en la c¨¢rcel. Fueron absueltos por falta de pruebas. Pero el Poder Judicial entiende que no hay inocentes de primera y de segunda. Si han sido absueltos, no han cometido delito. Y se basa en una sentencia del Tribunal Constitucional, dictada el pasado verano, que finiquita el sistema que empleaba hasta ese momento el Ministerio de Justicia seg¨²n el cual solo eran indemnizables las absoluciones por inexistencia de delito pero no aquellas basadas en ausencia de pruebas. No les da la raz¨®n, en cambio, en la queja por dilaciones del proceso. Se?ala que, pese a la larga instrucci¨®n, no cabe hablar de dilaciones puesto que no se constatan paralizaciones apreciables de la causa. Once jueces han desfilado desde la redada por el juzgado que instruy¨® esta causa, el de instrucci¨®n 21 de la plaza de Castilla.

El juez que abri¨® esta investigaci¨®n se ha jubilado precipitadamente por recomendaci¨®n del Poder Judicial, que le abri¨® un expediente disciplinario muy grave por su actuaci¨®n en causas diferentes a este asunto. Los mandos policiales que intervinieron directamente en esta investigaci¨®n est¨¢n jubilados o apartados del grupo 16 de la UDYCO por otras actuaciones irregulares. La cuant¨ªa de la indemnizaci¨®n que finalmente dicte el Ministerio de Justicia no ir¨¢ mucho m¨¢s all¨¢ de 25 euros por cada d¨ªa de privaci¨®n de libertad. Es el criterio que ha adoptado Justicia tras la sentencia del Constitucional que impide que se distinga entre las absoluciones por falta de pruebas y por inexistencia de delito.

Operaci¨®n Guateque

Parecida repercusi¨®n medi¨¢tica, aunque con mayor n¨²mero de detenciones e imputados, tuvo la denominada Operaci¨®n Guateque, en este caso realizada por la Guardia Civil y el Juzgado 32 de la plaza de Castilla. Nueve a?os despu¨¦s de las detenciones, un tribunal de la Audiencia de Madrid absolvi¨® a los 30 imputados que se sentaron en el banquillo. Y reproch¨® incluso ¡°mala fe¡± en la actuaci¨®n de la Guardia Civil respecto a los pinchazos telef¨®nicos, ya que la grabaci¨®n que suscit¨® las pesquisas se hizo sin autorizaci¨®n judicial, seg¨²n la sentencia.

La macrorredada de Guateque estall¨® el 14 de noviembre de 2007 y tambi¨¦n puede salirle cara al Estado, incluso mucho m¨¢s que la de Coslada. Una parte de los afectados pide m¨¢s de 60 millones al Ministerio de Justicia por la ruina de sus empresas tras precintarlas el juez y luego dejarlas en manos de un administrador judicial. En este caso, la demanda de estos seis afectados, que a¨²n sigue viva y que tambi¨¦n padecieron prisi¨®n, fue interpuesta antes de que saliese la citada sentencia del Tribunal Constitucional que obliga a indemnizar a las personas que han sufrido prisi¨®n y luego son absueltas sea o no por falta de pruebas. Es decir, el fallo del Constitucional es posterior a esta demanda, de ah¨ª que el Consejo no haya aplicado sus efectos a estos afectados, a diferencia de los damnificados del caso Coslada, que han presentado su demanda despu¨¦s.

El Poder Judicial, cuyo informe no es vinculante para el ministerio, entiende en su informe sobre Guateque que ¡°las resoluciones judiciales constituyen una carga leg¨ªtima que el ciudadano est¨¢ obligado a soportar¡±. Y que tanto las medidas cautelares de precinto de las empresas como la prisi¨®n preventiva que sufrieron los afectados pueden constituir un error judicial que debe dirimirse ante los tribunales y no por la v¨ªa de la responsabilidad patrimonial del Estado. La decisi¨®n ¨²ltima la tiene, pues, el Ministerio de Justicia y, frente a su decisi¨®n, los afectados pueden acudir a los juzgados de lo contencioso-administrativo para reclamar los m¨¢s de 60 millones que reclaman.