La reforma de la ¡®ley mordaza¡¯ se atasca por las devoluciones en caliente de inmigrantes
El Ministerio del Interior quiere que sigan en la futura norma con las condiciones que fij¨® el Tribunal Constitucional
Las manifestaciones celebradas de manera espont¨¢nea y pac¨ªfica en lugares p¨²blicos no tendr¨¢n sanci¨®n. Difundir im¨¢genes de polic¨ªas en concentraciones, si es con car¨¢cter informativo, no podr¨¢ ser castigado ni censurado previamente. Y los registros corporales no podr¨¢n implicar ¡°el desnudo parcial o total¡±. La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana ¡ªconocida como ley mordaza¡ª que ultima el Gobierno eliminar¨¢ algunos puntos pol¨¦micos de la norma que aprob¨® en 2015 el PP, p...
Las manifestaciones celebradas de manera espont¨¢nea y pac¨ªfica en lugares p¨²blicos no tendr¨¢n sanci¨®n. Difundir im¨¢genes de polic¨ªas en concentraciones, si es con car¨¢cter informativo, no podr¨¢ ser castigado ni censurado previamente. Y los registros corporales no podr¨¢n implicar ¡°el desnudo parcial o total¡±. La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana ¡ªconocida como ley mordaza¡ª que ultima el Gobierno eliminar¨¢ algunos puntos pol¨¦micos de la norma que aprob¨® en 2015 el PP, pero no todos. El Ministerio del Interior quiere mantener las devoluciones en caliente de inmigrantes, pese a la oposici¨®n de Unidas Podemos, socio del Ejecutivo.
Los grupos parlamentarios que garantizaron, en 2018, la investidura de Pedro S¨¢nchez negocian desde hace meses las reformas necesarias para derogar los art¨ªculos m¨¢s controvertidos de la Ley de Seguridad Ciudadana. La norma fue aprobada con la mayor¨ªa absoluta del PP y recurrida ante el Tribunal Constitucional por seis grupos parlamentarios, entre ellos el PSOE, IU, ERC, y UPyD. El pasado noviembre, seis a?os despu¨¦s, el Tribunal Constitucional aval¨® casi todos los aspectos controvertidos de la norma.
El texto sobre el que discuten los grupos parlamentarios fue presentado por el PNV. Los socios de Gobierno se intercambian desde hace meses documentos para intentar consensuar un texto con garant¨ªas de lograr la mayor¨ªa necesaria en el Congreso. ¡°Las negociaciones van bien¡±, se?alan portavoces del PSOE. Enrique Santiago, el diputado de Unidas Podemos que defiende las enmiendas que su grupo ha presentado a la propuesta de los nacionalistas vascos, desconf¨ªa del Ministerio del Interior, que ya les ha manifestado su oposici¨®n a eliminar de la ley mordaza el rechazo a inmigrantes indocumentados en frontera sin asistencia jur¨ªdica de ning¨²n tipo. ¡°Nosotros ¡ªexplica Santiago¡ª pretendemos que la nueva Ley Org¨¢nica de Seguridad Ciudadana contemple que la dignidad de la persona y los derechos humanos sean la gu¨ªa de la intervenci¨®n policial¡±.
Estos son los puntos m¨¢s pol¨¦micos de la reforma:
Devoluciones en caliente. La Ley de Seguridad Ciudadana estableci¨® un r¨¦gimen especial en el tratamiento a inmigrantes indocumentados que entran en Ceuta y Melilla, de manera que pueden ser expulsados en la misma frontera sin asistencia jur¨ªdica: ¡°Los extranjeros que sean detectados en la l¨ªnea fronteriza de la demarcaci¨®n territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contenci¨®n fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podr¨¢n ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en Espa?a¡±.
El Constitucional aval¨® en noviembre esta medida bas¨¢ndose en un pronunciamiento de febrero de 2020 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: ¡°Los Estados pueden rechazar la entrada en su territorio de los extranjeros, incluido los peticionarios de asilo que, sin concurrir razones imperiosas, no hayan ajustado su conducta a estos mecanismos de entrada, sino que han buscado cruzar la frontera por lugares distintos a los habilitados, sobre todo pero no necesariamente cuando, como ocurre en este caso, se prevalieron de su gran n¨²mero y del uso de la fuerza¡±.
Y fij¨® unas condiciones para los rechazos en frontera, prohibiendo expresamente las devoluciones en caliente de determinados colectivos: ¡°Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad deber¨¢n prestar especial atenci¨®n a las categor¨ªas de personas especialmente vulnerables, entre las que se cuentan, con distinta proyecci¨®n e intensidad, las que aparenten manifiestamente ser menores de edad (sobre todo cuando no se encuentren acompa?ados por sus familiares), estar en situaci¨®n de mujer embarazada o resultar afectados por serios motivos de incapacidad, incluida la causada por la edad avanzada y personas encuadradas en la categor¨ªa de especialmente vulnerables¡±. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el grupo socialista quieren fijar estas condiciones que impone el Constitucional, pero manteniendo en todo caso en el nuevo texto la posibilidad de los rechazos en frontera.
Sin embargo, Enrique Santiago defiende prohibir las devoluciones en caliente y promueve un cambio legal de forma que ¡°todos aquellos inmigrantes que sean detectados en la l¨ªnea fronteriza mientras intentan superar los elementos de contenci¨®n, accedan a sus aguas territoriales o a sus costas tendr¨¢n derecho, en todo caso, a formalizar solicitud de protecci¨®n internacional as¨ª como acceder a todos aquellos instrumentos legales reconocidos en la legislaci¨®n para dichos supuestos¡±.
Manifestaciones. Tanto el PNV ¡ªque en su propuesta de reforma recoge que no constituir¨¢ il¨ªcito administrativo la celebraci¨®n en lugares de tr¨¢nsito p¨²blico de reuniones o manifestaciones espont¨¢neas y pac¨ªficas con ocasi¨®n de hechos o situaciones cuya respuesta por la opini¨®n p¨²blica no admita demora a costa de quedar obsoleta¡ª como Unidas Podemos y el PSOE defienden sacar de las causas de sanci¨®n administrativa las manifestaciones espont¨¢neas y pac¨ªficas. Adem¨¢s, Unidas Podemos ha presentado otra enmienda donde se puede leer: ¡°La carencia del tr¨¢mite previo de comunicaci¨®n en ning¨²n caso podr¨¢ ser causa para impedir el ejercicio del derecho de reuni¨®n¡±.
Protestas ante el Congreso. El art¨ªculo 36.2 de la ley vigente sanciona ¡°la perturbaci¨®n grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasi¨®n de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades aut¨®nomas, aunque no estuvieran reunidas¡±. Unidas Podemos propone derogar este art¨ªculo. El acuerdo con el PSOE no est¨¢ cerca en este punto.
Identificaci¨®n personal. Los grupos parlamentarios de la mayor¨ªa de la investidura est¨¢n de acuerdo en reducir el tiempo de retenci¨®n de una persona para su identificaci¨®n del m¨¢ximo de seis horas que se?ala ahora la ley a dos.
Registros corporales. El PSOE y Unidas Podemos coinciden en establecer una prohibici¨®n expresa en la reforma: ¡°Podr¨¢ practicarse el registro corporal externo y superficial de la persona, que en ning¨²n caso podr¨¢ implicar el desnudo parcial o total de la persona¡±.
Drogas en la v¨ªa p¨²blica. Unidas Podemos ha presentado una enmienda, que no cuenta de momento con el apoyo del PSOE, para eliminar la sanci¨®n prevista por ¡°el consumo o la tenencia il¨ªcitos de drogas t¨®xicas, estupefacientes o sustancias psicotr¨®picas, aunque no estuvieran destinadas al tr¨¢fico, en lugares, v¨ªas, establecimientos p¨²blicos o transportes colectivos¡±.
Grabaciones a polic¨ªas. La ley sanciona ¡°el uso no autorizado de im¨¢genes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes¡±. El Tribunal Constitucional consider¨® que el t¨¦rmino ¡°no autorizado¡± incorporaba una cesura previa que consider¨® inconstitucional. Tanto el PSOE como Unidas Podemos apoyan una reforma de este precepto para eliminar cualquier posibilidad de sanci¨®n por usar im¨¢genes de miembros de las Fuerzas de Seguridad con car¨¢cter informativo.
Sanciones m¨¢s bajas. La norma vigente establece que las sanciones de las faltas muy graves ir¨¢n de 30.001 a 600.000 euros; las graves acarrear¨¢n multas de 601 a 30.000 euros, y las leves, de 100 a 600 euros. La propuesta en la que est¨¢n de acuerdo Unidas Podemos y el PSOE es que las muy graves pasen a estar sancionadas con multas de 6.001 a 12.000 euros; las graves, de 301 a 6.000 euros y las leves, de 50 a 300 euros.
La norma del mill¨®n de multas y la ¡®patada en la puerta¡¯
En abril de 2020, durante el primer estado de alarma por el coronavirus, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mantuvo en el Congreso el compromiso del Gobierno y el PSOE de derogar la ley mordaza, aunque entonces ya aclar¨® que hab¨ªa preceptos ¡°que siempre tendr¨¢n que estar en la pr¨®xima ley¡±, en referencia al art¨ªculo 36.6, el aplicado para multar por falta grave ¡ªde 601 euros a 30.000¡ª a los que entonces burlaban las restricciones de movilidad. Durante los tres meses de aquel confinamiento, las Fuerzas de Seguridad propusieron 1,1 millones de multas y efectuaron m¨¢s de 9.000 detenciones en aplicaci¨®n de este art¨ªculo.
La polic¨ªa tambi¨¦n esgrimi¨® la Ley de Seguridad Ciudadana para entrar sin orden judicial, el pasado abril, en un piso de Madrid en el que se celebraba una fiesta ilegal. Para derribar la puerta de la vivienda, los polic¨ªas se ampararon en los art¨ªculos 9.13 y 16.1 de esta norma, que autoriza a los agentes a identificar a las personas cuando existan indicios de que han cometido una infracci¨®n y obliga a estas a identificarse; as¨ª como el art¨ªculo 16.5 de la misma ley, que recoge que en caso de no hacer esto ¨²ltimo podr¨ªan incurrir en un delito de desobediencia grave ¡°que posibilitar¨ªa su detenci¨®n¡±. Expertos juristas rechazaron entonces que estos art¨ªculos ampararan la actuaci¨®n de los agentes, que recordaba ¡°la patada en la puerta¡± que recogi¨® 30 a?os antes otra ley, la del ministro Jos¨¦ Luis Corcuera, y que fue declarada inconstitucional.
En su ¨²ltimo informe, del pasado mayo, el Defensor del Pueblo destac¨® las numerosas quejas presentadas por ¡°la forma en la que las Fuerzas de Seguridad¡± hicieron uso durante el confinamiento de la ley mordaza ¡°como herramienta sancionadora¡±. La instituci¨®n recalcaba su ¡°posici¨®n cr¨ªtica sobre la idoneidad¡± de esta norma al considerar que no estaba pensada para abordar la situaci¨®n planteada por el coronavirus. El informe destacaba que esta ley ¡°pod¨ªa suponer el pago de multas exorbitadas a personas que, adem¨¢s, hab¨ªan perdido el empleo o reducido dr¨¢sticamente sus ingresos como consecuencia de los demoledores efectos econ¨®micos de la pandemia¡±. El Defensor tambi¨¦n denunciaba que se utiliz¨® un ¨²nico art¨ªculo, el 36.6, para castigar ¡°todas las conductas contrarias a lo dispuesto en el real decreto por el que se decretaba el estado de alarma y sus distintas pr¨®rrogas¡±.
Por todo ello, la instituci¨®n insist¨ªa en pedir, como ya hab¨ªa hecho en anteriores informes anuales, la reforma ¡°de aquellos art¨ªculos que m¨¢s protestas y discrepancias han suscitado en la sociedad civil¡±. Y citaba los art¨ªculos 20.2, 37 y 36.23, referidos a los registros corporales, a los derechos de reuni¨®n y manifestaci¨®n, y de expresi¨®n e informaci¨®n. /?. L?PEZ-FONSECA