Casado plantea unas mayor¨ªas para el Poder Judicial que elimin¨® el PP en 2013

Todo sigue igual. La propuesta de reforma del Poder Judicial alternativa a la del Gobierno presentada el lunes por el PP apenas modifica el sistema vigente y Pablo Casado mantiene su rechazo a negociar la renovaci¨®n del ¨®rgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato caduc¨® hace dos a?os, si Podemos, que gobierna en coalici¨®n con el PSOE, participa en el proceso. La contrarreforma de los populares plantea recuperar la mayor¨ªa de tres quintos para todas las decisiones que tome el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), algo que elimin¨® el propio PP en una reforma legal de 2013.

¡°Podemos es un partido imputado por financiaci¨®n ilegal y no puede haber ninguna conversaci¨®n sobre renovaci¨®n de las instituciones con un partido que ataca a la jefatura del Estado y reclama pactos con los herederos de ETA y los independentistas¡±, declar¨® Casado para explicar su veto al partido de Pablo Iglesias en la negociaci¨®n de la renovaci¨®n del Poder Judicial. El juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 42 de Madrid ha citado a declarar como imputados el pr¨®ximo noviembre a varios miembros de la c¨²pula de Podemos tras recibir una denuncia de un antiguo abogado de la formaci¨®n, Jos¨¦ Manuel Calvente, que acusa al partido de financiaci¨®n irregular. El Tribunal Supremo confirm¨® la semana pasada que el PP se lucr¨® de la trama corrupta G¨¹rtel. Los populares tienen tambi¨¦n varias causas pendientes en la justicia. El a?o que viene comenzar¨¢ la vista oral por la pieza sobre los papeles del extesorero Luis B¨¢rcenas que revelan una presunta contabilidad paralela en el partido.

Pese al veto de Casado, en La Moncloa y en el PSOE conf¨ªan en que una vez pase la moci¨®n de censura de Vox contra Pedro S¨¢nchez, el PP d¨¦ m¨¢s margen para negociar la renovaci¨®n pendiente del CGPJ, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y el Consejo de RTVE, informa Jos¨¦ Marcos. ¡°Esperemos que tomen nota de la inviabilidad del discurso extremista y no vayan a remolque de la ultraderecha¡±, declar¨® el secretario de organizaci¨®n de los socialistas, Jos¨¦ Luis ?balos. En todo caso, Pedro S¨¢nchez asegur¨® la semana pasada que seguir¨¢ adelante con su proyecto de reforma de la ley ¡ªque permite renovar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial con mayor¨ªa absoluta, y no de tres quintos, como hasta ahora¡ª si el PP no cambia su postura.

La contrarreforma del Poder Judicial registrada este lunes en el Congreso por el PP presenta pocas novedades de calado sobre el meollo del conflicto para la renovaci¨®n de vocales. Estas son las claves del texto.

Sistema de mayor¨ªas. La reforma de Casado plantea ¡°la ampliaci¨®n del sistema de mayor¨ªas reforzadas de tres quintos a todas las decisiones del Consejo¡±. En realidad fue el PP el que en 2013 modific¨® la norma para que las decisiones dentro del ¨®rgano de gobierno de los jueces se tomaran por mayor¨ªa simple. Posteriormente, en 2018, bajo el Gobierno del PSOE, se modific¨® la ley para que los acuerdos de los ¨®rganos colegiados del Consejo General del Poder Judicial se adopten ¡°por mayor¨ªa absoluta de los miembros presentes, salvo cuando se trate de nombramientos de presidentes de sala y magistrados del Tribunal Supremo, presidente de la Audiencia Nacional y presidentes de los tribunales superiores de justicia, en cuyo caso se requerir¨¢ una mayor¨ªa de tres quintos de los miembros presentes¡±.

Previamente, en 2005, el PP hab¨ªa recurrido ante el Tribunal Constitucional una reforma de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial auspiciada por el Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero para elevar de mayor¨ªa absoluta a cualificada los votos necesarios para elegir, entre otros, a los presidentes de los tribunales superiores de justicia y magistrados y presidentes de Sala del Supremo, informa Reyes Rinc¨®n. En su recurso, el PP aleg¨® que esta modificaci¨®n introduc¨ªa ¡°una minori?a de bloqueo¡± en las decisiones sobre nombramientos del CGPJ, ¡°lo que supone que el reparto de los nombramientos judiciales responda a equilibrios o cuotas poli?ticas¡±. ¡°A juicio de los recurrentes, esta modificacio?n normativa vulnera en primer te?rmino el mandato constitucional de imparcialidad, independencia y sometimiento exclusivo de los jueces al imperio de la ley (art. 117 CE), porque pretende que una minori?a pueda bloquear cualquier acuerdo de la mayori?a en el seno del CGPJ si no se produce un reparto que la satisfaga¡±, recog¨ªa la sentencia dictada en 2012 por el Constitucional, que desestim¨® el recurso de los populares.

Elecci¨®n de los vocales. El PP no toca el punto segundo del art¨ªculo 567 de la ley del Poder Judicial, que establece que ¡°cada una de las C¨¢maras elegir¨¢, por mayor¨ªa de tres quintos de sus miembros, a diez vocales, cuatro entre juristas de reconocida competencia con m¨¢s de 15 a?os de ejercicio y seis correspondientes al turno judicial¡±. S¨ª modifica los siguientes, para a?adir que no podr¨¢n ser elegidos ¡°quienes hayan desempe?ado un cargo pol¨ªtico o de confianza pol¨ªtica en los diez a?os anteriores¡±. Esa premisa no tiene nada que ver con el motivo del bloqueo de la renovaci¨®n actual. La ley vigente establece que las C¨¢maras designar¨¢n tres suplentes por cada uno de los turnos por los que se puede optar a la designaci¨®n como vocal. El PP pide que sea un suplente por cada titular.

Avales para candidatos. En cuanto al sistema de designaci¨®n de vocales de origen judicial, la ley actual dice que cualquier juez en activo podr¨¢ presentar su candidatura con el aval de 25 miembros de la carrera judicial o de una asociaci¨®n de jueces y que cada uno de los jueces o asociaciones podr¨¢ avalar a un m¨¢ximo de 12 aspirantes. El PP propone una lista abierta con los nombres de todos los candidatos, que podr¨¢n presentarse con el aval de 100 miembros de la carrera judicial o el de una asociaci¨®n de jueces. Cada elector podr¨¢ marcar un m¨¢ximo de ocho nombres y cada asociaci¨®n judicial podr¨¢ avalar a un m¨¢ximo de 12.

Ministerio fiscal. El PP ha incluido en su contrarreforma del Poder Judicial una modificaci¨®n de otra ley, la del Ministerio Fiscal. Plantea que el fiscal general del Estado pueda ser recusado ¡ªla ley actual impide la recusaci¨®n de los fiscales¡ª y que no pueda ser nombrado para ese cargo alguien que haya desempe?ado un cargo pol¨ªtico de confianza en los diez a?os anteriores (lo que impedir¨ªa por ejemplo, el nombramiento de la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, exministra de Justicia). Los populares tambi¨¦n plantean en su reforma que adem¨¢s de informar en las Cortes de la memoria anual sobre su actividad, el fiscal general del Estado d¨¦ cuenta al Congreso de forma ¡°coet¨¢nea¡±.