La eliminaci¨®n de los aforamientos vuelve a su limbo

Todos los partidos han defendido alguna vez eliminar los aforamientos de los pol¨ªticos, pero nunca se ha avanzado en este aspecto. Las iniciativas de unos y otros, desde la del exministro del Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n (PP), en 2014, hasta la del presidente del Gobierno, Pedro S¨¢nchez, en 2018, se evaporaron sin avances. La pandemia que lo arrasa todo desde marzo se ha llevado por delante tambi¨¦n las prioridades pre-coronavirus. En las campa?as electorales de 2019, S¨¢nchez pon¨ªa el acento en la necesidad de avanzar en la regeneraci¨®n democr¨¢tica, pero un a?o despu¨¦s del comienzo de la legislatura nada se sabe sobre ese compromiso.

¡°Reformaremos la Constituci¨®n para limitar los aforamientos pol¨ªticos, limit¨¢ndolos al ejercicio de la funci¨®n por parte del cargo p¨²blico¡±, dice el acuerdo de coalici¨®n del PSOE y Unidas Podemos firmado hace un a?o. La pregunta en ambas partes del Ejecutivo sobre el estado actual de esa promesa suena, sin embargo, a una salida del guion en medio de la que est¨¢ cayendo. No hay avances. Como si lo que era de m¨¢xima urgencia en el ¨²ltimo trimestre de 2018, cuando S¨¢nchez lleg¨® a anunciar una reforma expr¨¦s de 60 d¨ªas para acotar el ingente n¨²mero de aforados en Espa?a, no lo fuera dos a?os despu¨¦s.

No existe un pa¨ªs en el que tantas personas gocen de este privilegio, que se estim¨® en unas 250.000 en 2018. La mayor¨ªa son miembros de los cuerpos de seguridad del Estado (unos 232.000), a los que las iniciativas planteadas no afectar¨ªan. A nivel pol¨ªtico el aforamiento es una prerrogativa constitucional por la que las causas penales de diputados, senadores y miembros del Gobierno son investigadas y juzgadas en el Tribunal Supremo y no en los tribunales ordinarios. Pero no solo ellos. Habr¨ªa que sumar a los parlamentarios y miembros de los gobiernos regionales, aforados a trav¨¦s de sus estatutos de autonom¨ªa, a los jueces y fiscales y tambi¨¦n a los Reyes, a los Monarcas em¨¦ritos y a la Princesa de Asturias, aforados a trav¨¦s de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial.

Las comunidades aut¨®nomas son las que han tomado la delantera. Canarias fue la primera en eliminar esta figura de su Estatuto de autonom¨ªa en 2018. En la pasada legislatura, tambi¨¦n Murcia, Cantabria y Baleares iniciaron los tr¨¢mites para reformar los suyos y eliminar los aforamientos, pero la convocatoria de elecciones en febrero de 2019 paraliz¨® los planes antes de su aprobaci¨®n por el Congreso y el Senado. El nuevo curso pol¨ªtico volvi¨® a impulsar la tramitaci¨®n. En el caso de Cantabria y Murcia ya est¨¢ en manos del Senado. En ambos casos, la inestabilidad pol¨ªtica en la administraci¨®n central lastr¨® unos planes de reforma que comenzaron en el a?o 2017.

El pasado octubre, Ciudadanos introdujo una moci¨®n en el Senado para retirar este privilegio a m¨¢s de 2.000 cargos p¨²blicos. Tanto el PP como el PSOE votaron en contra. Los senadores socialistas defendieron que el Gobierno s¨ª quiere quitar los aforamientos, pero solo para los delitos cometidos fuera del ejercicio del cargo, algo que en Cs consideran una ¡°tomadura de pelo¡±. El PP asegur¨® que ¡°no es el momento de reformar la Constituci¨®n, sino de ponerla en valor y defenderla¡± frente a los socios del Ejecutivo.

El Gobierno de coalici¨®n obvia as¨ª un tema complejo, en el que m¨¢s all¨¢ de verbalizar la necesidad de acabar con una anomal¨ªa democr¨¢tica nunca se ha visto ni un atisbo de acuerdo entre las distintas fuerzas pol¨ªticas. Dos meses despu¨¦s de que S¨¢nchez anunciara la reforma expr¨¦s en 2018 no se hab¨ªa avanzado nada y ning¨²n partido hab¨ªa ofrecido su apoyo parlamentario. Esta reforma de la Constituci¨®n necesitar¨ªa una mayor¨ªa de tres quintas partes del Congreso y del Senado.

Unidas Podemos tambi¨¦n se desvincul¨® entonces de la propuesta del PSOE por considerar que deb¨ªa acabar tambi¨¦n con la condici¨®n de aforado del rey em¨¦rito y que deb¨ªa hacerse a trav¨¦s de un refer¨¦ndum. En virtud de lo firmado en el acuerdo de Gobierno con el PSOE, hoy s¨ª estar¨ªan de acuerdo en la f¨®rmula socialista. Eso, si alg¨²n d¨ªa se deciden a ponerla en marcha.