La reforma del proceso penal vista por los jueces

Si hay que empezar por el principio, hay que hacerlo por Luciano Varela. Y por un congreso de la asociaci¨®n Jueces para la Democracia celebrado en San Sebasti¨¢n a finales de junio de 1989. Varela, por entonces magistrado de la Audiencia de Pontevedra, defendi¨® que fuesen los fiscales, y no los jueces, quienes realizasen la instrucci¨®n en el proceso penal.

¡ªFue una votaci¨®n re?id¨ªsima ¡ªrecuerda el juez con iron¨ªa¡ª, creo que tuve tres votos a favor y todos los dem¨¢s en contra.

La cr¨®nica de aquel debate, que firm¨® en EL PA?S Bonifacio de la Cuadra, no tiene desperdicio. Le¨ªda ahora, m¨¢s de 20 a?os despu¨¦s, refleja hasta qu¨¦ punto la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es una de esas discusiones espa?olas con vocaci¨®n de eternidad: ¡°El congreso de Jueces para la Democracia examin¨® las posibles alternativas a la deficiente instrucci¨®n a cargo de los jueces, ¡°en un 90% realizada por la polic¨ªa¡±, seg¨²n afirm¨® Manuela Carmena, pero termin¨® rechazando que el fiscal sea la soluci¨®n por su car¨¢cter de parte, su funcionamiento jer¨¢rquico y su dependencia del Gobierno (¡­). La propuesta de Varela era favorable a que el fiscal realizase la investigaci¨®n previa, pero modificando su actual estatuto. Propon¨ªa que el fiscal general del Estado fuera un cargo temporal y no reelegible, as¨ª como una fuerte democratizaci¨®n de la carrera fiscal¡±.

La reforma a fondo del proceso penal que propugna ahora el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se produce m¨¢s de 20 a?os despu¨¦s de suscitado el debate, y una vez que fracasaran los intentos de Francisco Caama?o, por la izquierda, y de Alberto Ruiz Gallard¨®n, por la derecha.

Luciano Varela, que acaba de jubilarse como magistrado del Supremo despu¨¦s de formar parte del tribunal que juzg¨® a los l¨ªderes independentistas, contempla ahora desde su retiro en Pontevedra los nuevos intentos por recuperar su idea del 89 y advierte de la gran magnitud del desaf¨ªo: ¡°Se necesitar¨¢n a?os para ponerla en pr¨¢ctica, pero adem¨¢s habr¨¢ que conseguir antes un m¨ªnimo consenso pol¨ªtico, porque se trata de cambiar toda la estructura. Desaparecen los jueces de instrucci¨®n y se convierten en jueces de garant¨ªa. Y tiene que quedar claro que el fiscal es una parte, no es otro juez que hace la acusaci¨®n, en absoluto, es una parte y tiene que recibir el tratamiento de parte¡±.

¡°Lograr por fin esta reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ser¨ªa como entrar en otro mundo, colocarnos en Europa¡±, a?ade el exmagistrado del Supremo, ¡°porque el sistema actual es tributario de su origen, en el que las referencias a la Ilustraci¨®n aparecen fuertemente sesgadas por las imposiciones napole¨®nicas. Quiz¨¢s por ello se asumi¨® f¨¢cilmente por la dictadura franquista sin variaciones esenciales¡±. Valera se atreve incluso a proponer un control democr¨¢tico de la acci¨®n de la Fiscal¨ªa que puede avivar a¨²n m¨¢s la pol¨¦mica que la reforma suscita: ¡°El nuevo modelo debe abrir espacios para que el ejercicio del poder de acusar se someta tambi¨¦n al control de las instancias parlamentarias. Democracia es responder ante los representantes de los ciudadanos de la pol¨ªtica criminal y de su efectividad¡±.

El magistrado ?ngel Juanes fue presidente de la Audiencia Nacional desde 2009 a 2014, y vicepresidente del Tribunal Supremo desde 2014 a 2019. De forma did¨¢ctica, explica que ¡°el proceso que se quiere establecer pivota sobre dos ejes¡±. ¡°Uno es que el fiscal lleve la instrucci¨®n. Y el segundo es que exista un juez de garant¨ªas que sea el ¨²nico que pueda acordar las medidas restrictivas de derecho, como las entradas y registro o las intervenciones telef¨®nicas¡±. Y a?ade: ¡°As¨ª planteado, este proceso tiene una serie de ventajas. En primer lugar, porque sit¨²a a la defensa y al fiscal en un principio de igualdad de armas. Y, en segundo lugar, con este sistema se debe agilizar la instrucci¨®n, porque los fiscales trabajar¨ªan en equipo y en contacto permanente con la polic¨ªa. De hecho, esta es una novedad te¨®rica, porque en la pr¨¢ctica ya se viene haciendo as¨ª en algunos organismos judiciales, donde los fiscales especializados suelen llevar el peso de la instrucci¨®n¡±.

?ngel Juanes admite que la reforma ¡ªaunque necesaria en su opini¨®n para homologar la justicia espa?ola al resto de pa¨ªses europeos¡ª ser¨¢ larga, costosa y no exenta de pol¨¦mica. ¡°En todos los pa¨ªses donde se ha hecho esta reforma¡±, explica, ¡°los plazos para ponerla en pr¨¢ctica han sido muy amplios. Hay que tener en cuenta que ahora todos los edificios judiciales y toda la maquinaria judicial est¨¢ pensada y estructurada en funci¨®n de la instrucci¨®n de los jueces. Habr¨¢ que cambiar todo ese modelo, y eso conllevar¨¢ evidentemente una modificaci¨®n de los propios edificios y de las formas de actuaci¨®n. No ser¨¢ cuesti¨®n ni de un a?o ni de dos... Eso conllevar¨¢ adem¨¢s la mentalizaci¨®n de los propios jueces y fiscales, y aqu¨ª se produce un tema interesante que en Italia ya se resolvi¨®. ?Los jueces de instrucci¨®n que lo desearan podr¨ªan pasar a ser fiscales para aprovechar su experiencia? Yo personalmente ser¨ªa partidario¡±.

El expresidente de la Audiencia Nacional llama la atenci¨®n sobre la cuesti¨®n m¨¢s pol¨¦mica de todas. El tema clave de la reforma. El obst¨¢culo sobre el que se han ido estrellando todas las reformas, desde aquel congreso de Jueces para la Democracia en 1989 hasta ahora: ¡°La supuesta dependencia del fiscal del Gobierno de turno. Ese es el gran problema hacia el que van a ir dirigidas las cr¨ªticas, las prevenciones, la desconfianza. Es el tema clave¡±.

No va descaminado. Rosa Freire es magistrada, titular del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 32 de Madrid y miembro del comit¨¦ nacional de la Asociaci¨®n Judicial Francisco de Vitoria. Fue instructora del caso sobre la destrucci¨®n de los discos duros del ordenador del extesorero del PP Luis B¨¢rcenas. Discrepa de forma rotunda con los otros entrevistados: ¡°Esto es un intento poco disimulado de controlar la investigaci¨®n penal. Y seguramente no afectar¨¢ para nada a la delincuencia com¨²n y de batalla que tenemos, pero s¨ª que puede comprometer otro tipo de investigaciones. Y me refiero b¨¢sicamente a la corrupci¨®n. Porque entre los jueces habr¨¢ quienes sepan m¨¢s y quienes sepan menos, pero somos independientes. Tenemos muy grabado a fuego que somos independientes. Nos podemos equivocar o incluso puede haber en alg¨²n momento dado un juez complaciente, pero a nosotros nadie se atreve a llamarnos. Y esto es exactamente lo contrario de lo que sucede en la Fiscal¨ªa, que funciona de una manera jer¨¢rquica. Llama todo el mundo que est¨¢ por encima de ellos, y tienen que dar explicaciones continuamente de lo que hay y de lo que no hay. Lo s¨¦ porque a veces lo he visto. He estado presente¡±.

Seg¨²n la magistrada Freire, con la ley actual cualquier ciudadano tiene garantizada tutela judicial efectiva, puede tener acceso a un juez desde el minuto cero, y eso se mediatiza con la de un fiscal sujeto a la jerarqu¨ªa: ¡°Esto es as¨ª. Yo lo veo clar¨ªsimamente. Aunque no tengo todos los detalles, la reforma me parece perversa, tramposa. Y me parece que no est¨¢n diciendo la verdad, porque lo que quieren es el control. Punto. No estamos hablando de otras cosas. Quieren el control pol¨ªtico de las investigaciones. Estoy convencida.

¡ªTambi¨¦n intent¨® la reforma el Gobierno del PP.

¡ªClaro, es que lo intentan todos, c¨®mo no. Pero si es que les conviene a todos.