El Poder Judicial prosigue con los nombramientos tras el fracaso de su renovaci¨®n

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha conseguido sacar adelante por la m¨ªnima seis de los ocho nombramientos que ten¨ªa sobre la mesa, si bien ha optado por aplazar dos de los m¨¢s importantes: una plaza de magistrado en la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo y otra en la Sala Cuarta (Social). Los vocales, cuyo mandato est¨¢ prorrogado desde diciembre de 2018 ante la falta de acuerdo pol¨ªtico para su renovaci¨®n, s¨ª han llegado a un acuerdo in extremis para elegir la tercera plaza en liza en el alto tribunal, tambi¨¦n en la Sala Primera. Para esta ha sido designado el magistrado Antonio Garc¨ªa, destinado hasta ahora en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco.

Los miembros del Consejo estaban convocados este jueves a un pleno extraordinario para aprobar ocho nombramientos discrecionales que quedaron aplazados la semana pasada ante la posibilidad de que el PSOE y el PP llegaran a un acuerdo para renovar el ¨®rgano de gobierno de los jueces. Los vocales optaron hace una semana por frenar los nombramientos casi dando por hecho que, siete d¨ªas despu¨¦s, el acuerdo para la renovaci¨®n ser¨ªa oficial, lo que, previsiblemente, hubiera llevado a la mayor¨ªa de miembros del Consejo a renunciar a esas votaciones y dejarlas ya en manos de sus sucesores. Pero la ruptura de las negociaciones entre socialistas y populares ha cambiado el escenario y el pleno del CGPJ ha afrontado dividido la sesi¨®n de este jueves.

Con todo, el pleno ha conseguido votos suficientes para aprobar seis de los ocho nombramientos previstos, si bien el resultado de las votaciones queda muy lejos de las mayor¨ªas holgadas conseguidas en todas las designaciones que se han abordado en los ¨²ltimos meses. Las tres plazas m¨¢s importantes de las seis aprobadas (la del Supremo y las presidencias de los tribunales superiores de Pa¨ªs Vasco y Canarias) han salido con la mayor¨ªa justa de tres quintos (13 votos) necesaria. Seg¨²n fuentes del ¨®rgano, las tres votaciones han terminado con id¨¦ntico resultado: 13 votos a favor y siete en blanco. Estos ¨²ltimos corresponden a cinco magistrados del sector progresista que ya vienen votando en blanco en los ¨²ltimos plenos al entender que los actuales vocales no est¨¢n ya legitimados para decidir nombramientos discrecionales (Concepci¨®n S¨¢ez, ?lvaro Cuesta, Pilar Sep¨²lveda, Clara Mart¨ªnez de Careaga y Rafael Mozo) y dos del ala conservadora (Juan Mart¨ªnez Moya y Juan Manuel Fern¨¢ndez).

En el caso de las presidencias de los tribunales auton¨®micos, ha sido necesaria, adem¨¢s, una segunda votaci¨®n, ya que en la primera ninguno de los candidatos obtuvo el n¨²mero m¨ªnimo de votos para hacerse con el puesto. Los nombramientos han reca¨ªdo finalmente en el actual presidente de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, Ignacio Jos¨¦ Subijana (Pa¨ªs Vasco) y en el titular del Registro Civil 1 de Santa Cruz de Tenerife, Juan Luis Lorenzo Bragado (Canarias).

Los otros puestos requer¨ªan solo de una mayor¨ªa simple, que el pleno ha conseguido aunque tambi¨¦n con escaso margen. Los vocales han designado a Garbi?e Biurrun como presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco (12 votos), a Jos¨¦ Antonio Vega Bravo como presidente de la Audiencia Provincial de Salamanca (14 votos) y a Luis Miguel Columna como presidente de la Audiencia Provincial de Almer¨ªa (13 votos).

Las otras dos plazas previstas en el Supremo se han retirado del orden del d¨ªa porque, seg¨²n los vocales consultados, no hab¨ªa una mayor¨ªa suficiente para sacarlas adelante. La intenci¨®n del Consejo es volver a incluirlas en el pleno ordinario previsto el 25 de marzo, donde, adem¨¢s, se pretende incluir otros dos puestos del alto tribunal, en este caso en la Sala Tercera, una sala clave porque es la que decide sobre todos los asuntos que afectan al Gobierno o al propio Poder Judicial. Los vocales consultados prev¨¦n que en las pr¨®ximas semanas se inicien negociaciones para intentar lograr un pacto sobre estas futuras votaciones. La mayor¨ªa de miembros del Consejo consultados admite que el objetivo es dejar estos nombramientos hechos ante la posibilidad de que el Ejecutivo apruebe en abril la ley que veta los nombramientos con el mandato caducado.