El juez interrogar¨¢ en un mes a 57 imputados y testigos para impulsar el ¡®caso P¨²nica¡¯

Hay antiguos alcaldes y concejales del PP, asesores, ex altos cargos, un exdiputado auton¨®mico y empresarios. El juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n interrogar¨¢, entre el 18 de enero y el 22 de febrero, a 24 imputados, 31 testigos y dos peritos para impulsar la investigaci¨®n del caso P¨²nica de corrupci¨®n. La causa, que debe estar concluida en julio de 2021, cumple seis a?os y medio y hasta ahora solo ha sido juzgada una de las doce piezas en las que est¨¢ dividida.

Entre los llamados a declarar como imputados est¨¢n los exalcaldes del PP Ana Kringe (Denia), Juan Antonio Bataller (Castell¨®n), Juan Carlos Boza (Valdemoro) y Narciso de Fox¨¢ (Majadahonda), y el exdiputado en las Cortes Valencianas V¨ªctor Soler Beneyto. Todos ellos lo har¨¢n en la pieza separada n¨²mero 10, en la que se investiga el supuesto desv¨ªo de fondos p¨²blicos para pagar trabajos de mejora de la imagen en Internet de cargos p¨²blicos del partido conservador en ayuntamientos y consejer¨ªas de Madrid y la Comunidad Valenciana. Por estos hechos tambi¨¦n declarar¨¢n Claudio Jos¨¦ Reig, jefe de gabinete de la exalcaldesa de Denia, y la directora de comunicaci¨®n del ayuntamiento de Alcobendas, Mar¨ªa Teresa Alonso-Majagranzas, as¨ª como Abel Linares, vinculado a una de las empresas de Alejandro de Pedro, el experto inform¨¢tico de la trama que realiz¨® los trabajos.

En esta pieza han declarado ya como investigados en las ¨²ltimas semanas Pablo Balb¨ªn, actual director de gabinete de la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy; y los exalcaldes de Coslada Ra¨²l L¨®pez Vaquero y de Alcobendas Ignacio Garc¨ªa de Vinuesa. Este ¨²ltimo dimiti¨® en noviembre como comisionado de V¨ªctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid tras su imputaci¨®n. En la mayor¨ªa de los casos se les imputan delitos de fraude, malversaci¨®n, falsificaci¨®n de documentos y tr¨¢fico de influencias.

El juez tambi¨¦n ha citado como investigados a dos ex altos cargos de la Comunidad de Madrid: ?lvaro de Arenzana y Miguel ?ngel Valdepe?as. El primero fue, entre 2005 y 2011, gerente adjunto del Instituto Madrile?o de Desarrollo (Imade), un organismo ya desaparecido dependiente de la Consejer¨ªa de Econom¨ªa que supuestamente fue utilizado para desviar fondos p¨²blicos para la caja b del PP de Madrid con la que se financi¨® parte de las campa?as electorales que gan¨® Esperanza Aguirre. Valdepe?as, que lleg¨® a ser viceconsejero de Medio Ambiente, ser¨¢ interrogado por los contratos que el ayuntamiento de Ciempozuelos (Madrid) adjudic¨® a Waiter Music, una empresa de organizaci¨®n de festejos investigada por la financiaci¨®n irregular del PP.

Tambi¨¦n declarar¨¢n el constructor David Marjaliza, cabecilla confeso de la trama y que desde 2015 colabora con la justicia, y el empresario Jos¨¦ Luis Capita. Ambos eran socios en la mercantil Vancouver que, a su vez, es accionista principal de la constructora Obrum, implicada en el presunto cobro de millonarias comisiones en las obras del Metro de Madrid y su posterior desvi¨® al presunto l¨ªder de la trama, el exconsejero madrile?o Francisco Granados. En el caso de Capita, el juez investiga tambi¨¦n el hallazgo de una cuenta en Suiza a su nombre con cerca de 700.000 euros. Otros dos accionistas, Javier Aldavert Pi?ol y Antonio Mart¨ªn Jim¨¦nez, tambi¨¦n deber¨¢n comparecer como investigados.

El juez tambi¨¦n quiere impulsar la pieza n¨²mero 11, cuyo epicentro es Alfedel SL, una sociedad que ofrec¨ªa sus servicios a cooperativas de profesores para facilitarles la construcci¨®n en suelo p¨²blico de colegios concertados, principalmente en Madrid. La trama se embols¨® supuestamente 19 millones euros por estos ama?os. Por estos hechos declarar¨¢n el propietario de la empresa, Alfonso Ferr¨®n, y el financiero de la misma, ?ngel Bravo, adem¨¢s de una larga lista de testigos.

Finalmente, acudir¨¢n Javier Cid Sicluna ¡ªhermano de un implicado en la trama, el constructor Ramiro Cid¡ª y el exjefe de la asesor¨ªa jur¨ªdica del El Corte Ingl¨¦s Faustino Jos¨¦ Soriano. En su caso, por las supuestas irregularidades en una operaci¨®n urban¨ªstica ejecutada entre 2001 y 2006 en Valdemoro (Madrid) con terrenos propiedad del grupo empresarial. En esta operaci¨®n, la trama presuntamente se embols¨® 60 millones de euros.