Madrid no ha cobrado ni una de las sanciones impuestas en el vigente estado de alarma

Ni el Ayuntamiento ni la Comunidad de Madrid han logrado cobrar a¨²n una sola multa de las m¨¢s de 50.000 impuestas por irregularidades y comportamientos no permitidos en la capital de Espa?a, como fiestas ilegales, botellones o incumplimientos de los toques de queda, durante esta segunda fase del estado de alarma decretado por la covid-19 el pasado 25 de octubre. Y apenas ha ingresado 2.000 de una cifra total similar de la primera etapa. Ante el aluvi¨®n, el Ayuntamiento ha delegado esa gesti¨®n en la Comunidad, que la acaba de privatizar.

M¨¢s de un a?o despu¨¦s de decretado el primer estado de alarma como consecuencia de la covid-19, Madrid sigue instalada en los peores puestos de afecci¨®n de la pandemia, pero con un ambiente en sus calles m¨¢s lib¨¦rrimo que desde la oposici¨®n pol¨ªtica se ha calificado como ¡°efecto desmadre¡±. En este a?o se han firmado alrededor de 100.000 sanciones en la capital por la covid-19 y se han cobrado realmente unas 2.000, el 2%.

Desde las instituciones gobernadas por el PP, como el Ayuntamiento y la Comunidad, se recurre a la evidencia de la alta densidad de poblaci¨®n y a su gran movilidad para justificar esos datos. Y se ha abierto una estrategia de confrontaci¨®n con el Gobierno central para rechazar la imposici¨®n de nuevas restricciones, con horarios comerciales y de hosteler¨ªa m¨¢s flexibles que en ninguna otra regi¨®n, con el argumento de que los balances estad¨ªsticos de la pandemia no son mucho peores en Madrid que en otras zonas con actuaciones m¨¢s contundentes.

Tras cada fin de semana, el Ayuntamiento de Madrid ofrece una pormenorizada estad¨ªstica de cientos de actuaciones policiales y denuncias implantadas, para contrarrestar la sensaci¨®n p¨²blica de que la capital se haya podido convertir en esta pandemia en ¡°la taberna o la tasca¡± no solo del resto del pa¨ªs, sino incluso de Europa, como han denunciado desde el PSOE, M¨¢s Madrid o Unidas Podemos. Tanto el alcalde, Jos¨¦ Luis Mart¨ªnez Almeida, como la presidenta regional, Isabel D¨ªaz Ayuso, han rechazado con malestar esa idea y han defendido que las im¨¢genes de colapso en algunas zonas, sin cumplir las distancias de seguridad o las mascarillas, son ¡°puntuales¡±.

EL PA?S ha reclamado oficialmente durante dos semanas al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid datos sobre sus actuaciones en materia de denuncias ejecutadas hasta el final y relacionadas por la covid-19 en la capital y se ha encontrado con una mara?a de exculpaciones y muy poca precisi¨®n.

El Ayuntamiento no tiene una respuesta cuando se le pregunta cu¨¢ntas de esas m¨¢s de 50.000 sanciones del segundo estado de alarma han llegado a t¨¦rmino, se han ejecutado hasta el final y se han cobrado ya. El dato no ha podido ser facilitado porque el municipio las deriv¨® a la Comunidad y el ejecutivo auton¨®mico ha optado por privatizar ese servicio antes de empezar a desentra?arlo ante el aluvi¨®n que se le ven¨ªa encima.

Fuentes oficiales del consistorio madrile?o admiten que a¨²n est¨¢n tramitando multas impuestas en el primer estado de alarma, el vigilado por el Ejecutivo central desde el 9 de marzo de 2020 hasta el 25 de octubre bajo el paraguas de la ley de Seguridad Ciudadana, y se remiten a que la normativa es ¡°muy garantista y permite que tras la notificaci¨®n se pueda recurrir, se abra un periodo de alegaciones, otro ejecutivo, se avise del embargo y se pueda llegar incluso a los tribunales¡±.

En el primer estado de alarma, el Ayuntamiento propuso 42.751 sanciones covid, ha tramitado 25.000 y notificado 20.140. Los t¨¦cnicos municipales calculan que menos de un 10% de las notificadas han sido abonadas por los infractores voluntariamente para beneficiarse de descuentos por pronto pago. Por ese concepto se han ingresado 490.000 euros.

La explicaci¨®n de que el proceso y recorrido de las multas se dilata en exceso es asumida tambi¨¦n por fuentes oficiales de la Comunidad y de la Delegaci¨®n del Gobierno y todas las administraciones consultadas apuntan a que el plazo para cobrar realmente una multa covid se puede demorar entre seis meses y un a?o.

El Ayuntamiento, como las dem¨¢s administraciones implicadas en este proceso, se ha visto desbordado por los miles de sanciones que ha impuesto y por su falta de recursos e inspectores. Esa fue la raz¨®n por la que el consistorio decidi¨®, en el actual segundo estado de alarma, delegar esa competencia de tramitar las sanciones en la Comunidad, que tampoco estaba preparada para los procedimientos que le llovieron. La competencia sobre las sanciones contra la Salud P¨²blica la tiene la Consejer¨ªa de Sanidad, pero sus inspectores han estado este a?o m¨¢s volcados en vigilar residencias, centros m¨¦dicos y otras tareas relacionadas con la covid-19.

La Comunidad, adem¨¢s, no debe ocuparse solo del Ayuntamiento de Madrid, que es una instituci¨®n en teor¨ªa con suficientes recursos, sino de otros 178 municipios, muchos de ellos rurales y sin servicios ni polic¨ªa. Ha sido ah¨ª donde la Consejer¨ªa ha incoado durante estos meses de alarma un total de 1.329 expedientes sancionadores, de los que 1.014 se encuentran en fase de instrucci¨®n conforme a la normativa regional (apartado sexto de la Orden 668/2020, de 19 de junio) y 315 constan completamente finalizados. Es decir, el 23,7%. La mayor¨ªa de estos expedientes corresponden a multas impuestas por la Polic¨ªa Nacional, la Guardia Civil y polic¨ªas municipales de peque?as localidades. La Comunidad concede que en la capital apenas ha actuado hasta ahora.

La citada normativa auton¨®mica en vigor especifica: ¡°La incoaci¨®n, instrucci¨®n y resoluci¨®n de los expedientes sancionadores corresponder¨¢ a la autoridad municipal o auton¨®mica competente por raz¨®n de la actividad, establecimiento, local, instalaci¨®n, recinto, espacio de uso p¨²blico o v¨ªa p¨²blica en los que se cometa la infracci¨®n¡±.

Falta de recursos

El Ayuntamiento de la capital acepta que esa potestad est¨¢ entre sus competencias, pero tambi¨¦n que no tiene medios para llevarla a cabo. Ante el incremento y el desborde de denuncias enviadas desde ese consistorio, que se estima superior a las 50.000, la Consejer¨ªa contrat¨® este mes de marzo y por la v¨ªa de emergencia los servicios de una empresa externa especializada para dar apoyo y agilizar las tareas relacionadas con esa gesti¨®n. Esa empresa empez¨® a trabajar este 5 de abril con incentivos (16 euros m¨¢s IVA fijos y 15% m¨¢s IVA por cada expediente tramitado a tiempo).

La Generalitat valenciana, que hace algo m¨¢s de un mes estaba entre las peores en cifras de contagios y tras fuertes restricciones se ha consolidado entre las mejores, ha cobrado menos del 1% de las multas apercibidas desde el 25 de julio (814 sobre las 94.000 impuestas). La Consejer¨ªa de Justicia, que ten¨ªa solo cinco funcionarios para esa labor, los ampli¨® a 21 y luego con 52 m¨¢s, pero no fue suficiente y opt¨® tambi¨¦n por recurrir a una empresa externa a la que pag¨® 5,3 millones de euros.

Otros municipios madrile?os importantes como Fuenlabrada, aunque no del tama?o de la capital, hicieron una consulta a la Delegaci¨®n del Gobierno para saber c¨®mo afrontar ese desaf¨ªo y se les contest¨® que deb¨ªan asumir esa gesti¨®n directamente y as¨ª lo hicieron. En este a?o covid la Polic¨ªa local de Fuenlabrada ha pasado de administrar 1.500 sanciones a 6.500, pero solo ha iniciado la tramitaci¨®n en 2.500 casos, notificado para que el sancionado pueda alegar 2.100 y cobrado 253. En Castilla-La Mancha, muy perjudicada por el contagio y la proximidad con Madrid, se han impuesto estos meses 82.659 denuncias de este tipo, se han tramitado 14.961 (18%), y se han recaudado por ese concepto 342.165 euros.