La reforma expr¨¦s del Poder Judicial agrava la fractura pol¨ªtica

El futuro del gobierno de los jueces se ha envenenado en manos de los pol¨ªticos, a los que compete su nombramiento y renovaci¨®n cada cinco a?os. El Ejecutivo ha respondido este martes al veto del PP, que bloquea desde hace dos a?os la renovaci¨®n del Consejo General del Poder Judicial, con una proposici¨®n de ley de sus grupos que sortea el control previo de la iniciativa ¡ªya no hay que pedir informes preceptivos al Poder Judicial, al Consejo Fiscal y al Consejo de Estado¡ª y permite su aprobaci¨®n en apenas dos meses. La oposici¨®n lleg¨® este martes a catalogar como ¡°dictatorial¡± la conducta del Gobierno.

La reforma legislativa permite aprobar la renovaci¨®n de los doce vocales jueces del Consejo por mayor¨ªa absoluta frente a los tres quintos de cada c¨¢mara que se exigen ahora. Con este simple cambio, el Gobierno se garantiza renovar la mayor¨ªa del Consejo General del Poder Judicial con los votos que permitieron la investidura de Pedro S¨¢nchez. De esta manera, cambiar¨ªa la actual mayor¨ªa absoluta conservadora vigente desde hace siete a?os. El Consejo General del Poder Judicial tiene competencias para nombrar cargos judiciales (presidentes de audiencias, tribunales superiores, Supremo y dos magistrados del Constitucional); ejerce las tareas de inspecci¨®n y disciplinaria, e informa de determinados proyectos de Ley aprobados por el Gobierno.

Cuando el Tribunal Constitucional aval¨® en 1986 la reforma que permiti¨® a los pol¨ªticos elegir a los 20 vocales del Poder Judicial, ya destac¨® que la Ley, al imponer la necesidad de los tres quintos de la c¨¢mara para el nombramiento, adoptaba ciertas cautelas para evitar un Gobierno de los jueces partidista. La iniciativa legislativa de PSOE y Unidas Podemos elimina esa cautela y el requisito de mayor¨ªas reforzadas. Adem¨¢s, lo hace por la v¨ªa m¨¢s r¨¢pida sin pasar el control de ¨®rganos constitucionales como el Poder Judicial o el Consejo de Estado.

El anuncio de la iniciativa por parte de PSOE y Unidas Podemos desat¨® la indignaci¨®n de la oposici¨®n. La portavoz popular en la C¨¢mara baja, Cuca Gamarra, lleg¨® a equiparar al presidente Pedro S¨¢nchez con un ¡°dictador¡±, aunque luego se corrigi¨® y precis¨® que se refer¨ªa a ¡°sus conductas y los mecanismos que est¨¢ impulsando¡± los que podr¨ªan considerarse ¡°dictatoriales y autoritarios al apartarse de la buena salud democr¨¢tica¡±. El PP y Vox ya han avanzado que si la proposici¨®n sale adelante, ya que cuenta de partida con 188 diputados de la mayor¨ªa que sostiene al Gobierno, la recurrir¨¢n al Constitucional y a instituciones europeas.

La derecha cuestiona, sobre todo, que este plan se haya llevado al Congreso como proposici¨®n de los grupos y no como proyecto de Ley del Gobierno, lo que implicar¨ªa que deber¨ªa de pasar por los filtros de ¨®rganos constitucionales, que deber¨ªan estudiar el texto y hacer informes sobre el mismo. Hasta I?igo Errej¨®n, de M¨¢s Madrid, cuestion¨® la f¨®rmula: ¡°Los contrapesos en el Estado limitan cuando gobiernas, pero tambi¨¦n dan garant¨ªas cuando est¨¢s en la oposici¨®n. Hay que gobernar pensando que se est¨¢ de paso. Lo estudiaremos, pero ojo que no sea peor el remedio que la enfermedad¡±.

Los portavoces del PSOE, Adriana Lastra, y de Unidas Podemos, Pablo Echenique, comparecieron por primera vez juntos para presentar la iniciativa y responder a los ataques de PP, Vox y Ciudadanos. Lastra justific¨® la necesidad de su proposici¨®n para evitar el bloqueo que el PP est¨¢ imponiendo desde hace casi dos a?os a la renovaci¨®n de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial. La vicesecretaria general del PSOE record¨® que el PP ha roto en dos ocasiones los preacuerdos alcanzados con el Gobierno para ejecutar los cambios de vocales previstos en el mandato constitucional y que deber¨ªan corresponderse con la nueva mayor¨ªa progresista en las Cortes que sali¨® de las ¨²ltimas elecciones. El propio presidente del Consejo, Carlos Lesmes, ha requerido desde hace m¨¢s de un a?o esa renovaci¨®n en cartas a las presidentas del Congreso y del Senado, sobre los vocales que le corresponden renovar a ambas c¨¢maras.

Dos cambios principales

La dirigente del PSOE explic¨® las dos medidas que cambian con la reforma (en base a art¨ªculos que ya se cambiaron en 2013 en el proyecto de ley que llev¨® al Consejo de Ministros el entonces titular de Justicia, el popular Alberto Ruiz-Gallard¨®n) y que se centran en permitir una mayor¨ªa absoluta para elegir a los 12 vocales jueces que le corresponden a las Cortes en caso de bloqueo (y no los tres quintos actuales que se requieren, en el caso del Congreso, 210 parlamentarios). La proposici¨®n de Ley tambi¨¦n limita las atribuciones del Consejo si se queda prorrogado, de manera que no puedan nombrar a altos cargos judiciales. La iniciativa no contempla revocar los nombramientos realizados durante los dos ¨²ltimos a?os por el actual Consejo General del Poder Judicial.

Lastra valor¨® que as¨ª lo que persiguen PSOE y Unidas Podemos es que el Poder Judicial pueda seguir funcionando eficazmente y no se quede bloqueado por actitudes y ¡°calculos partidistas¡± como ahora la del PP. Pablo Echenique abund¨® en esos principios enunciados por Lastra y acus¨® al PP de presumir de respetar la Constituci¨®n mientras la incumple bloqueando la renovaci¨®n del Poder Judicial: ¡°El constitucionalismo no se dice, se hace¡±.

Lastra y Echenique enfatizaron mucho que los dos partidos en el Gobierno y la mayor¨ªa parlamentaria que les respalda ¡°en el nuevo tablero pol¨ªtico¡±, con hasta 188 diputados detr¨¢s, les concede ¡°legitimidad democr¨¢tica¡± para abordar ese cambio legal, incluso por la v¨ªa m¨¢s r¨¢pida. La portavoz del PSOE calcul¨® incluso que la reforma podr¨ªa entrar en vigor en dos meses, gracias a ese proceso expr¨¦s, porque a finales de octubre se tomar¨¢ en consideraci¨®n en un pleno en el Congreso, luego se remitir¨¢ a la comisi¨®n de Justicia y a la ponencia para su debate, se llevar¨¢ al Senado y volver¨¢ ya a la C¨¢mara baja para su ratificaci¨®n final antes de las Navidades.

El PP anunci¨® que recurrir¨¢ esa propuesta en varias instancias. Su l¨ªder, Pablo Casado, lo reafirm¨® en Twitter: ¡°S¨¢nchez pretende liquidar la separaci¨®n de poderes en pleno ataque a la independencia judicial de su vicepresidente investigado. No lo permitiremos: si perpetran este atropello a la legalidad, recurriremos al Tribunal Constitucional y a las Instituciones y Tribunales Europeos¡±. La presidenta de Ciudadanos tambi¨¦n calific¨® la medida en Twitter: ¡°un mazazo sin precedentes a la Justicia¡±.