La juez del ¡®caso 8-M¡¯ archiva la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid

El tsunami judicial que, seg¨²n la derecha, iba a suponer el caso 8-M ha resultado una simple marejada. Llena de ruido, eso s¨ª. Despu¨¦s de acumular m¨¢s de 3.000 folios de instrucci¨®n en tres meses; de encargar informes a la Guardia Civil y a un forense m¨¦dico; de solicitar ingente cantidad de documentaci¨®n a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de la capital, al Ministerio de Sanidad y al Centro de Coordinaci¨®n de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES); de citar a declarar a una veintena de testigos (funcionarios y promotores de manifestaciones); y de llamar como imputado al delegado del Gobierno en la regi¨®n, Jos¨¦ Manuel Franco, en medio de una gran expectaci¨®n medi¨¢tica, la magistrada Carmen Rodr¨ªguez-Medel ha decidido archivar la causa. ¡°No hay indicios suficientes de actuar delictivo en los hechos atribuidos a Franco¡±, dice el auto dictado este mismo viernes.

A lo largo de 51 p¨¢ginas, Rodr¨ªguez-Medel justifica esta ¨²ltima decisi¨®n en una causa que ha marcado la pol¨ªtica nacional en las ¨²ltimas semanas. La magistrada concluye que el delegado del Gobierno ¡°no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y t¨¦cnico del riesgo que para la salud de las personas entra?aba la realizaci¨®n de manifestaciones y concentraciones¡± en la ¨¦poca de expansi¨®n del coronavirus bajo sospecha, que incluye la marcha feminista del 8 de marzo. Adem¨¢s, remacha la juez, Franco ¡°no recibi¨® comunicaci¨®n o instrucci¨®n sanitaria sobre este particular, tampoco la recab¨® de oficio de ninguna autoridad competente en el ¨¢mbito sanitario¡± y ¡°ninguna persona f¨ªsica o jur¨ªdica, p¨²blica o privada, le inst¨® para que prohibiera o restringiera¡± estas movilizaciones.

La juez tambi¨¦n aborda en su resoluci¨®n uno de los aspectos m¨¢s llamativos de los pol¨¦micos informes de la Guardia Civil incorporados a la causa, donde los agentes arrojaban sospechas sobre la delegaci¨®n del Gobierno y llegaban a afirmar que se presion¨® a los promotores de algunas concentraciones para que las desconvocaran, mientras no se adoptaba la misma actitud con otras manifestaciones (como la del 8-M). ¡°No ha quedado indiciariamente acreditado que con dicha llamada se coaccionara a los convocantes o manifestantes a no ejercitar su derecho fundamental¡±, subraya la magistrada del Juzgado de Instrucci¨®n 51 de la capital, antes de ahondar en otro punto que levant¨® recelos en el instituto armado. Rodr¨ªguez-Medel admite que esos requerimientos del organismo dirigido por Franco no se hicieron por escrito, sino por tel¨¦fono sin dejar constancia en el correspondiente expediente administrativo. Pero este ¨²ltimo extremo ¡°era frecuente¡±, seg¨²n a?ade.

Cuando se abri¨® la causa el pasado 23 de marzo, la instructora ya reconoc¨ªa la dificultad de saber si la actitud de Franco ¡°merece reproche penal¡± debido a ¡°lo absolutamente excepcional de los hechos¡± y falta de jurisprudencia. Pese a ello, decidi¨® seguir adelante: ¡°Resulta imprescindible incoar diligencias previas y practicar las diligencias que se dir¨¢n, a fin de clarificar si estamos o no ante hechos delictivos¡±, escrib¨ªa, a la vez que lanzaba toda una bater¨ªa de preguntas que han sobrevolado siempre la investigaci¨®n: ¡°?El informe del Centro Europeo para el Control y Prevenci¨®n de Enfermedades (ECDC), [de principios de marzo y que ya llamaba a ¡°evitar¡± concentraciones], fue remitido oficialmente a Espa?a?, ?a qu¨¦ autoridades?, ?lo recepcion¨® oficialmente la delegaci¨®n del Gobierno de Madrid?, ?se le inst¨® oficialmente a prohibir estas concentraciones en base al mismo o a otro documento oficial que alertara sobre los peligros para la salud p¨²blica debido al coronavirus?; por el contrario ?se dio orden expresa al delegado del Gobierno de Madrid de no prohibirlas?¡±. ¡°Sobre estas cuestiones, todo son interrogantes¡±, apostillaba.

Desde entonces, el se¨ªsmo alrededor de este procedimiento creci¨® de forma exponencial. Mientras la Abogac¨ªa del Estado ped¨ªa el archivo ¡ªsolicitud a la que se sum¨® despu¨¦s la Fiscal¨ªa¡ª, el Ministerio del Interior entraba de lleno en la causa y avivaba los ataques de la oposici¨®n. El departamento encabezado por Fernando Grande-Marlaska decidi¨® cesar al coronel Diego P¨¦rez de los Cobos despu¨¦s de que guardias civiles bajo su mando enviaran el primer informe a la juez. El Ejecutivo justific¨® esa decisi¨®n en una supuesta ¡°p¨¦rdida de confianza¡± y en un cambio de equipos, pero un documento interno revel¨® finalmente que la salida se produjo por ¡°no informar de investigaciones¡±.

La responsabilidad de Franco

Rodr¨ªguez-Medel dedica buena parte de su auto de este viernes a destacar el rol de Franco al frente de la delegaci¨®n y ¡°el papel absolutamente relevante¡± que le otorga la ley sobre las concentraciones convocadas en la Comunidad. ¡°Proteger TODOS los derechos y libertades que puedan verse afectados¡±, destaca ¡ªlas may¨²sculas son suyas¡ª. ¡°Toma una decisi¨®n administrativa que tiene impacto en derechos fundamentales¡±, apostilla en un escrito donde resalta que, durante todo el periodo bajo sospecha, solo impidi¨® una movilizaci¨®n junto a la vivienda del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. Y deja varios dardos: ¡°Los expedientes siguen un proceso muy automatizado que no se adec¨²a a la importancia de la materia que se ventila¡± o ¡°no consta que por parte de los empleados p¨²blicos de Delegaci¨®n existiera una especial diligencia a la hora de informarse t¨¦cnicamente sobre los riesgos para la salud p¨²blica derivados de la Covid-19 como consecuencia de la proximidad f¨ªsica inherente¡± a las movilizaciones.

¡°Por raz¨®n del riesgo sanitario, Franco ni prohibi¨® ninguna concentraci¨®n o manifestaci¨®n, ni adopt¨® medida alguna de prevenci¨®n del contagio (por ejemplo, que se respetara una determinada distancia, que se portaran guantes, mascarillas u otra medida)¡±, prosigue la magistrada. En esa l¨ªnea ya se pronunci¨® el propio delegado el pasado mi¨¦rcoles, cuando compareci¨® como imputado ante ella: ¡°No hab¨ªa en aquel momento ning¨²n elemento que me llevase a prohibir un derecho fundamental como es el derecho a manifestaci¨®n¡±. ¡°Tampoco ninguna autoridad sanitaria le alert¨® del riesgo, ni de la Comunidad Aut¨®noma ni del Ministerio¡±, recuerda Rodr¨ªguez-Medel.

El informe forense

Los informes del forense tambi¨¦n salen a colaci¨®n en este escrito de la instructora. Bas¨¢ndose en ellos, la juez concluye que, ¡°desde un punto de vista m¨¦dico, no puede acreditarse la relaci¨®n causa-efecto¡± entre asistir a las movilizaciones y haberse contagiado. Pero aprovecha para a?adir: ¡°La aglomeraci¨®n de personas supone incrementar el riesgo para la salud p¨²blica, pues las posibilidades de contagio de la covid-19 aumentan de no respetarse unas distancias m¨ªnimas¡±. Rodr¨ªguez-Medel rechaza, a su vez, la petici¨®n de la Abogac¨ªa del Estado de archivar definitivamente el caso y solo lo cierra de forma provisional, dejando la puerta abierta a que pueda reactivarse si se recibiera alguna informaci¨®n relevante.

Tras conocerse el archivo, el delegado ha dejado un mensaje en su cuenta de Twitter: ¡°Agradezco enormemente el apoyo y cari?o recibido. Siempre he intentado trabajar respetando la ley y con el ¨²nico objetivo de velar por cada ciudadana y ciudadano. Seguir¨¦ trabajando as¨ª desde la Delegaci¨®n del Gobierno y desde el PSOE. Gracias, de verdad¡±. Estas palabras se producen despu¨¦s de que la Abogac¨ªa del Estado reprochase a la juez la ¡°celeridad¡± con la que avanzaba la instrucci¨®n, a lo que la magistrada respondi¨® este viernes en su auto: ¡°Someter a cualquier investigado al proceso de investigaci¨®n durante un periodo prolongado de tiempo nos parece tan indeseable como inadmitir a tr¨¢mite la denuncia y no indagar para esclarecer si los hechos denunciados tienen o no entidad penal¡±.