Una agenda para la Espa?a de hoy
La segunda oleada del coronavirus pone a prueba la sanidad y educaci¨®n y el empleo de las ayudas de la UE
Empieza un nuevo curso pol¨ªtico en Espa?a marcado por la llamada segunda oleada de la covid-19. Expertos de Agenda P¨²blica analizan para EL PA?S las distintas ¨¢reas que ser¨¢n claves durante los pr¨®ximos meses y c¨®mo se deben establecer para responder ante la pandemia.
1. Econom¨ªa ?Qu¨¦ hacer con las ayudas europeas?
Lidia Brun, economista e investigadora en macroeconom¨ªa y desigualdad en la Universidad Libre de Bruselas
El Fondo de Recuperaci¨®n es una oportunidad para que Espa?a siente las bases de un nuevo modelo de crecimiento que permita superar las deficiencias de su estructura productiva. Hay que aprovechar que la regulaci¨®n en materia de ayudas de Estado se ha relajado para impulsar una pol¨ªtica industrial que deber¨ªa tener tres ingredientes: productividad, sostenibilidad y modernizaci¨®n. Espa?a tiene un problema end¨¦mico de baja productividad que el mercado solo no soluciona. Mucho se debe a la dependencia de sectores como turismo, restauraci¨®n y servicios de consumo finalista. Es necesario diversificar hacia sectores productivos intermedios que puedan integrarse en las cadenas de valor globales, creando mecanismos de acompa?amiento p¨²blico al desarrollo industrial y de potenciamiento de sinergias entre centros de investigaci¨®n, capacitaci¨®n t¨¦cnica e innovaci¨®n empresarial. Pero tambi¨¦n hay que aprovechar mejor las potencialidades de sectores en los que Espa?a tiene ventaja comparativa y que ahora tienen un valor a?adido insuficiente, como el sector energ¨¦tico, el agr¨ªcola o el de la construcci¨®n. Espa?a deber¨ªa cubrir sus necesidades energ¨¦ticas al 100% a trav¨¦s de renovables, reduciendo su coste para una industria que necesita ser m¨¢s competitiva, aprovechar el know-how en construcci¨®n para llevar a cabo una pol¨ªtica de renovaci¨®n sostenible de edificios e infraestructura, y el agr¨ªcola para integrar procesos productivos en una econom¨ªa circular. Finalmente, es necesaria una modernizaci¨®n del sector p¨²blico que lo haga m¨¢s ¨¢gil y flexible, capaz de gastar bien el dinero que recibe y no deje fondos sin ejecutar.
Jos¨¦ Mois¨¦s Mart¨ªn, economista
Las inversiones y reformas que prepare Espa?a para su aprobaci¨®n deben ir dirigidas a dos prioridades: productividad y sostenibilidad. En t¨¦rminos de productividad, Espa?a debe incrementar notablemente el nivel de digitalizaci¨®n de las peque?as y medianas empresas, mejorar el capital humano y la cualificaci¨®n de los trabajadores, incrementar las inversiones en innovaci¨®n empresarial y la adquisici¨®n de capital inmaterial como una mejor gesti¨®n empresarial, mejor reputaci¨®n de marcas y empresas, y mayor acceso a mercados internacionales.
En materia de sostenibilidad, debemos asegurar el despliegue de tecnolog¨ªas limpias de ¨²ltima generaci¨®n, favorecer la eficiencia energ¨¦tica en edificios y empresas, mejorar la gesti¨®n del agua y el territorio, y acelerar nuestra capacidad de producci¨®n de veh¨ªculos el¨¦ctricos, instalando las infraestructuras necesarias para la viabilidad del modelo en nuestras carreteras y ciudades.
Para ello, es imprescindible establecer un plan de inversiones audaz, t¨¦cnicamente muy bien elaborado, y ajeno a los vaivenes de las l¨®gicas de reparto pol¨ªtico o territorial. Asegurar la capacidad de absorci¨®n no ser¨¢ problema si se realiza una correcta identificaci¨®n de los proyectos y se mantiene una estructura suficiente de implementaci¨®n y gesti¨®n de los mismos. El Gobierno tiene que armarse pol¨ªtica y t¨¦cnicamente para ser capaz no solo de elegir buenos proyectos, sino, lo que es m¨¢s importante, ser capaz rechazar los malos.
2. Educaci¨®n: ?volver a las aulas?
Xavier Bonal, catedr¨¢tico de Sociolog¨ªa de la Universidad Aut¨®noma de Barcelona
La vuelta presencial es imprescindible, tanto en Primaria como en Secundaria. Un trimestre de educaci¨®n ¡°en l¨ªnea¡± ha evidenciado cu¨¢n lejos est¨¢ el sistema educativo de la digitalizaci¨®n y ha agravado significativamente las desigualdades sociales de aprendizaje. Lo m¨¢s grave es que no estemos hablando de c¨®mo recuperar lo perdido, sino de c¨®mo evitar mayores p¨¦rdidas y mayores desigualdades.
Creo que las claves para la vuelta deben pasar por directrices comunes de salud p¨²blica (m¨¢s claras de lo que han sido hasta ahora) con la necesaria flexibilidad para adaptarlas a los distintos entornos. Se ha perdido un tiempo precioso para preparar espacios alternativos y poder reducir ratios. Los recursos no son por supuesto ilimitados, pero deben ser suficientes para que los centros escolares puedan innovar en las estrategias de ense?anza-aprendizaje, no solo mediante la flexibilizaci¨®n de espacios, sino tambi¨¦n de tiempos. Seis meses despu¨¦s deber¨ªamos estar centrados en lo importante y no en lo urgente.
Marga Le¨®n, profesora de Ciencia Pol¨ªtica de la Universidad Aut¨®noma de Barcelona
La discusi¨®n en torno al comienzo del curso escolar ha llegado indiscutiblemente tarde en nuestro pa¨ªs y todo apunta a que pronto estaremos en el escenario de ¡°un desastre por detr¨¢s¡±. No abrir, y sobre todo, volver a cerrar, no deber¨ªa de ser una opci¨®n despu¨¦s de m¨¢s de medio a?o de centros cerrados y con las evidencias que ya tenemos sobre la m¨¢s que deficiente alternativa a la presencialidad entre los meses de marzo a junio. Las medidas acordadas en la Conferencia Sectorial de Educaci¨®n para la apertura segura de los centros educativos quiz¨¢ tranquilice a quienes reclamaban un protocolo homog¨¦neo de actuaci¨®n. Pero con recursos claramente insuficientes, condiciones estructurales deficitarias en las escuelas p¨²blicas y la propia evoluci¨®n de la Pandemia, este acuerdo de m¨ªnimos dif¨ªcilmente ofrece las garant¨ªas necesarias. As¨ª las cosas una pregunta fundamental es c¨®mo vamos a reaccionar colectivamente cuando los positivos en las escuelas empiecen a asaltar los telediarios.
3. Sanidad ?est¨¢ el sistema preparado para una segunda ola de contagios?
Javier Padilla, m¨¦dico
Desde que la covid-19 comenz¨® a causar estragos en Espa?a, se han introducido modificaciones en el sistema sanitario que hacen que nuestra situaci¨®n de cara a sucesivas olas epid¨¦micas sea distinta. Por un lado, el n¨²mero de personas dedicadas al rastreo de contactos y, en general, a las labores de vigilancia epidemiol¨®gica, es mayor que en marzo aunque siga siendo insuficiente; adem¨¢s, los sistemas de informaci¨®n sobre los que el personal de salud p¨²blica basa sus actuaciones se han ido fortaleciendo y caminando hacia una mayor integraci¨®n a nivel del conjunto del Estado. Otro de los aspectos positivos es la proliferaci¨®n de planes de contingencia que facilitar¨¢n la reconversi¨®n de diferentes ¨¢reas de hospitalizaci¨®n convencional en ¨¢reas de cr¨ªticos en el caso de ser preciso nuevamente.
En el lado negativo, la Atenci¨®n Primaria apenas se ha reforzado y, por las din¨¢micas propias de la epidemia en nuestro pa¨ªs, parece estar recibiendo ahora el mayor impacto, siendo un nivel asistencial que atraviesa una triple crisis: la estructural (por su d¨¦ficit presupuestario desde hace d¨¦cadas), la estacional (por la coincidencia con el periodo vacacional sin personal de refuerzo) y la coyuntural (derivada del agotamiento de sus profesionales tras la primera ola y por el aumento de demanda debida a patolog¨ªas postergadas por los meses del confinamiento).
Probablemente, el sistema podr¨¢ contener mejor las pr¨®ximas oleadas, pero seguir¨¢ sin ser un sistema resiliente con capacidad de prestar la atenci¨®n habitual a la par que atiende a lo extraordinario, y eso repercutir¨¢ en que mucha gente tenga que poner en espera su atenci¨®n sanitaria, exponi¨¦ndose a un empeoramiento de su salud.
Elo¨ªsa del Pino, cient¨ªfica titular del CSIC
Los gestores del Sistema Nacional de Salud han aprendido durante la primera ola de la covid-19 pero no pueden confiarse. Ahora son conscientes de los recursos (medicamentos, instrumental, personal) que necesitan para atender una segunda ola. Conocen mejor las grandes dificultades de gesti¨®n que implica garantizar el funcionamiento seguro y eficaz de los centros sanitarios durante una pandemia. M¨¢s importante, han reparado en que es imprescindible apoyar a los dispositivos pertenecientes a otros sistemas, como el de servicios sociales (residencias, por ejemplo) y el educativo, para que puedan desarrollar su imprescindible actividad con seguridad. Probablemente esta coordinaci¨®n intersectorial tan compleja sea el reto clave al que se han enfrentado los gestores sanitarios en esta crisis.
El oto?o se presenta con la total certidumbre de que los problemas de salud se agravar¨¢n. Est¨¢ por demostrarse que la situaci¨®n epidemiol¨®gica mejore y, aunque lo hiciera, la coincidencia con la gripe puede desbordar al SNS si no se organiza bien. Adem¨¢s, si algo est¨¢ claro, es que las necesidades en salud de la ciudadan¨ªa se han incrementado mucho: los problemas que se dejaron de atender se han agravado y han aparecido otros derivados o no de este virus. La salud f¨ªsica y emocional de las personas que viven en peores condiciones y de los mayores encerrados y solos se ha deteriorado. No queda m¨¢s remedio que invertir en salud. No hacerlo ser¨ªa una negligencia imperdonable por parte de los gobiernos, lastrar¨ªa la econom¨ªa y profundizar¨ªa la brecha social.
4. Digitalizaci¨®n ?la crisis sanitaria ha permitido avanzar en el proceso de digitalizaci¨®n?
M¨®nica Melle, profesora de Econom¨ªa Financiera de la Universidad Complutense de Madrid
La covid-19 ha acelerado la transformaci¨®n digital, al alterar el modo de trabajo de las empresas. Durante los meses de confinamiento la tecnolog¨ªa permiti¨® continuar con el trabajo, la escuela, el ocio y el consumo. Seg¨²n el Banco de Espa?a (2020), el 80 % de las empresas optaron por el teletrabajo durante el estado de alarma. Cuando antes de esta pandemia tan solo un 7,5% de empleados teletrabajaban en Espa?a.
Seg¨²n el ¨ªndice DESI (?ndice de la Sociedad y Econom¨ªa Digital), que elabora la Comisi¨®n Europea, a partir de 37 indicadores relacionados con cinco dimensiones sobre conectividad, capital humano, uso de servicios de internet, integraci¨®n de la tecnolog¨ªa digital y servicios p¨²blicos digitales, en el a?o 2020 Espa?a mantiene la misma posici¨®n que ten¨ªa en 2019 (11? posici¨®n en el ranking) ligeramente por encima de la media comunitaria
Nuestro pa¨ªs sigue destacando en servicios p¨²blicos digitales, donde adem¨¢s ha mejorado su posici¨®n pasando del cuarto puesto de la clasificaci¨®n al segundo. Mantiene su buena posici¨®n en la dimensi¨®n de conectividad (posici¨®n 5). En el uso de servicios de Internet tambi¨¦n se sit¨²a por encima de la media de la UE, ocupando la posici¨®n 11 y mejorando dos posiciones respecto del a?o anterior. Pero a¨²n se sit¨²a por debajo de la media de la UE en los indicadores de integraci¨®n de la tecnolog¨ªa digital (donde pierde una posici¨®n, pasando de la 12 a la 13), y capital humano (donde mejora de la posici¨®n 17 a la 16).
El fondo de recuperaci¨®n europeo prev¨¦ movilizar inversi¨®n p¨²blica y privada para financiar este proceso de digitalizaci¨®n.
Manuel Hidalgo, profesor de Econom¨ªa Aplicada de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla
Pa¨ªses con muy diverso grado de digitalizaci¨®n o con importantes diferencias en implantaci¨®n del teletrabajo han tenido similares ca¨ªdas productivas y al contrario. Esto puede tener sentido en este momento, pues parece evidente que los principales factores que explican un diferente comportamiento econ¨®mico son el cierre econ¨®mico, principalmente de actividades comerciales y de la hosteler¨ªa, y en segundo lugar y a cierta distancia la ca¨ªda del turismo.
Esto no significa que la digitalizaci¨®n no sea importante y no vaya a resultar relevante durante esta crisis.
De hecho, en el programa que se abre ahora de reformas y de inversiones financiado y apoyado por el Next Generation EU una de las apuestas m¨¢s importantes que se har¨¢ es la digitalizaci¨®n. Adem¨¢s, no cabe duda que existe una brecha digital respecto al resto de pa¨ªses europeos. Y tampoco cabe duda que es necesario cerrar la brecha digital en otras dimensiones, como son el laboral, adem¨¢s de educativo y social, dado que es evidente que unos ciudadanos digitalizados, son unos ciudadanos que pueden acceder mejor a contenidos a trav¨¦s de las redes online, ser¨¢n ciudadanos m¨¢s resilientes laboralmente, y que por ello sufrir¨¢n menos consecuencias negativas ante posibles como los experimentados, o bien otros similares.
5. Derecho: ?cuenta la gesti¨®n de la excepcionalidad con un buen dise?o normativo en Espa?a?
Ana Carmona, catedr¨¢tica de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla
La experiencia de la gesti¨®n del estado de alarma arroja un balance no plenamente satisfactorio. La ley org¨¢nica reguladora de los estados excepcionales, aprobada en los albores del Estado auton¨®mico (1981), ha puesto en evidencia un claro desfase con respecto a las exigencias derivadas de la descentralizaci¨®n territorial del poder pol¨ªtico existente en Espa?a. La decisi¨®n de atribuir el ¡°mando ¨²nico¡± al Ministerio de Sanidad, si bien se justific¨® acertadamente como expresi¨®n de la necesidad de concentrar la capacidad de definir una l¨ªnea de actuaci¨®n com¨²n para todo el territorio, no logr¨® soslayar la realidad de un ministerio que, m¨¢s all¨¢ de la facultad de coordinaci¨®n, carece de competencias sustanciales, cuya titularidad recae en las autonom¨ªas. Es cierto que se han articulado mecanismos de colaboraci¨®n orientados a ¡°devolver¡± progresivamente el protagonismo perdido a las Comunidades (la ¡°cogobernanza¡±), pero no lo es menos que su impulso y desarrollo han dependido de la voluntad del Gobierno central. En este sentido, la pandemia ha vuelto a recordarnos la clamorosa ausencia de un foro institucional que permita la participaci¨®n auton¨®mica efectiva en la definici¨®n del inter¨¦s general y en la defensa de sus competencias.
En el actual contexto de ¡°nueva normalidad¡±, la gesti¨®n auton¨®mica de los rebrotes est¨¢ discurriendo primordialmente al amparo de lo previsto en la Ley Org¨¢nica de medidas especiales en materia de salud p¨²blica, que permite ¡°adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que est¨¦n o hayan estado en contacto con los mismos¡±, as¨ª como de ¡°las que se consideren necesarias en caso de riesgo de car¨¢cter transmisible¡±. Sobre esta base, se est¨¢n limitando libertades y derechos fundamentales de amplios colectivos de ciudadanos al margen de las exigencias constitucionales, dejando la ¨²ltima palabra a la ratificaci¨®n de los jueces de lo contencioso-administrativo y generando con ello una indudable alteraci¨®n de la seguridad jur¨ªdica.
Elisenda Malaret, catedr¨¢tica de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona
El ordenamiento jur¨ªdico espa?ol cuenta, desde la aprobaci¨®n de la Ley Org¨¢nica 3/1986 de medidas especiales en materia de salud p¨²blica, con un marco legal suficiente para que las administraciones p¨²blicas competentes (tambi¨¦n las de las Comunidades Aut¨®nomas) puedan adoptar las medidas necesarias y adecuadas para afrontar la actual situaci¨®n de emergencia de salud p¨²blica. Un dise?o normativo completado por la legislaci¨®n sectorial de salud p¨²blica que apodera espec¨ªficamente a las distintas administraciones p¨²blicas. Quiz¨¢s estas autorizaciones legales parezcan demasiado indeterminadas, sin embargo, no cabe predicar de estos preceptos legales su inconstitucionalidad por ausencia de precisi¨®n o delimitaci¨®n exacta de la actividad administrativa, pues esto es lo propio de las situaciones de excepcionalidad y emergencia, para las que no es posible predeterminar de manera abstracta y previa el tipo concreto de potestades administrativas que se ejercer¨¢n ante cada supuesto de hecho delimitado de manera precisa. En este contexto de d¨¦bil programaci¨®n ex ante, cobra especial significaci¨®n el control judicial de la administraci¨®n. Si ante los posibles peligros y riesgos para la salud p¨²blica, las leyes solo pueden contener cl¨¢usulas generales de intervenci¨®n administrativa que posibiliten actuaciones diferentes en atenci¨®n al riesgo o peligro concreto (que puede ser muy distinto seg¨²n los territorios), la efectividad de la protecci¨®n de los derechos y libertades constitucionales estriba en un denso e intenso escrutinio judicial (que excepcionalmente en este ¨¢mbito es previo), que se debe desarrollar aplicando el test de proporcionalidad en su significado m¨¢s intenso, examinando la necesidad, adecuaci¨®n y proporcionalidad de las medidas adoptadas. Si bien, ante situaciones de incertidumbre cient¨ªfica o t¨¦cnica, en contextos de significativa complejidad como sucede en el supuesto de la pandemia originada por la covid-19, a fin de delimitar efectivamente la intervenci¨®n administrativa, el juez deber¨¢ tomar en consideraci¨®n la justificaci¨®n de las medidas concretas, estas deber¨¢n fundarse en informes t¨¦cnicos rigurosos. Los tribunales, en su funci¨®n de tutela de los derechos son tambi¨¦n garantes de la experticia administrativa y de la calidad de las decisiones gubernativas.
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