El Gobierno defiende en Europa el archivo de la investigaci¨®n del ¡®caso Couso¡¯

El caso Couso ha llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), donde el Gobierno de Pedro S¨¢nchez ha solicitado que se rechace la demanda presentada por la familia de Jos¨¦ Couso, el c¨¢mara de Telecinco asesinado por militares estadounidenses en 2003 durante la guerra de Irak. En un escrito del pasado 2 de diciembre, la Abogac¨ªa del Estado, que depende jer¨¢rquicamente del Ejecutivo, defiende que Espa?a no vulner¨® el Convenio Europeo al archivar, tras 11 a?os de instrucci¨®n, la investigaci¨®n del asesinato del periodista abierta en la Audiencia Nacional. En ese momento, ya se hab¨ªa procesado a tres militares estadounidenses y se tuvo que dar carpetazo a ra¨ªz de la reforma impulsada por el PP para restringir la justicia universal.

¡°No ha existido violaci¨®n alguna del Convenio Europeo de Derechos Humanos por parte del Reino de Espa?a¡±, subraya el documento, al que ha tenido acceso EL PA?S y elaborado por la Subdirecci¨®n General de Constitucional y Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia. A lo largo de 59 p¨¢ginas, donde se da respuesta a una serie de preguntas planteadas por el TEDH, se defiende que Espa?a inici¨® una ¡°investigaci¨®n judicial plena¡± mientras la legislaci¨®n interna lo permit¨ªa. Y que solo se archiv¨® tras entrar en vigor el recorte aprobado por la mayor¨ªa absoluta del PP y tras analizarse si ¡°hab¨ªa deca¨ªdo la competencia de los ¨®rganos jurisdiccionales espa?oles para imponer una condena in absentia [en ausencia] de los presuntos responsables¡±. Pero la familia Couso denuncia que esa maniobra impidi¨®, precisamente, continuar investigando un crimen de guerra.

La modificaci¨®n aprobada por el Gobierno de Rajoy en 2014, que respald¨® posteriormente el Tribunal Constitucional, fij¨® como requisito para investigar estos delitos que el ¡°procedimiento se dirija contra un espa?ol o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en Espa?a, o contra un extranjero que se encontrara en Espa?a y cuya extradici¨®n hubiera sido denegada por las autoridades espa?olas¡±. ¡°Algo que no sucede en el caso que ahora se examina, en el que los presuntos responsables no se encuentran en Espa?a¡±, apunta la Abogac¨ªa en su escrito, donde a?ade que Espa?a carece de jurisdicci¨®n ¡°por tratarse de hechos cometidos fuera de su territorio, en el que no ejerc¨ªa un control efectivo, y por agentes de un tercer Estado¡±.

El 8 de abril de 2003, un proyectil de 120 mil¨ªmetros impact¨® contra el hotel Palestina (Bagdad, Iraq) y mat¨® al reportero Jos¨¦ Couso. Un teniente coronel, un capit¨¢n y un sargento de EE UU fueron quienes presuntamente ordenaron, autorizaron y ejecutaron el disparo contra el establecimiento donde se alojaba la prensa internacional durante la guerra de Irak. ¡°Actuaron en el seno de un conflicto internacional armado en curso¡±, dice el escrito del Gobierno, donde aprovecha para ¡°precisar¡± que Espa?a ¡°no era combatiente en dicho conflicto y ni siquiera ten¨ªa personal diplom¨¢tico en la zona¡±.

El juez Santiago Pedraz, que instruy¨® el caso en la Audiencia Nacional, lleg¨® a procesar a los tres, pero se vio obligado posteriormente a archivarlo. ¡°El flexo no podr¨¢ mantenerse encendido¡±, afirm¨® el magistrado, que denunci¨® que el cambio normativo del PP ¡°impide la persecuci¨®n de cualquier crimen de guerra cometido contra un espa?ol, salvo en el dif¨ªcil supuesto de que los presuntos responsables se hayan refugiado en Espa?a¡±.

¡°Espacio de impunidad¡±

El escrito de la Abogac¨ªa tambi¨¦n incide en que ¡°no existe un consenso entre los Estados miembros del Consejo de Europa¡± sobre c¨®mo tiene que ser el sistema de jurisdicci¨®n universal y, por tanto, Espa?a puede desarrollarlo internamente como considere oportuno. Pero la familia Couso, a trav¨¦s su abogado Eduardo G¨®mez Cuadrado, rechaza todas estas tesis del Gobierno.

En un escrito remitido tambi¨¦n al TEDH, la familia denuncia que la reforma legislativa de 2014 ¡°elimina la posibilidad¡± de que los presuntos autores sean sometidos a juicio, ¡°a¨²n existiendo un auto de procesamiento contra ellos¡± y ¡°con independencia del resultado de la vista oral¡±. ¡°Si Estados unidos decide no entregar a sus militares para ser juzgados por cr¨ªmenes de guerra, es dicho pa¨ªs el que genera un espacio de impunidad internacional. Pero si es un pa¨ªs de la UE el que legisla para que no sea posible ni tan siquiera solicitar la extradici¨®n, entonces es ese pa¨ªs europeo, en este caso Espa?a, el que genera ese espacio de impunidad¡±, apostilla.

¡°Lo que se est¨¢ reclamando es el derecho a que los procesados sean llamados o buscados para ser enjuiciados, no que sean condenados¡±, prosigue la familia del periodista, que recalca que ¡°el demandante no debe soportar las consecuencias negativas de la aplicaci¨®n de nuevos requisitos legales de admisibilidad en un procedimiento ya en curso¡±. Es decir, existen unas reglas de juego que, cuando se acude a los tribunales, se espera ¡°que no cambien en detrimento de un derecho adquirido¡±.

Estrasburgo deber¨¢ ahora estudiar todos estos argumentos y pronunciarse sobre el archivo de la causa penal. Lo har¨¢ despu¨¦s de que la Audiencia Nacional, por la v¨ªa contencioso-administrativa, condenase al Estado a indemnizar con cerca de 182.000 euros a la viuda y dos hijos del periodista por no haberles prestado ayuda diplom¨¢tica para que EE UU ¡°reparara el da?o causado¡±. En una sentencia de diciembre de 2019, este ¨®rgano consider¨® que la Administraci¨®n espa?ola abandon¨® a la familia del periodista y ¡°se limit¨® a recibir y aceptar las explicaciones ofrecidas por Estados Unidos¡±. El Gobierno espa?ol ha recurrido tambi¨¦n este fallo al Supremo.