Los juzgados ya iniciaron el camino que se?ala el Supremo para investigar la gesti¨®n de la covid

La decisi¨®n del Tribunal Supremo de inadmitir las querellas presentadas contra el Gobierno por su gesti¨®n de la crisis de la covid y remitir algunas de ellas a los juzgados ordinarios, anunciada este viernes, se?ala un camino que ya se empez¨® a recorrer hace algunos meses y que da algunas pistas sobre el vuelo que puede alcanzar la iniciativa.

Residencias. El Supremo recalca que ser¨¢n los juzgados ordinarios quienes esclarezcan si los fallecimientos que se produjeron en las residencias de ancianos ¡°estuvieron asociados a decisiones pol¨ªticas, administrativas o de gesti¨®n y si son susceptibles de reproche penal¡±. Las distintas fiscal¨ªas llevan meses investig¨¢ndolo. Incluso, el ministerio p¨²blico de Madrid dijo en octubre que, en l¨ªnea general, no ve¨ªa ¡°relevancia penal¡± en la actuaci¨®n de los responsables de esos centros, aunque tambi¨¦n afirm¨® que estudiar¨ªa caso por caso. En ese sentido, un juzgado de la capital ya ha imputado por un delito de homicidio a la directora de un asilo por la muerte de una anciana con coronavirus que no fue derivada a un hospital.

Caso 8-M. La relaci¨®n entre las decisiones de las autoridades y las muertes por covid es otra de las claves. El alto tribunal rechaz¨® este viernes imputar a los miembros del Gobierno los delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave porque habr¨ªa que ¡°demostrar¡± que existe una relaci¨®n de causalidad ¡°concreta e inequ¨ªvoca¡± entre su actuaci¨®n y los fallecimientos. Es decir, ¡°demostrar que si no se hubiera ocultado informaci¨®n o se hubiera anticipado la decisi¨®n pol¨ªtica del confinamiento, se habr¨ªan impedido los da?os¡±. Una juez de Madrid ya abri¨® una investigaci¨®n en esa l¨ªnea, el caso 8-M, donde imput¨® al delegado del Gobierno de la Comunidad, Jos¨¦ Manuel Franco, y que acab¨® archivando. ¡°No tuvo un conocimiento cierto, objetivo y t¨¦cnico del riesgo que para la salud de las personas entra?aba la realizaci¨®n de manifestaciones¡±, concluy¨®.

Falta de material. El Supremo plantea que tambi¨¦n puede existir un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores por no haber facilitado a las fuerzas de seguridad o a los m¨¦dicos, entre otros colectivos, los equipos de protecci¨®n necesarios. Salvando las distancias, puesto esto es la v¨ªa penal, el propio alto tribunal ya se pronunci¨® en la contencioso-administrativa: descart¨® que el Ministerio de Sanidad hubiera permanecido ¡°inactivo¡± y subray¨® que ¡°las circunstancias fueron cr¨ªticas y que la dimensi¨®n mundial de la pandemia pudo dificultar y retrasar el abastecimiento y su mejor distribuci¨®n¡±.