La vacunaci¨®n, un remedio tambi¨¦n para la bronca pol¨ªtica

La trifulca pol¨ªtica que se desat¨® a principios de abril cuando el Gobierno adelant¨® su intenci¨®n de no prorrogar el estado de alarma m¨¢s all¨¢ del 9 de mayo se ha diluido sin que se hayan cumplido dos semanas desde el final de la restricci¨®n generalizada en todo el pa¨ªs de la libertad de movimientos y otros derechos fundamentales. El ritmo de vacunaci¨®n ha sido determinante en la evoluci¨®n de la pandemia y el acusado descenso de muertes. El Ministerio de Sanidad comunic¨® este viernes 19 fallecidos por la covid. Con 79.620 muertes oficiales por coronavirus, 725 se han notificado en las dos ¨²ltimas semanas. Y la incidencia ha bajado desde los 198,60 casos por 100.000 habitantes el 6 de mayo ¡ª¨²ltimo d¨ªa con datos bajo el estado de alarma¡ª a 135,77 contagios de media. Aun as¨ª, la disparidad entre comunidades es enorme, con nueve regiones por debajo de los 100 casos.

La reacci¨®n inicial de las autonom¨ªas gobernadas por el PP y los nacionalistas fue acusar al Gobierno de derivar a los territorios la responsabilidad de la gesti¨®n de la pandemia ante la falta de una ¡°alternativa jur¨ªdicamente s¨®lida¡±, como lleg¨® a decir el presidente gallego, Alberto N¨²?ez Feij¨®o. La presidenta de Madrid, Isabel D¨ªaz Ayuso, y el andaluz Juan Manuel Moreno, tambi¨¦n del PP, exigieron como el presidente vasco, I?igo Urkullu (PNV), que se celebrase una conferencia de presidentes auton¨®micos donde analizar el escenario que se abr¨ªa a partir del 10 de mayo.

Transcurridos 13 d¨ªas del final del estado de alarma, el alto tribunal concluy¨®, en su primer pronunciamiento al respecto, que la ley org¨¢nica de salud p¨²blica de 1986 ¡°autoriza limitaciones puntuales de la libertad de circulaci¨®n¡± siempre que est¨¦n justificadas. La ministra de Hacienda, Mar¨ªa Jes¨²s Montero, insisti¨® este viernes en que las comunidades disponen de una ¡°amplia bater¨ªa¡± de medidas para combatir la covid sin limitar derechos fundamentales y record¨® que pueden solicitar al Gobierno la declaraci¨®n del estado de alarma para un territorio concreto si el Supremo no atiende sus peticiones para un cierre perimetral.

La decisi¨®n del Supremo se produjo el mismo d¨ªa que Madrid, la comunidad con la mayor presi¨®n hospitalaria por la covid ¡ª35,63% de camas de UCI ocupadas por pacientes con coronavirus¡ª y con el mayor n¨²mero de casos junto a Euskadi (225) anunciaba el fin a partir del lunes de las restricciones por zonas b¨¢sicas de salud ¡°gracias a la buena evoluci¨®n epidemiol¨®gica¡±, seg¨²n la directora general de Salud P¨²blica, Elena Andradas. Un cambio que no ser¨ªa posible sin la vacunaci¨®n de crucero alcanzada. El 6 de abril, el d¨ªa que Pedro S¨¢nchez puso fecha al fin del estado de alarma, el 12,9% de la poblaci¨®n (6,1 millones de personas) hab¨ªa recibido al menos una dosis. El 6,1% (2,9 millones) ten¨ªa la pauta completa. Este viernes ya hab¨ªa recibido un pinchazo el 34,5% (16,3 millones) y el 16,6%, las dos dosis (7,8 millones).

En este contexto, el Congreso convalid¨® el jueves el real decreto ley de medidas urgentes a aplicar tras el fin del estado de alarma. El texto contiene regulaciones que afectan al r¨¦gimen de autorizaci¨®n o ratificaci¨®n judicial de las medidas que impliquen limitaci¨®n o restricci¨®n de derechos fundamentales, adem¨¢s de medidas de control sanitario a los pasajeros internacionales. La norma tambi¨¦n proh¨ªbe los desahucios a familias vulnerables y el corte de suministro de luz y agua a personas con dificultades econ¨®micas hasta el 9 de agosto. El PNV, socio preferente del Ejecutivo, se abstuvo por la ¡°unilateralidad¡±, ¡°premura¡± e ¡°imprudencia¡± al no prorrogarse el estado de alarma. La vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, defendi¨® que Espa?a est¨¢ ahora en un ¡°contexto bien diferente¡± y en una ¡°situaci¨®n esperanzadora¡± por la vacunaci¨®n masiva.