La aplicaci¨®n de una sentencia europea por primera vez evita que 31 malienses entren en un CIE

El Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 4 de Santa Cruz se ha convertido en el primero en aplicar en Espa?a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea dictada el 25 de junio pasado que permite ampliar las posibilidades de demandar asilo que, hasta ahora, ofrec¨ªa la ley espa?ola. Las consecuencias de esta decisi¨®n tienen dos efectos. Uno inmediato, dado que los 31 inmigrantes procedentes de Mal¨ª que iban a ingresar en el Centro de Internamiento Extranjeros (CIE) de Hoya Fr¨ªa, en Tenerife, evitaron su ingreso gracias a que una jueza tuvo en cuenta su voluntad de pedir asilo. En vez de ser internados, fueron trasladados a un centro acogida humanitaria en r¨¦gimen abierto, seg¨²n ha adelantado el Diario de Avisos. El segundo efecto tendr¨¢ m¨¢s calado, dado que permitir¨¢ ralentizar los procesos de devoluci¨®n y, seg¨²n la magistrada Pilar Barrado y el coordinador de la Subcomisi¨®n de Extranjer¨ªa del Colegio de Abogados de Tenerife, Roberto Garc¨ªa, que se respeten los derechos de los migrantes en los procedimientos.

Garc¨ªa, adem¨¢s, ha recalcado que la decisi¨®n de la juez fue posible gracias a la intervenci¨®n de la organizaci¨®n, que design¨® a tres letrados que informaron a los abogados de guardia sobre la sentencia del TJUE y les asistieron para que se prestase declaraci¨®n uno a uno.

El Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea reconoci¨® en junio la facultad de los jueces de instrucci¨®n para informar a los inmigrantes de la posibilidad de pedir la protecci¨®n internacional, recibir esa solicitud y dar traslado a la autoridad competente para resolverla el pasado mes de junio. Esta decisi¨®n vino motivada por una cuesti¨®n prejudicial planteada el 21 de enero de 2020 por la magistrada Pilar Barrado, en aquel entonces del Partido Judicial de San Bartolom¨¦ de Tirajana (el principal municipio tur¨ªstico de Gran Canaria), durante la instrucci¨®n del caso de un migrante de Mal¨ª.

Durante la instrucci¨®n, el Ministerio Fiscal puso en duda que Pilar Barrado fuese competente para recibir la declaraci¨®n de solicitud de la protecci¨®n internacional, lo que la llev¨® a Barrado a reclamar al TJUE su opini¨®n sobre dos Directivas comunitarias del Parlamento Europeo y del Consejo. El TJUE dio la raz¨®n a la jueza, y resolvi¨® en junio pasado que las juezas y jueces de instrucci¨®n son autoridades competentes para informar a los inmigrantes de la posibilidad de pedir la protecci¨®n internacional, recibir esa solicitud y dar traslado a la autoridad competente para resolverla.

Hasta junio pasado, esta era potestad la fuerza policial y el Ministerio Fiscal, y por lo general se hac¨ªa una vez ingresados en el CIE. Por lo general, polic¨ªa y fiscales no suelen facilitar que los migrantes accedan al asilo. ¡°Gracias a esta situaci¨®n ha quedado clara la importancia de una buena asistencia jur¨ªdica a los migrantes que llegan a las islas¡±, han explicado fuentes de la Subcomisi¨®n de Extranjer¨ªa del Colegio de Abogados de Tenerife. Espa?a deb¨ªa trasponer estas Directivas desde que fueron aprobadas en 2013 y, sin embargo, no lo ha hecho, con lo que no est¨¢ recogida en la Ley de Asilo y Refugio. Eso significa que la Directiva es de directo cumplimiento.

La aplicaci¨®n de la sentencia del TJUE facilitar¨¢ a los migrantes que puedan solicitar asilo y recibir protecci¨®n en Espa?a. Esta condici¨®n se reconoce a toda persona que est¨¦ siendo perseguida por motivos de raza, religi¨®n, nacionalidad, opiniones pol¨ªticas, pertenencia a determinado grupo social, de g¨¦nero u orientaci¨®n sexual. Entre estos supuestos no est¨¢n incluidos los econ¨®micos.

La jueza Pilar Barrado ha a?adido que permitir¨¢ adem¨¢s salvaguardar los derechos de las personas. ¡°En el sistema de migraciones existen unos derechos fundamentales b¨¢sicos que se incumplen a diario. Es una situaci¨®n vergonzosa¡±, asegura. ¡°Tenemos una ley de asilo que no recoge las directivas europeas. Las juezas y los jueces de instrucci¨®n debemos garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de todas las ciudadanas y ciudadanos, en especial de los m¨¢s vulnerables. Nuestros criterios son de legalidad y debemos garantizarla en cualquier caso".

Roberto Garc¨ªa coincide con Barrado. ¡°Estamos en un sistema en que los informes policiales no constan en los sumarios y en los expedientes de devoluci¨®n, y en la que las entrevistas individuales para escuchar al inmigrante se llevan a cabo salt¨¢ndose la legalidad¡±, explica. ¡°Todo est¨¢ mal planteado, intentamos que no se les trate a estas personas como una cosa, sino como las personas individuales¡±.

Los centros, reabiertos

La pasada semana, el Ministerio de Interior procedi¨® a la reapertura de los Centros de Internamiento de Extranjeros tras casi cinco meses cerrados por la pandemia. Este internamiento es el paso previo para la posterior expulsi¨®n de inmigrantes en situaci¨®n irregular. Esta decisi¨®n llegaba pocos d¨ªas despu¨¦s del viaje del ministro Fernando Grande-Marlaska a Mauritania, viaje que deb¨ªa servir para reforzar la importancia de un pa¨ªs que readmite a los migrantes de terceros pa¨ªses que han llegado irregularmente en Espa?a y que previamente hayan transitado o partido desde su territorio. Uno de estos centros fue, precisamente, el de Hoya Fr¨ªa, al sur de Santa Cruz de Tenerife. Los 31 inmigrantes que se han acogido a la protecci¨®n internacional iban a convertirse, de hecho, en los primeros 31 ocupantes tras la reapertura.

La pol¨ªtica de expulsi¨®n es un pilar de la pol¨ªtica migratoria espa?ola. Esta estrategia ve reforzada en un momento en el que la UE est¨¢ decidiendo el que ser¨¢ su nuevo pacto migratorio, que estar¨¢ apoyado en gran medida en el retorno forzoso de migrantes. En 2019, Espa?a consigui¨® ejecutar la expulsi¨®n y devoluci¨®n de 11.153 personas y logr¨® la readmisi¨®n por terceros pa¨ªses ¡ªespecialmente con Mauritania y Marruecos con quien mantiene ese tipo de acuerdo ¡ªde otras 850.