El Gobierno comienza con los trámites de los indultos de los presos del ‘procés’
Justicia pide al Tribunal Supremo un informe sobre las peticiones para conceder la medida de gracia a Junqueras y sus compa?eros
El Gobierno ha empezado a tramitar este lunes las peticiones de indulto a los presos del procés. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ya anunció la semana pasada en el Congreso que su departamento iniciaría esta semana tramitación de los expedientes de indulto, uno por condenado, y fuentes jurídicas han confirmado a EL PA?S que el Ministerio ha enviado hoy al Tribunal Supremo una petición para que informe sobre la petición. La solicitud de informe al tribunal sentenciador es el primer paso en la tramitación del indulto.
Para elaborar su informe, la sala que preside Manuel Marchena deberá, a su vez, recabar un dictamen de la Fiscalía. El informe que se envíe a Justicia deberá incluir, entre otros aspectos, la parte de la condena que hayan ya cumplido los líderes independentistas, su conducta posterior a la condena y pruebas o indicios de su arrepentimiento. Este pronunciamiento del alto tribunal es preceptivo, aunque no vinculante. La decisión sobre la concesión del indulto corresponde al Gobierno, aunque normalmente el Consejo de Ministros suele atenerse a la opinión de los tribunales.
Las peticiones de indulto que tramita Justicia sobre Oriol Junqueras y sus compa?eros fueron presentadas en enero pasado por el abogado barcelonés Francesc Jufresa. La solicitud abarca a los 12 condenados, aunque cada expediente de indulto se realizará de manera individual. El departamento de Juan Carlos Campo, de quien depende el expediente, se?ala que la tramitación de este tipo de expedientes “suele superar los seis meses”.
El anuncio del Gobierno sobre la tramitación de los indultos de los presos del procés provocó la semana pasada una polvareda en el Congreso. Mientras que la portavoz JuntsxCat en el Congreso, Laura Borrás, calificó el anuncio de “bomba sorpresa”, PP, Vox y Cs cargaron contra el Gobierno y aseguraron que recurrirían a la justicia si el Ejecutivo concedía las medidas de gracia.
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