La prometida reforma expr¨¦s para acotar los aforamientos est¨¢ parada
El presidente S¨¢nchez avanz¨® que ese cambio constitucional se podr¨ªa acelerar en 60 d¨ªas, pero 50 jornadas despu¨¦s nada se sabe
Pedro S¨¢nchez prometi¨® el pasado septiembre que, en un plazo de 60 d¨ªas, implementar¨ªa una reforma expr¨¦s de la Constituci¨®n para acotar el enorme cupo de aforamientos en Espa?a. Pero esa medida, que el presidente del Gobierno anunci¨® en un acto pol¨ªtico montado en la Casa de Am¨¦rica para promocionar sus primeros cien d¨ªas en La Moncloa, se encuentra totalmente parada.
En plena refriega de casos pol¨¦micos que afectaban a su Ejecutivo, Pedro S¨¢nchez avanz¨® una promesa de la que apenas?se han dado pasos en los 50 d¨ªas transcurridos para llevarla adelante. Solo se han encargado dos estudios que demorar¨¢n su soluci¨®n. Y los partidos de la oposici¨®n denuncian que es otra "promesa publicitaria muerta".
Esto implica que la popular Mar¨ªa Dolores de Cospedal, como no ha querido renunciar a su esca?o y mantiene su acta de diputada en el Congreso, seguir¨¢ estando aforada y solo podr¨ªa ser investigada si lo autoriza la C¨¢mara por el Tribunal Supremo.
El presidente, Pedro S¨¢nchez, asegur¨® aquella ma?ana de septiembre que iba a plantear una reforma expr¨¦s de la Constituci¨®n en dos meses para "eliminar" el aforamiento de los pol¨ªticos. Luego, a lo largo de aquel mismo d¨ªa, La Moncloa tuvo que precisar que d¨®nde el presidente hab¨ªa dicho eliminar quer¨ªa decir acotar, porque los aforamientos se tendr¨ªan que mantener para los delitos cometidos por los aforados "en el ejercicio estricto de su cargo" y se retirar¨ªa para los dem¨¢s casos. La mayor¨ªa de los esc¨¢ndalos de los ¨²ltimos a?os han sido por delitos cometidos por pol¨ªticos corruptos en el ejercicio de sus cargos.
El debate sobre los aforamientos ¡ªhay 250.000 personas que gozan de ese privilegio en Espa?a, un r¨¦cord europeo, aunque en realidad 232.000 no son pol¨ªticos, sino guardias civiles y polic¨ªas nacionales y auton¨®micos¡ª viene de lejos. Se trata de una protecci¨®n que hace que diputados, senadores y miembros del Gobierno (unos 600 cargos) solo puedan ser investigados y juzgados por el Tribunal Supremo ante cualquier presunto delito cometido. En el caso de los diputados y gobernantes auton¨®micos, el aforamiento les lleva a los tribunales superiores de esa comunidad, compuestos en su mayor¨ªa por jueces que llegaron ah¨ª a propuesta de ¨®rganos con fuerte influencia pol¨ªtica: por eso existe el recelo de que estos tribunales sean, con excepciones, m¨¢s suaves que otros con los posibles delitos de los pol¨ªticos.
El Gobierno de S¨¢nchez pareci¨® encarar esta reforma con cierto ¨ªmpetu y de hecho llev¨® el anteproyecto de ley el viernes siguiente al Consejo de Ministros. Luego se encarg¨® un trabajo espec¨ªfico para valorar el alcance de esa medida al Consejo de Estado, que es el ¨®rgano consultivo del Ejecutivo, y del que nunca m¨¢s se supo. Por su parte, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, tambi¨¦n encomend¨® otro trabajo similar para "racionalizar" ese privilegio a la Secci¨®n Procesal de la Comisi¨®n General de Codificaci¨®n, seg¨²n revel¨® ella misma en una respuesta a una interpelaci¨®n de Ciudadanos, que reclamaba la supresi¨®n de todos los aforamientos. De ese trabajo tampoco se sabe nada.
El Gobierno lo que s¨ª avanz¨® entonces es que descartaba eliminar por completo los aforamientos porque cre¨ªa que, tanto los miembros del Ejecutivo como los diputados, senadores, jueces y fiscales, que tambi¨¦n se podr¨ªan ver afectados por la reforma, ten¨ªan que mantener alguna protecci¨®n para frenar la oleada de querellas a las que, si no existiese, tendr¨ªan que someterse por sus decisiones.
Si Pedro S¨¢nchez hizo aquella promesa un lunes, el martes de aquella misma semana estaba previsto el debate y finalmente la aprobaci¨®n de una proposici¨®n no de ley de Ciudadanos para promover esa reforma constitucional y lograr suprimir todos los aforamientos en tres meses y, al mismo tiempo, para instar a los Parlamentos aut¨®nomos a cambiar sus estatutos para hacer lo mismo en sus ¨¢mbitos. La moci¨®n sali¨® adelante con los votos de Ciudadanos, PSOE y PP, con un total de 253 votos a favor y frente a 87 abstenciones, aunque los partidos expresaron diferentes matices en aquel debate.
Esta reforma de la Constituci¨®n necesitar¨ªa una mayor¨ªa de tres quintas partes del Congreso y del Senado, lo que supone una mayor¨ªa cualificada que se lograr¨ªa con los esca?os del PP, PSOE y Ciudadanos.
Fuentes socialistas admiten que, desde entonces, no se ha avanzado nada sobre aquella propuesta. Lo justifican en que se est¨¢ a la espera de los informes t¨¦cnicos encargados. Otras fuentes del PSOE admiten que una reforma tan relevante y simb¨®lica de la Constituci¨®n no es f¨¢cil ni sencillo ejecutarla en 60 d¨ªas, como entonces dijo S¨¢nchez. Sobre todo, cuando entre los propios impulsores hay diferencias de alcance notables. En el PSOE valoran, eso s¨ª, que algunos Parlamentos aut¨®nomos ¡ªse?alan en concreto a Canarias, Murcia y Cantabria¡ª hayan decidido ir en este caso por delante de las Cortes nacionales y est¨¦n ya discutiendo esas reformas para quitar esos derechos a sus diputados regionales.
Desde Ciudadanos, que fue el partido que m¨¢s apost¨® por la retirada de los aforamientos, se ha lamentado que aquella promesa de S¨¢nchez est¨¦ ahora bloqueada. "Aquella promesa est¨¢ tan muerta como muchos otros titulares pensados solo para los medios del presidente S¨¢nchez", se queja Jos¨¦ Manuel Villegas, secretario general de la formaci¨®n naranja.
Beneficios del aforamiento
El aforamiento es una prerrogativa por la cual las causas penales de diputados, senadores y miembros del Gobierno son investigadas y, llegado el caso, juzgadas por el Tribunal Supremo y no por los tribunales ordinarios como les ocurre al resto de ciudadanos. Espa?a es el pa¨ªs europeo que tiene m¨¢s extendida esta figura. La mayor¨ªa de Estados de la UE no la contemplan para sus parlamentarios ¡ªsolo para los miembros de los Gobiernos¡ª y Alemania carece de ella.
Este privilegio procesal se ha extendido, con el paso del tiempo, a los parlamentarios y Gobiernos auton¨®micos a trav¨¦s de los diferentes Estatutos, as¨ª como a jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad. En abril de 2017, Murcia se convirti¨® en la primera comunidad que suprim¨ªa los aforamientos.
De los 250.000 aforados (en distintos grados) que existen en Espa?a, algo m¨¢s de 232.000 son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o cuerpos auton¨®micos, seg¨²n los datos que ofreci¨® el presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, en una comparecencia en marzo de 2017 en la Comisi¨®n de Justicia del Congreso. Otros cinco son miembros de la Familia Real y el resto (17.603) pertenecen a instituciones del Estado y de las comunidades.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
Sobre la firma
Archivado En
- Aforamiento
- Pedro S¨¢nchez
- Consejo de Estado
- Inmunidad judicial
- Tribunal superior
- Ciudadanos
- Dolores Delgado
- PSOE
- Tribunales
- PP
- Congreso Diputados
- Poder judicial
- Parlamento
- Derecho
- Partidos pol¨ªticos
- Proceso judicial
- Justicia
- Gobierno de Espa?a
- Presidencia Gobierno
- Gobierno
- Administraci¨®n Estado
- Administraci¨®n p¨²blica
- Pol¨ªtica