El confinamiento dispar¨® las quejas al Defensor del Pueblo por abusos policiales

Los supuestos excesos en la actuaci¨®n policial durante el confinamiento ocupan un lugar destacado en el ¨²ltimo informe anual del Defensor del Pueblo, remitido telem¨¢ticamente este jueves al Congreso y al Senado. El documento destaca que, en 2020, la instituci¨®n que dirige en funciones Francisco Fern¨¢ndez Marug¨¢n recibi¨® un n¨²mero de quejas por supuestos malos tratos o trato incorrecto por parte de agentes ¡°notablemente¡± superior a lo que era habitual en los ¨²ltimos ocho a?os. As¨ª, llegaron 38 denuncias de malos tratos frente a las 17 del a?o anterior o las 22 de 2018. Hay que remontarse a 2012 para encontrar una cifra cercana, pero a¨²n sensiblemente inferior. Entonces fueron 32.

Superior fue el n¨²mero de demandas por trato incorrecto, que alcanzaron las 206. En los dos a?os anteriores hab¨ªan sido 89 y 67 respectivamente. Nunca antes se hab¨ªa superado el centenar. El Defensor vincula este incremento al ¡°rol que ha debido asumir la polic¨ªa durante el estado de alarma y el rechazo de los ciudadanos a algunos comportamientos y denuncias interpuestas por presunta infracci¨®n de las limitaciones a la libertad de circulaci¨®n, sobre todo en el primer estado de alarma¡±, que se prolong¨® durante 98 d¨ªas entre el 14 de marzo de 2020 y el 21 de junio de ese mismo a?o.

Durante estos tres meses, colectivos pro derechos humanos ya denunciaron abusos policiales tras la difusi¨®n en redes sociales de v¨ªdeos que recog¨ªan supuestos episodios de excesos por parte de agentes durante el dispositivo desplegado para hacer cumplir las medidas de restricci¨®n de movimiento de los ciudadanos. El Ministerio del Interior reconoci¨® entonces en una respuesta parlamentaria que hab¨ªa abierto expediente a dos guardias civiles y cuatro polic¨ªas nacionales por actuaciones presuntamente irregulares. El propio ministro Fernando Grande-Marlaska admiti¨® tambi¨¦n durante su comparecencia en la Comisi¨®n de Interior del Congreso del 23 de abril del a?o pasado que se pod¨ªan haber producido un ¡°m¨ªnimo¡± n¨²mero de ¡°disfunciones e irregularidades¡± en la actuaci¨®n de las Fuerzas de Seguridad.

En este sentido, el nuevo informe del Defensor del Pueblo recoge el caso de dos sanitarios que realizaban en aquellas fechas labores de asistencia m¨¦dica de urgencia en Los Alc¨¢zares y San Javier (Murcia) y que ¡°sin motivo alguno que los justificara, recibieron un trato denigrante de varios agentes de la Polic¨ªa local por supuesto incumplimiento del confinamiento mientras desarrollaban su trabajo¡±. La instituci¨®n destaca que envi¨® dos sugerencias a ambos ayuntamientos para que dejaran sin efecto las sanciones impuestas por los agentes a ambos sanitarios, pero que estas ¡°no fueron aceptadas¡± por los consistorios.

El informe de Defensor tambi¨¦n destaca las numerosas quejas presentadas por ¡°la forma en la que las Fuerzas de Seguridad¡± aplicaron en esos meses las restricciones a la movilidad y por el uso que hicieron de la Ley Org¨¢nica de Seguridad Ciudadana ¡ªconocida como ley mordaza¡ª ¡°como herramienta sancionadora¡±. Y en concreto, su art¨ªculo 36.6, que contemplaba sancionar por falta grave ¡ªde 601 a 30.000 euros¡ª las desobediencias a las Fuerzas de Seguridad. Grande-Marlaska dej¨® claro desde el primer momento que Interior apostaba por la mano dura contra los ¡°insolidarios¡± durante el estado de alarma.

Con la Ley de Seguridad Ciudadana como instrumento base, su departamento puso en marcha una pol¨ªtica punitiva que dispar¨® el n¨²mero de sanciones y que llev¨® al Defensor a pedir, en abril del a?o pasado, informaci¨®n sobre las multas tramitadas para determinar si la polic¨ªa hab¨ªa actuado ¡°de manera correcta y proporcional¡±. Durante aquellos tres meses del primer estado de alarma, las Fuerzas de Seguridad propusieron 1,1 millones de multas y efectuaron m¨¢s de 9.000 detenciones. En 2019, el art¨ªculo 36.6 de esta ley se hab¨ªa utilizado para incoar tan solo 14.747 expedientes sancionadores.

En este sentido, la instituci¨®n recalca su ¡°posici¨®n cr¨ªtica sobre la idoneidad¡± de aplicar durante el confinamiento, como lo hizo el Gobierno, la ley mordaza al considerar que esta norma no estaba pensada para abordar la situaci¨®n que planteada por el coronavirus. El informe destaca que esta ley ¡°pod¨ªa suponer el pago de multas exorbitadas a personas que, adem¨¢s, hab¨ªan perdido el empleo o reducido dr¨¢sticamente sus ingresos como consecuencia de los demoledores efectos econ¨®micos de la pandemia¡±. El Defensor tambi¨¦n denuncia que se utiliz¨® un ¨²nico art¨ªculo, el 36.6, para castigar ¡°todas las conductas contrarias a lo dispuesto en el real decreto por el que se decretaba el estado de alarma y sus distintas pr¨®rrogas¡±

Por todo ello, la instituci¨®n insiste a pedir, como ya ha hecho en sus anteriores informes anuales, ¡°la reforma de algunos aspectos¡± de la ley mordaza y, en concreto, ¡°de aquellos art¨ªculos que m¨¢s protestas y discrepancia han suscitado en la sociedad civil¡± pese a que el Tribunal Constitucional aval¨®, el pasado noviembre, la norma en pr¨¢cticamente en todos sus extremos. La sentencia, aprobada por nueve votos a favor y dos en contra, solo elimin¨® por inconstitucional un inciso del art¨ªculo 36 de la ley, que persegu¨ªa el uso ¡°no autorizado¡± de grabaciones en las que aparecieran miembros de las Fuerzas de Seguridad.

El Defensor vuelve a recalcar la necesidad de reformar los art¨ªculos 20.2, 37 y 36.23, referidos a los registros corporales y los derechos de reuni¨®n y manifestaci¨®n, y de expresi¨®n e informaci¨®n. ¡°A pesar del tiempo transcurrido desde su entrada en vigor [la ley fue aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015] y las diversas mayor¨ªas parlamentarias que ha habido, sigue sin procederse a dicha reforma¡±, destaca la instituci¨®n, que incide en la necesidad de buscar ¡°acuerdos que permitan llevarla a cabo, al menos de aquellos art¨ªculos m¨¢s pol¨¦micos, y conseguir el adecuado equilibrio entre libertad y seguridad¡±.

Mientras esta reforma llega, el documento reclama que se sigan aplicando las recomendaciones emitidas en a?os anteriores a las delegaciones del gobierno, responsables de resolver los expedientes, para que realicen la pr¨¢ctica de todas aquellas pruebas que pudieran llevar a un mejor esclarecimiento de los hechos denunciados y, sobre todo, se precise por parte de los agentes ¡°con mayor exactitud la infracci¨®n cometida¡±. En este sentido, el informe recuerda tres quejas remitidas por ciudadanos a la instituci¨®n como ejemplo de la mala aplicaci¨®n de la ley mordaza durante el estado de alarma, entre ellas el inicio por parte del Ayuntamiento de Eivissa de un expediente sancionador contra el voluntario de una ONG que repart¨ªa alimentos en un local cedido por un particular en abril de 2020, durante el confinamiento.