La construcci¨®n del tren espa?ol en la Palestina ocupada, bajo la lupa internacional

El punto de contacto de la OCDE en Espa?a, denominado NPC, tiene sobre la mesa el proyecto de ampliaci¨®n del tren ligero o tranv¨ªa en Jerusal¨¦n Este (JLR, por sus siglas en ingl¨¦s), en el que participa la compa?¨ªa espa?ola CAF, tras la denuncia presentada por una asociaci¨®n propalestina que alega que las nuevas l¨ªneas atraviesan territorios ocupados por Israel, seg¨²n las resoluciones de la ONU.

Los dict¨¢menes del NPC no son vinculantes y es probable que la firma de Beasain (Gipuzkoa) acabe rechazando su mediaci¨®n, pero si el punto de contacto de la OCDE concluye que la obra incumple las directrices de la organizaci¨®n econ¨®mica internacional en materia de derechos humanos, la reputaci¨®n de CAF sufrir¨¢ un duro rev¨¦s.

En agosto del a?o pasado, CAF (siglas de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) y su socio israel¨ª Shapir se adjudicaron la ampliaci¨®n del tranv¨ªa de Jerusal¨¦n, un proyecto valorado en 1.800 millones de d¨®lares de los que m¨¢s de 500 corresponden a la firma vasca. La obra incluye la construcci¨®n de 27 nuevos kil¨®metros de v¨ªa y 53 estaciones.

Se trata de prolongar en 6,8 kil¨®metros la l¨ªnea ya existente, que llegar¨ªa por el norte hasta el barrio de Neve Yakov, y de construir una nueva l¨ªnea de 20,6 kil¨®metros hasta el asentamiento jud¨ªo de Gilo, en el sur. Adem¨¢s, el contrato incluye el suministro de 114 trenes ligeros y la rehabilitaci¨®n de los 46 en servicio, as¨ª como la operaci¨®n y mantenimiento de las dos l¨ªneas durante 15 a?os.

Tan pronto como se conoci¨® la adjudicaci¨®n, varias ONG y organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Amnist¨ªa Internacional, denunciaron que, en su opini¨®n, la obra consolida la ocupaci¨®n de Palestina por parte de Israel, al conectar asentamientos jud¨ªos con Jerusal¨¦n. La construcci¨®n de la l¨ªnea supondr¨¢ tambi¨¦n la incautaci¨®n forzosa de tierras palestinas y, en su caso, la expulsi¨®n de sus residentes.

El propio Comit¨¦ de Empresa de CAF en Beasain y el sindicato nacionalista LAB han pedido que se renuncie al contrato, mientras que el Gobierno vasco, accionista minoritario de la compa?¨ªa, guarda silencio. La campa?a internacional de protestas contra las obras del tranv¨ªa, que ya ha arrancado en Espa?a, Noruega o el Reino Unido, ha llegado tambi¨¦n a Jerusal¨¦n. Cinco activistas israel¨ªes del movimiento Stop the JLR fueron detenidos el martes por encaramarse a las excavadoras que allanaban el terreno en las inmediaciones de Gilo, en territorio palestino ocupado pr¨®ximo a Bel¨¦n.

El Ayuntamiento de Jerusal¨¦n ha iniciado los trabajos previos para que el proyecto pueda arrancar en las pr¨®ximas semanas. La polic¨ªa practic¨® los arrestos despu¨¦s de que las obras permanecieran paralizadas durante m¨¢s de dos horas, mientras los activistas desplegaban una pancarta que rezaba: ¡°CAF, l¨¢rgate del tren del apartheid de Israel¡±.

¡°Le recordamos a CAF que cualquier infraestructura que consolide los asentamientos viola el derecho internacional. Es mejor que se retire ahora¡±, ha advertido la activista Sarah Rosen. Los organizadores de la campa?a en Jerusal¨¦n Este, vinculados al movimiento pacifista y antiocupaci¨®n israel¨ª, alertan de que la extensi¨®n de las l¨ªneas de tranv¨ªa hasta los asentamientos m¨¢s cercanos a Jerusal¨¦n es un primer paso para prolongarlas hasta las grandes colonias jud¨ªas, como Maale Adumin (en el este) y Gush Etzion (en el suroeste). Estos proyectos discurren en paralelo a los planes de construcci¨®n de nuevas carreteras para promover que se duplique la actual poblaci¨®n israel¨ª en Cisjordania hasta llegar a cerca de un mill¨®n de habitantes en 2040.

La oferta presentada por la espa?ola CAF y la israel¨ª Shapir gan¨® el concurso al consorcio integrado por cinco compa?¨ªas de Israel, China, Portugal, Polonia y Espa?a (Comsa). Antes, se hab¨ªan retirado de la licitaci¨®n las principales empresas ferroviarias del mundo (Alstom, Siemens o Bombardier), supuestamente para no arrostrar las consecuencias de implicarse en una obra tan pol¨¦mica.

Aunque CAF siempre ha sostenido que su proyecto en Jerusal¨¦n Este solo es ¡°un contrato m¨¢s¡±, quiso cubrirse las espaldas solicitando un dictamen a un prestigioso catedr¨¢tico de Derecho Internacional, quien concluy¨® que no cabe hacer ning¨²n reproche de ilegalidad a la conducta de la empresa vasca, ya que no existe ninguna norma o mandato que le impida concurrir a la licitaci¨®n. Fuentes pr¨®ximas a la compa?¨ªa sostienen que, en el verano de 2019, remiti¨® dicho informe a la asesor¨ªa jur¨ªdica del Ministerio de Asuntos Exteriores, que le dio su visto bueno; y agregan que, en las dos reuniones que se celebraron en los meses siguientes en la Secretar¨ªa de Estado de Comercio, con participaci¨®n de varios ministerios, tampoco se puso ninguna pega al contrato.

Advertencia de vulneraci¨®n de la legalidad internacional

La versi¨®n que han dado a EL PA?S fuentes de Exteriores es diferente. O al menos pone el acento en otros aspectos. Aseguran que CAF ha sido informada de que la obra vulnera la legalidad internacional, pues se construye sobre territorios ocupados por Israel seg¨²n Naciones Unidas. Eso no quiere decir que la empresa cometa una ilegalidad, y en esto coincide con el informe del catedr¨¢tico, ya que no existe ning¨²n embargo por parte de la ONU o la UE que el contrato vulnere: la ¨²nica medida comercial adoptada hasta ahora por los Veintisiete es la obligatoriedad del etiquetado con indicaci¨®n de origen de los productos importados desde los asentamientos israel¨ªes. Nada que ver con una infraestructura. Por si acaso, el Gobierno ha avisado a CAF de que no podr¨¢ contar con avales p¨²blicos para financiar la obra, algo que la compa?¨ªa vasca no piensa solicitar.

El Gobierno tambi¨¦n ha advertido a CAF de que podr¨ªa ser incluida en la lista negra de empresas implicadas en negocios en los territorios ocupados, elaborada por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Se trata de una base de datos ampliable que por ahora incluye a 112 compa?¨ªas (94 de ellas israel¨ªes). Junto a plataformas tur¨ªsticas estadounidenses como Airbnb y TripAdvisor, en la relaci¨®n figura el gigante franc¨¦s de material ferroviario Alstom o el propio socio israel¨ª de CAF en la construcci¨®n del tren ligero, Shapir. Estar en esa lista no tiene consecuencias jur¨ªdicas inmediatas, pero no es la mejor carta de presentaci¨®n en muchos pa¨ªses.

En su reciente visita oficial a Israel, la ministra de Exteriores, Arancha Gonz¨¢lez Laya, reafirm¨® en Jerusal¨¦n ante su hom¨®logo israel¨ª, Gabi Ashkenazi, que ¡°Espa?a cree en la necesidad de dar un impulso a las negociaciones entre Israel y Palestina y en lograr una soluci¨®n construida alrededor de los dos Estados (...), bajo la gu¨ªa de las resoluciones de la ONU¡±. La ¨²ltima y m¨¢s contundente, la resoluci¨®n 2334 aprobada por el Consejo de Seguridad bajo presidencia de turno espa?ola hace ahora cuatro a?os, reafirma que ¡°el establecimiento de los asentamientos no tiene validez legal y constituye una flagrante violaci¨®n del derecho internacional y un obst¨¢culo importante para el logro (...) de una paz general, justa y duradera¡±.

Israel ha aspirado tradicionalmente a incorporar los principales asentamientos de colonos en Jerusal¨¦n Este y en las inmediaciones de la L¨ªnea Verde (la frontera anterior a 1967) con Cisjordania, donde viven unas 600.000 personas, tras un eventual acuerdo de paz mediante un intercambio de territorios con el futuro Estado palestino. En el plan presentado el pasado enero por el presidente de EE UU, Donald Trump, Israel recib¨ªa por primera vez luz verde para anexionarse hasta un 30% de Cisjordania (todos los asentamientos y el valle del Jord¨¢n), una iniciativa que el Gobierno de Netanyahu intent¨® aplicar sin ¨¦xito en julio.

Campa?as internacionales de protesta contra la ocupaci¨®n como las que secunda el movimiento propalestino Boicot, Desinversi¨®n y Sanciones (BDS) son condenadas por Israel como acciones marcadas por el antisemitismo y deslegitimadoras de la existencia misma del Estado jud¨ªo. La legislaci¨®n vigente proh¨ªbe el paso por las fronteras israel¨ªes a los extranjeros que las dirigen y a quienes se hayan pronunciado en favor de sus objetivos.