El Poder Judicial aplaza su decisi¨®n sobre si recurre al Constitucional la ley que recorta sus funciones

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aplazado este jueves su decisi¨®n sobre si recurre al Tribunal Constitucional la ley que limita sus funciones. El pleno del ¨®rgano de gobierno de los jueces ha debatido las v¨ªas abiertas para impugnar la reforma legal reci¨¦n aprobada, pero ha optado por no tomar ninguna decisi¨®n y ha acordado que solo se votar¨¢ un posible recurso si al menos cinco vocales solicitan formalmente la convocatoria de un pleno en el que debatir el escrito que se llevar¨ªa al Constitucional. Las fuentes consultadas se?alan que ya hay m¨¢s de cinco miembros del Consejo que se han manifestado favorables a pedir la impugnaci¨®n de la ley, por lo que previsiblemente esa sesi¨®n extraordinaria se celebrar¨¢.

El Consejo no puede presentar un recurso de inconstitucionalidad, sino que tiene que seguir la v¨ªa del conflicto entre ¨®rganos constitucionales, una figura que reserva al Constitucional la competencia para resolver controversias entre los poderes del Estado. Este debe presentarse, como m¨¢ximo, un mes despu¨¦s de la entrada en vigor de la norma que se impugna, por lo que el plazo para que el CGPJ d¨¦ el paso vence el pr¨®ximo viernes 30 de abril. Miembros del Consejo consultados confirmaron su decisi¨®n de registrar el pr¨®ximo martes, 27 de abril, una solicitud para que el pleno extraordinario se celebre el d¨ªa 30. Por el momento, esa petici¨®n ir¨ªa suscrita por el grupo de cinco vocales (?ngeles Carmona, Nuria D¨ªaz, Juan Manuel Fern¨¢ndez, Carmen Llombart y Juan Mart¨ªnez Moya) que pidieron que el tema se abordara en la sesi¨®n de hoy, seg¨²n se?alaron vocales de este grupo, por lo que ya tendr¨ªa el n¨²mero m¨ªnimo de firmas para obligar al presidente Carlos Lesmes a convocar el pleno.

En la sesi¨®n celebrada este jueves hubo posturas divergentes sobre la conveniencia de recurrir la ley que, entre otras competencias, proh¨ªbe al Consejo hacer nombramientos discrecionales de la c¨²pula judicial cuando tiene el mandato prorrogado, como ocurre ahora, pues el actual venci¨® en diciembre de 2018. El vocal Juan Mart¨ªnez Moya ha sido el encargado de defender la tesis de los partidarios de acudir al Constitucional, que consideran que la reforma legal menoscaba competencias que la Constituci¨®n reserva al CGPJ. Otros vocales, sin embargo, han expresado sus dudas acerca de que la reforma del Gobierno encaje en el conflicto entre ¨®rganos constitucionales, pensado para cuando un ¨®rgano considera que otro ha asumido una de las atribuciones que la Constituci¨®n le reserva para s¨ª.

En paralelo, el pleno ha debatido tambi¨¦n la posibilidad de llevar la ley a Europa por dos v¨ªas distintas. La primera, buscando el amparo de la Red Europea de Consejos de Justicia, una organizaci¨®n fundada en 2002 a la que pertenecen los ¨®rganos de gobierno de los jueces de 22 pa¨ªses, entre ellos Espa?a. Pero esta opci¨®n ha sido desestimada por 12 votos a 8. Lo que s¨ª se ha acordado es que el Consejo informe a la Comisi¨®n Europea sobre la reforma legal en el marco de la elaboraci¨®n del informe de este a?o sobre el Estado de derecho. Para ello, la vocal Nuria D¨ªaz elaborar¨¢ una propuesta que ser¨¢ elevada a la Comisi¨®n Permanente y despu¨¦s al pleno, con el objetivo de dar una respuesta consensuada.

Aunque es un movimiento con el que el Consejo pretende mantener vivo en Europa el debate sobre la reciente reforma legal, el ¨®rgano ha descartado llevar a cabo acciones m¨¢s contundentes que eran reclamadas por algunos vocales, como enviar escritos a la presidenta de la Comisi¨®n Europea, Ursula von der Leyen, o al comisario de Justicia de la UE, el belga Didier Reynders. Tambi¨¦n se plante¨® la posibilidad de pedir la implicaci¨®n del Consejo de Europa o de la Comisi¨®n de Venecia, pero se ha desechado.. El aval este lunes de vicepresidenta europea de Valores y Transparencia, Vera Jourov¨¢, a la ley que limita las atribuciones del Consejo cuando haya caducado su mandato, ha provocado reacciones dispares entre los miembros del Consejo. Para unos, es un respaldo que limita mucho las posibilidades de conseguir un pronunciamiento de las instituciones europeas contra esa ley; para otros, sin embargo, las palabras de Jourov¨¢ (que dijo que la ley ¡°en pincipio¡± parece encajar en el estado de derecho) son solo unas afirmaciones a ra¨ªz de las explicaciones dadas por el ministro de Justicia en el encuentro que acaban de mantener pero que no obedecen a un an¨¢lisis a fondo de la norma por lo que no deben considerarse como un respaldo firme.