Fin del estado de alarma: los jueces tendr¨¢n la palabra

Este mi¨¦rcoles tendr¨¢ lugar en el Congreso el primer acto de la discusi¨®n sobre el fin del estado de alarma que culmina el 9 de mayo. Con la presi¨®n hospitalaria en ascenso, la preocupaci¨®n empieza a generalizarse en los despachos de quienes tienen que tomar las decisiones tras esa fecha. Las resoluciones de los presidentes auton¨®micos ser¨ªan m¨¢s sencillas si Pedro S¨¢nchez consiguiera prorrogar un mes esta medida excepcional. Pero no parece muy viable. Si el fin del actual estado de alarma no da paso a otro, ser¨¢n los jueces de cada comunidad aut¨®noma los que tendr¨¢n que decidir si permiten o proh¨ªben la limitaci¨®n de derechos que establezca cada regi¨®n.

No son muchos a¨²n los que se han pronunciado en p¨²blico sobre qu¨¦ hacer tras el 9 de mayo. S¨ª lo ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro S¨¢nchez. Por ¨¦l, este ser¨ªa el ¨²ltimo estado de alarma. ¡°Lo ha dicho en condicional, siempre que la situaci¨®n lo permita¡±. Esta es la apostilla de un presidente regional al que no le importar¨ªa la continuidad durante todo mayo de las restricciones actuales. Se atreve a asegurar que otros colegas piensan lo mismo, aunque no lo manifiesten. I?igo Urkullu, el presidente vasco, como es habitual, no suele mirar lo que hacen los dem¨¢s y ya ha pedido que no se levante el estado de alarma. Los gobernantes de Euskadi saben por propia experiencia que algunas de las restricciones que dictaron sin el amparo de esta medida fueron anuladas por su Tribunal Superior de Justicia. El gobierno aragon¨¦s de Javier Lamb¨¢n corri¨® la misma suerte, ya que sus resoluciones de limitaci¨®n de derechos fueron tumbadas por su tribunal. Otras comunidades, sin embargo, vieron avaladas buena parte de sus limitaciones.

En defensa de la acci¨®n judicial, Mar¨ªa Jes¨²s del Barco, portavoz de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura, apostill¨® en Antena 3 el porqu¨¦ de las diferencias. ¡°No hay resoluciones dispares de los ¨®rganos judiciales, sino que las circunstancias no son las mismas y hay que valorar cada caso concreto para salvaguardar la salud de las personas¡±, afirm¨®. En efecto, cada comunidad tiene circunstancias epidemiol¨®gicas y sanitarias diferentes y cada gobernante tiene su criterio sobre qu¨¦ es lo que mejor conviene a su regi¨®n, como lo tienen tambi¨¦n los jueces en su interpretaci¨®n de la ley en cada caso particular.

Pedro S¨¢nchez no se muestra nada proclive a dar la batalla en el Congreso para alargar medidas de excepcionalidad, puesto que el PP ya anticip¨® que no aceptar¨ªa otra pr¨®rroga. Pablo Casado propone la elaboraci¨®n de una ley de epidemias que el Gobierno ya prometi¨®, pero sigue sin materializarse. No hay tiempo, sin embargo, para tramitar un proyecto de ley org¨¢nica cuando la decisi¨®n tiene que tomarse en menos de cuatro semanas. Antes habr¨¢ ocasi¨®n de celebrar varios consejos interterritoriales y escuchar a las comunidades, incluso puede haber una conferencia de presidentes. Sin estado de alarma, cada presidente tendr¨¢ que dictar sus resoluciones restrictivas y quedar en manos de los tribunales.