Archivado el ¡®caso Navantia¡¯ tras concluir la juez que Venezuela pag¨® las comisiones

Diez a?os despu¨¦s de iniciar la investigaci¨®n, el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 8 de Madrid ha decretado el archivo de las diligencias abiertas sobre la venta en 2005 a Venezuela de ocho patrulleras espa?olas por 1.245 millones de euros. En el auto de sobreseimiento provisional, dictado el pasado 12 de enero, la juez declara acreditado que se pagaron m¨¢s de 42 millones de euros en comisiones, pero alega que este sobrecoste sali¨® de las arcas venezolanas y no supuso quebranto econ¨®mico para el astillero espa?ol Navantia, por lo que no hay malversaci¨®n de fondos p¨²blicos. Aunque un perito judicial estim¨® en al menos 1,3 millones la cuota defraudada entre 2008 y 2010 en Impuestos de Sociedades, IVA e IRPF, tampoco se da por confirmado el delito fiscal.

La venta al Gobierno de Hugo Ch¨¢vez de ocho patrulleras de la empresa p¨²blica Navantia fue uno de los grandes contratos de material de defensa del Ejecutivo presidido por Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero. Pero aquella operaci¨®n, cerrada entre los dos Gobiernos en 2005, acab¨® dando lugar en 2010 a una investigaci¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, que indagaba el cobro de comisiones por intermediarios venezolanos. En la causa fueron imputados Javier Salas, presidente del Instituto Nacional de Industria (INI, precedente de la actual SEPI) en la ¨²ltima etapa de Felipe Gonz¨¢lez (1990-95) y el expresidente de Navantia Juan Pedro G¨®mez Ja¨¦n.

Finalmente, reconoce la juez, ¡°no se ha podido averiguar el destino del dinero recibido¡± por los intermediarios venezolanos, ya que su rastro se pierde en una mara?a de sociedades en para¨ªsos fiscales, como Islas Antillas y Dominica, y ¡°las comisiones rogatorias libradas [a dichas jurisdicciones] no han tenido ning¨²n resultado¡±.

Seg¨²n el informe del fiscal que ha servido de base al auto de archivo, en diciembre de 2004, ¡°estando casi cerrada la operaci¨®n de venta de ocho embarcaciones a Venezuela¡±, G¨®mez Ja¨¦n encarg¨® a Javier Salas que viajara a Caracas para comprobar la solvencia de dos venezolanos que se hab¨ªan ofrecido como mediadores para la operaci¨®n. Salas no solo hab¨ªa sido presidente del Instituto Nacional de Industria (INI) y jefe del propio G¨®mez Ja¨¦n, sino que segu¨ªa siendo consejero de la empresa p¨²blica Red El¨¦ctrica y asesoraba en la reestructuraci¨®n de Izar, la sociedad antecesora de Navantia.

Los venezolanos eran Juan Rafael Carvallo L¨®pez y Pedro Enrique Malave Benavides, con los que el astillero espa?ol hab¨ªa trabajado a?os atr¨¢s. En octubre de 2004, Carvallo viaj¨® a Madrid con el s¨¦quito oficial del entonces presidente Hugo Ch¨¢vez y aprovech¨® para pesentarse a la naviera espa?ola como agente en Venezuela.

Salas, a quien Navantia encarg¨® verificar la solvencia de Carvallo y Malave, lleg¨® a un acuerdo verbal con ellos para, utilizando ¡°sus contactos e influencias en Espa?a¡±, lograr que se convirtieran en mediadores de la venta de los buques, ¡°a cambio de sustanciosos importes¡± de dinero para ¨¦l mismo.

Entre el 24 de febrero y el 30 de septiembre de 2005, se firmaron tres contratos entre el astillero espa?ol y la empresa Rebazve, constituida por los dos venezolanos para esta operaci¨®n. En el tercero de los acuerdos, a los que el fiscal atribuye diversas irregularidades, se fijaba que Rebazve cobrar¨ªa hasta el 3,5% del importe total de los ocho buques --cuatro de vigilancia oce¨¢nica por 721,5 millones de euros; y cuatro de vigilancia litoral por 523,7--; es decir, un m¨¢ximo de 43,5 millones.

El fiscal asegura que los responsables de Navantia eran conscientes de que ¡°la retribuci¨®n pactada con el agente era excesiva¡±, pero la aceptaron porque este sobrecoste iba a ser asumido por Venezuela ¡°al formar parte del precio final de las embarcaciones¡±.

En mayo de 2006, el representante de Rebazve abri¨® dos cuentas corrientes en el banco BSI de Ginebra para ingresar las comisi¨®n pactada y dio instrucciones sobre c¨®mo deb¨ªa repartirse: el 30% (13 millones) ser¨ªa para Javier Salas, su socio y exsubordinado en el INI Antonio Rodr¨ªguez And¨ªa y el agente financiero Diego Azqueta Bernar. Estos dos ¨²ltimos, ¡°al enterarse de los perjuicios que les pod¨ªa acarrear aparecer como beneficiarios directos de los fondos¡±, seg¨²n el fiscal, pidieron al banco no figurar en la lista.

El 70% (30,4 millones) restante se repartir¨ªa entre los venezolanos: el 31,5% (13,7) para los dos socios de Rebazve; el 17,5% (7,6) para el exmilitar Mario Jos¨¦ Gregorio Rivero; el 14% (6) para Luis Jos¨¦ Mendoza Mar¨ªn; y el 7% (3) para Ra¨²l Jos¨¦ Hern¨¢ndez Revelo. No hay documentaci¨®n que justifique el pago a estos tres ¨²ltimos, apostilla el fiscal.

Para ¡°dar apariencia de legalidad¡± y ¡°ocultar¡± el cobro de los fondos procedentes de Navantia por parte de los espa?oles se recurri¨® a una empresa de Rodr¨ªguez-And¨ªa, Camino Nuevo, que firm¨® dos contratos de ¡°asesoramiento y consultar¨ªa¡± con Rebazve, la firma de los venezolanos, por 12,4 millones; el 1% del valor de los buques. A cambio, Salas y su socio consiguieron, seg¨²n el fiscal, que Navantia contratara a Rebazve y acompa?aron a los venezolanos a reuniones con directivos del astillero.

Camino Nuevo empez¨® a cobrar de Rebazve en una cuenta del EGB Bank de Zurich que se cerr¨® en octubre de 2010, coincidiendo con el inicio de la investigaci¨®n judicial, y que no estaba declarada a Hacienda, aunque posteriormente se regulariz¨®. Salas y su socio se repart¨ªan al 50% la comisi¨®n de las patrulleras, mientras que Azqueta, que puso en contacto a venezolanos y espa?oles, deb¨ªa recibir el 7,4% a trav¨¦s de la sociedad Medco Shipbrokers.

Camino Nuevo declar¨® como ingresos los pagos de Rebazve y como gastos deducibles los pagos a Salas, a Azqueta e incluso a una sociedad de Rodr¨ªguez-And¨ªa a pesar de que, seg¨²n un informe pericial, estos no realizaron actividad alguna para dicha empresa. El perit¨® concluy¨® que Rodr¨ªguez-And¨ªa debi¨® tributar dichas cantidades por el IRPF y no por el Impuesto de Sociedades, m¨¢s ventajoso, y estim¨® la cuota defraudada en 1,3 millones entre 2008 y 2010. Sin embargo, el juez ha asumido finalmente la interpretaci¨®n del Ministerio P¨²blico, seg¨²n la cual en esas fechas hab¨ªa dudas sobre el r¨¦gimen fiscal aplicable y si Hacienda, que no abri¨® ning¨²n expediente, no valor¨® entonces ¡°la trascendencia tributaria de la cuesti¨®n, dif¨ªcilmente podr¨¢ ser valorada [ahora] a efectos penales¡±.

Aunque no est¨¢n documentados, el fiscal estima que ¡°los escasos y espl¨¦ndidamente remunerados¡± servicios que prest¨® Salas a los venezolanos no fueron una simulaci¨®n, sino que tuvieron un beneficio real para la trama, a la que sirvi¨® de ¡°conseguidor¡±. Su actuaci¨®n, agrega, es ¡°censurable¡±, pero no constituye delito: se aprovech¨® de ¡°su prestigio y experiencia profesional, sus excelentes relaciones con G¨®mez Ja¨¦n [presidente de Navantia] y con los m¨¢ximos responsables de la SEPI¡±, para cobrar de la empresa venezolana ¡°a la que hab¨ªa recomendado personalmente¡± ante el astillero p¨²blico.

El fiscal reconoce que ¡°el procedimiento se ha dilatado en exceso¡±, pero lo achaca a las comisiones rogatorias que, sin resultado, se han remitido a distintos para¨ªsos fiscales. ¡°No ha sido posible¡±, se lamenta, ¡°averiguar el ¨²ltimo destinatario de los fondos transferidos por Rebazve [la empresa de los dos venezolanos] y procedentes de Navantia¡±.

Uno de los cabos sueltos es la investigaci¨®n que en su d¨ªa abri¨® la exfiscal general de Venezuela Luisa Ortega D¨ªaz. Cuando en agosto de 2017 huy¨® de su pa¨ªs, entreg¨® a la Embajada de Estados Unidos en Bogot¨¢ (Colombia) varias carpetas sobre episodios de corrupci¨®n. Una de ellas llevaba por t¨ªtulo: ¡°Caso sobreprecio en construcci¨®n de buques para la Armada espa?ola. Hevert Garc¨ªa Plaza, alto mando militar¡±. En junio de 2019, la juez espa?ola remiti¨® una comisi¨®n rogatoria a EE UU para acceder al expediente, pero se rechaz¨® con el argumento de que no aportaba datos suficientes para localizarlo. Garc¨ªa Plaza es un exgeneral venezolano que fue ministro de Alimentaci¨®n de Maduro y pas¨® a colaborar con Washington tras ser acusado en 2015 de corrupci¨®n.

Jos¨¦ Mariano Ben¨ªtez de Lugo, abogado de G¨®mez Ja¨¦n, lamenta que el fiscal y la juez hayan tardado tanto en reconocer que no hubo delito de malversaci¨®n de fondos p¨²blicos, cuando desde el principio estaba claro que la comisi¨®n de los intermediarios se incluy¨® en el precio de los buques y fue pagada por Venezuela. ¡°?Qui¨¦n repara a mi cliente [el expresidente de Navantia] los perjuicios personales y profesionales por haber estado investigado durante diez largos a?os sin el menor fundamento?¡±, se pregunta.

Un portavoz de Navantia ha subrayado que la empresa p¨²blica ¡°respeta y acata las decisiones judiciales¡± y ha recordado que la propia compa?¨ªa estaba personada en el procedimiento y ¡°ha colaborado en todo momento con la investigaci¨®n judicial¡±.