El Tribunal de Estrasburgo condena a Espa?a por no investigar a fondo si la polic¨ªa tortur¨® a un miembro de Ekin

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado este martes a Espa?a a indemnizar con 20.000 euros a ??igo Gonz¨¢lez Etayo, antiguo miembro de Ekin ¡ªorganizaci¨®n del entorno de ETA ilegalizada en 2001¡ª por considerar que no se investig¨® suficientemente la denuncia en la que aseguraba que hab¨ªa sufrido torturas estando bajo custodia policial cuando fue detenido en enero de 2011. Gonz¨¢lez Etayo, que en 2016 fue condenado por la Audiencia Nacional a dos a?os de c¨¢rcel por pertenencia a organizaci¨®n terrorista ¡ªaunque finalmente se convirtieron en libertad vigilada tras su renuncia expresa al uso de la violencia¡ª, acudi¨® al Tribunal de Estrasburgo el 6 de marzo de 2017 alegando una violaci¨®n del art¨ªculo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el cual establece que ¡°nadie podr¨¢ ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes¡±.

La corte de Estrasburgo ha considerado que, ¡°dada la ausencia de una investigaci¨®n profunda y efectiva sobre las denuncias del demandante de que hab¨ªa sido maltratado durante su detenci¨®n incomunicada¡±, ¡°se ha producido una violaci¨®n del art¨ªculo 3 de la Convenci¨®n en su aspecto procedimental¡± y, en consecuencia, ha condenado a Espa?a a pagar 20.000 euros a Gonz¨¢lez Etayo en concepto de ¡°da?o moral¡±. El demandante reclamaba 25.000 euros.

Este ¡°aspecto procedimental¡± implica, seg¨²n explica el propio tribunal, que cuando alguien denuncia haber sufrido torturas a manos de agentes del Estado las autoridades nacionales tienen la obligaci¨®n de llevar a cabo una ¡°investigaci¨®n oficial efectiva¡±, incluyendo ¡°la identificaci¨®n y, si es necesaria, la sanci¨®n de los responsables¡±. De lo contrario, ha indicado, la prohibici¨®n de la tortura ¡°ser¨ªa ineficaz en la pr¨¢ctica¡± porque se permitir¨ªa una ¡°impunidad virtual¡± de los torturadores.

No obstante, el tribunal ha desestimado la parte de la demanda de Gonz¨¢lez Etayo en la que alegaba que se hab¨ªa producido una ¡°violaci¨®n material¡± del art¨ªculo 3 de la Convenci¨®n, es decir, que efectivamente hab¨ªa sufrido torturas. En este caso, el tribunal se ha remitido a una sentencia anterior (la de Beortegui Mart¨ªnez contra Espa?a) en la que determin¨® que no ten¨ªa elementos suficientes para valorarlo. Asimismo, ha subrayado que, de haber sido as¨ª, se ha planteado demasiado tarde.

Ante el juzgado de Grande-Marlaska

Gonz¨¢lez Etayo fue detenido en enero de 2011 en Pamplona y, una vez trasladado a Madrid, fue puesto a disposici¨®n del Juzgado Central de Instrucci¨®n 3 de la Audiencia Nacional, dirigido entonces por el hoy ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El detenido manifest¨® en la sede judicial que los d¨ªas 18 y 19 de enero hab¨ªa sido ¡°maltratado¡± mientras estaba detenido en r¨¦gimen de incomunicaci¨®n, a pesar de que anteriormente lo hab¨ªa negado ante el m¨¦dico forense.

Seg¨²n su relato, agentes de la Guardia Civil le obligaron a hacer flexiones con la cabeza cubierta con una bolsa de pl¨¢stico, lo que le habr¨ªa impedido respirar, aunque no lleg¨® a perder la consciencia. Tras ello, de acuerdo con su versi¨®n, le dieron az¨²car y le dijeron que, si no declaraba lo que le ped¨ªan, se volver¨ªa a repetir. El demandante asegur¨® que la confesi¨®n que hab¨ªa hecho el d¨ªa anterior, el 21 de enero, al reconocer su implicaci¨®n en varios sucesos relacionados con Ekin, se hab¨ªa obtenido mediante coacciones y que estaba preparada por la Guardia Civil.

Las supuestas torturas fueron investigadas por los juzgados de instrucci¨®n y la Audiencia Provincial de Madrid, aunque la justicia desestim¨® las denuncias de Gonz¨¢lez Etayo al considerar que no hab¨ªa indicios. El Tribunal Constitucional tambi¨¦n rechaz¨® el recurso de amparo, lo que le llev¨® hasta el Tribunal de Estrasburgo. Los tribunales revisaron los informes de los m¨¦dicos forenses que examinaron a Gonz¨¢lez Etayo tanto en custodia policial como en la c¨¢rcel de Estremera y escucharon sus testimonios, pero se negaron a identificar a los guardias civiles se?alados por el denunciante. En 2015, un informe psicol¨®gico determin¨® que sufr¨ªa s¨ªntomas de estr¨¦s postraum¨¢tico.

En este caso, si bien Estrasburgo ha destacado que al menos por parte de la Audiencia Provincial de Madrid ¡ªque en varias ocasiones apremi¨® al juez instructor a indagar m¨¢s¡ª s¨ª hubo ¡°inter¨¦s¡± en esclarecer los hechos, eso ¡°no es suficiente para considerar que la investigaci¨®n fue lo suficientemente profunda y efectiva¡±. En concreto, ha considerado que ¡°la identificaci¨®n y comparecencia de los agentes (...) podr¨ªa haber contribuido a clarificar los hechos de una forma u otra¡±.

El Tribunal de Derechos Humanos ha recordado a Espa?a, haci¨¦ndose eco de fallos anteriores y de informes del Consejo de Europa, que las investigaciones sobre las denuncias de tortura deben ser a¨²n m¨¢s exhaustivas cuando se refieren a torturas que se habr¨ªan producido estando la v¨ªctima en detenci¨®n incomunicada, porque en estos casos es m¨¢s dif¨ªcil probarlas. Estrasburgo considera que las autoridades espa?olas ¡°deber¨ªan establecer un c¨®digo de conducta claro en el procedimiento a seguir para interrogar a los responsables de vigilar a los detenidos que est¨¦n incomunicados y garantizar su integridad f¨ªsica¡±.