Jueces para la Democracia califica de ¡°violaci¨®n arbitraria¡± el acceso policial a un piso tur¨ªstico para impedir fiestas ilegales
La asociaci¨®n defiende en un comunicado la inviolabilidad del domicilio y recuerda que el estado de alarma ¡°no justifica la supresi¨®n de nuestras garant¨ªas b¨¢sicas¡±
La asociaci¨®n Juezas y Jueces para la Democracia (JPD) ha defendido este viernes la inviolabilidad del domicilio, diez d¨ªas despu¨¦s de conocerse que la polic¨ªa se ampara en una orden interna para entrar sin autorizaci¨®n judicial. Las im¨¢genes de polic¨ªas que derribaban la puerta de una vivienda de la calle Lagasca de Madrid, el 21 de marzo, generaron la pol¨¦mica. A trav¨¦s de un comunicado, la asociaci¨®n de tendencia progresista ha calificado de ¡°injerencia o violaci¨®n arbitraria¡± el acceso policial a un piso tur¨ªstico ¡°sin satisfacer las exigencias constitucionales¡± para impedir el desarrollo de fiestas ilegales. Adem¨¢s, ha recordado que el estado de alarma y la situaci¨®n generada por la pandemia de covid-19 ¡°no justifican la supresi¨®n¡± de las ¡°garant¨ªas b¨¢sicas¡±.
La asociaci¨®n hace hincapi¨¦ en el car¨¢cter de derecho fundamental que tiene la inviolabilidad del domicilio, ya que ¡°con ¨¦l se pretende salvaguardar un ¨¢mbito reservado de la vida de las personas excluy¨¦ndolo del conocimiento de los dem¨¢s¡±. Adem¨¢s, JPD recuerda que ¡°el domicilio constitucionalmente protegido es todo aquel en el que la persona desarrolla un ¨¢mbito de privacidad¡±, sin importar el tipo de t¨ªtulo jur¨ªdico que habilite su uso. Por tanto, seg¨²n la asociaci¨®n, ¡°un piso tur¨ªstico o una habitaci¨®n de hotel pueden constituir domicilio¡± y no estar¨ªa justificado la entrada de la polic¨ªa a estos sin orden judicial. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, justific¨® el pasado 31 de marzo el acceso policial al piso de calle Lagasca ampar¨¢ndose en que ¡°en estas circunstancias actuales, muchos inmuebles se utilizan ¨²nica y exclusivamente para realizar fiestas ilegales, no para vivir ni para realizar la intimidad propia¡±.
En su contundente nota, Juezas y Jueces para la Democracia destaca que sin la inviolabilidad del domicilio los ciudadanos carecen de lugar en el que refugiarse. ¡°Nuestra dignidad se disuelve¡±, asegura la asociaci¨®n, que compara la situaci¨®n actual con la realidad reflejada en novelas dist¨®picas como Nosotros (1924), del escritor ruso Evgueni Zamiatin, de la que dice describe ¡°una sociedad en la que los ciudadanos viv¨ªan en edificios construidos con un cristal que cancelaba cualquier atisbo de intimidad¡±. Adem¨¢s, el comunicado recuerda que esa situaci¨®n provocaba que los ciudadanos estuvieran a la ¡°mirada de los guardianes¡± encargados de velar por ¡°la sumisi¨®n y obediencia acr¨ªticas de las normas establecidas¡±.
Tambi¨¦n compara JPD la excepcionalidad derivada del estado de alarma con la novela 1984 (1948), de George Orwell, de la que dice que refleja c¨®mo ¡°una sociedad transparente acaba siendo una sociedad de siervos¡±. La asociaci¨®n recuerda que el acceso al domicilio requiere ¡°del consentimiento del morador, de la existencia de una autorizaci¨®n judicial o de la comisi¨®n de un delito flagrante¡±. Adem¨¢s, recalca que la inviolabilidad domiciliaria solo puede suspenderse bajo el estado de excepci¨®n o de sitio, y no as¨ª con el estado de alarma.
La actuaci¨®n policial que gener¨® la pol¨¦mica qued¨® recogida en un v¨ªdeo en el que se ve a una joven negarse a abrir la puerta los agentes si estos no le ense?aban una orden judicial. Tras un intercambio de palabras, los polic¨ªas abrieron la puerta con un ariete. Las 14 personas que se encontraban en su interior fueron propuestas para sanci¨®n por incumplir las medidas sanitarias contra la pandemia. De ellas, nueve fueron detenidas por supuesta desobediencia grave. Tanto en el atestado del incidente del 21 de marzo, como en el de otro similar, de un d¨ªa despu¨¦s, los agentes alegaron que entraron sin orden judicial amparados por la ley de seguridad ciudadana y una orden interna emitida d¨ªas antes por Interior para aplicar las medidas acordadas por Sanidad y las comunidades para frenar la covid-19. Diversos juristas tildaron la actuaci¨®n de ¡°desproporcionada¡±.
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