Podemos y los nacionalistas piden que las lenguas cooficiales se puedan usar en las Cortes o en los tribunales centrales
La formaci¨®n de Pablo Iglesias quiere acabar con la ¡°imposici¨®n exclusiva del castellano¡± en la Administraci¨®n central
Unidas Podemos ya usa su nueva mayor¨ªa parlamentaria. Este jueves, mismo d¨ªa en que se han aprobado los Presupuestos, la formaci¨®n que lidera Pablo Iglesias ha registrado junto a las fuerzas nacionalistas una proposici¨®n no de leyen el Congreso para defender la ¡°igualdad ling¨¹¨ªstica¡± de Espa?a. La iniciativa, presentada junto a ERC, Bildu, PNV, Junts per Catalunya, PDeCAT, M¨¢s Pa¨ªs, Comprom¨ªs, CUP y BNG, pide ¡°poner fin a la imposici¨®n legal exclusiva del castellano en la normativa estatal¡± y acabar con las ¡°discriminaciones ling¨¹¨ªsticas¡± de las otras lenguas de Espa?a.
La propuesta persigue que se permita el uso de las diferentes lenguas en las instituciones nacionales, con independencia de su ubicaci¨®n. Entre ellas, cita el Congreso y el Senado, el Tribunal Constitucional, el Supremo y la Audiencia Nacional, la Agencia Tributaria o entidades p¨²blicas como RTVE. ¡°La defensa de los derechos de los hablantes de las distintas lenguas del Estado no es otra que la defensa de derechos fundamentales. Eso nunca es merma para los derechos de otros¡±, ha asegurado la portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, Sof¨ªa Casta?¨®n.
Los diez partidos firmantes exponen que Espa?a parte de una ¡°tradici¨®n monoling¨¹e¡± en la Administraci¨®n central y que el Estado debe ser consciente de la ¡°discriminaci¨®n¡± a las que han sido sometidos los hablantes de otras lenguas. Por ello, instan al Gobierno a trabajar para que las lenguas cooficiales ¡°gocen del mismo reconocimiento¡± que el castellano. Entre las medidas se?aladas se incluye el deber de los funcionarios en determinados territorios a conocer las lenguas cooficiales, as¨ª como su reconocimiento internacional ¡°en paridad como el castellano¡±.
Las proposiciones no de ley, que deben ser admitidas a tr¨¢mite y debatidas y votadas por el pleno del Congreso, no tienen un car¨¢cter efectivo. Se trata m¨¢s bien de una manifestaci¨®n de intenciones para marcar una posici¨®n determinada y que busca que el Gobierno act¨²e en determinada l¨ªnea.
La iniciativa se presenta en medio de la pol¨¦mica abierta hace unas semanas por la ley de educativa del Gobierno de coalici¨®n, aprobada a mediados de noviembre por el Congreso de los Diputados. La conocida como ley Cela¨¢ ha suscitado numerosas cr¨ªticas entre los partidos de la oposici¨®n, principalmente por el punto que establece que el castellano dejar¨¢ de ser la lengua vehicular en la educaci¨®n, una medida m¨¢s de forma que de fondo, porque carece de efectos pr¨¢cticos
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