El juez imputa al comisario Olivera por su supuesta implicaci¨®n en el boicot a la investigaci¨®n de G¨¹rtel

El juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n ha imputado al comisario Jos¨¦ Luis Olivera por los delitos de malversaci¨®n y prevaricaci¨®n por su supuesta implicaci¨®n en las maniobras para boicotear el caso G¨¹rtel, seg¨²n confirman fuentes jur¨ªdicas. El magistrado ha tomado esta decisi¨®n en el marco del caso Kitchen, donde indaga el espionaje ilegal al extesorero popular Luis B¨¢rcenas para robarle documentaci¨®n antes de que llegara a la Audiencia Nacional. Esta iniciativa del instructor llega despu¨¦s de que Manuel Morocho, el inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF) encargado de la investigaci¨®n de la red de corrupci¨®n que asola al PP desde 2009, narrase el martes c¨®mo sus superiores intentaron torpedear las pesquisas y c¨®mo Olivera, que actualmente ejerce como asesor de seguridad de la Real Federaci¨®n Espa?ola de F¨²tbol (RFEF), trat¨® de comprarle con el traslado a destinos mejor remunerados econ¨®micamente.

Garc¨ªa-Castell¨®n ha fijado el interrogatorio de Olivera a las 10.00 del pr¨®ximo 28 de junio. Seg¨²n ha previsto el juez, su declaraci¨®n se producir¨¢ un d¨ªa antes de que desfile por la Audiencia Nacional la exsecretaria general del PP, Mar¨ªa Dolores de Cospedal, citada el 29. Adem¨¢s, el 30 de junio, lo har¨¢ el marido de la expol¨ªtica, el empresario Ignacio L¨®pez del Hierro, y el 1 de julio, el comisario jubilado Jos¨¦ Manuel Villarejo y Francisco Mart¨ªnez, secretario de Estado de Seguridad durante la ¨¦poca de Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz al frente del Ministerio del Interior. Todos ellos se encuentran imputados por la Operaci¨®n Kitchen, la trama parapolicial urdida para espiar al extesorero popular Luis B¨¢rcenas cuando estall¨® el esc¨¢ndalo de los papeles de B¨¢rcenas y con el presunto objetivo de robarle material sensible que afectara a altos cargos del PP.

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n hace meses que se?al¨® a Olivera como sospechoso por su supuesta implicaci¨®n en la trama liderada por Villarejo. El ministerio p¨²blico considera que existen suficientes indicios de que ambos estaban al tanto de la Operaci¨®n Kitchen. Incluso subraya que constan en el sumario ¡°serios elementos indiciarios acerca de la posible existencia de acuerdos econ¨®micos entre la organizaci¨®n criminal en torno al Grupo Cenyt¡±, encabezada por Villarejo, y el propio Olivera. Este ¨²ltimo fue jefe de la UDEF hasta 2012, cuando pas¨® a estar al frente del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), que despu¨¦s se renombrar¨ªa como CITCO. De este puesto fue cesado en 2018, tras llegar Fernando Grande-Marlaska a Interior.

Morocho, principal investigador de la trama G¨¹rtel y autor de gran parte de los informes que han llevado al PP al banquillo, puso sobre la mesa el nombre de Olivera el pasado martes, cuando relat¨® al juez c¨®mo le presionaron durante a?os para quitar los nombres de dirigentes del partido de sus informes; c¨®mo lo sobrecargaron de trabajo y movieron de sitio para frenar las pesquisas y c¨®mo trataron de comprarlo con un destino mejor dotado econ¨®micamente. ¡°Me deja usted un panorama desolador¡±, lleg¨® a afirmar el magistrado al escuchar el testimonio del agente.

La llamada del ministro

El relato del inspector jefe de la UDEF impacta de lleno en la investigaci¨®n de Kitchen, cuyo inicio se fija en julio de 2013, ya que evidencia que los intentos del entorno del PP de torpedear el caso G¨¹rtel se remontan a mucho antes. Morocho afirma que en 2009 ya comenzaron las presiones p¨²blicas, pero que estas adquirieron otra dimensi¨®n en 2012 tras la llegada de los populares a La Moncloa. Seg¨²n ¨¦l, la c¨²pula policial empez¨® entonces a tratar de frenar sus indagaciones. Y, ante los intentos infructuosos, trataron de comprarlo. En ese sentido, el agente narr¨® c¨®mo en el verano de 2013, cuando ya hab¨ªa estallado el esc¨¢ndalo de la caja b tras publicar EL PA?S los conocidos como papeles de B¨¢rcenas, sus superiores le ofrecieron el traslado como agregado de Interior a alguna embajada, proponi¨¦ndole entre varias la de Lisboa, un puesto con una remuneraci¨®n que supera los 10.000 euros mensuales.

Seg¨²n la versi¨®n de Morocho, este intento de comprarlo lleg¨® a trav¨¦s del comisario Olivera, en un encuentro que mantuvieron en junio de 2013 en una cafeter¨ªa de Madrid. Durante la conversaci¨®n, seg¨²n dijo el inspector, Olivera recibi¨® una supuesta llamada del entonces ministro Fern¨¢ndez D¨ªaz, de la que dedujo que este le preguntaba precisamente por su conversaci¨®n con el responsable de la investigaci¨®n del caso G¨¹rtel: ¡°Hola, ministro. S¨ª, estoy con ¨¦l¡±, ha asegurado Morocho que dijo Olivera a su interlocutor. ¡°Ves, me llama hasta el ministro¡±, remach¨® al colgar. El abogado de Fern¨¢ndez D¨ªaz neg¨® que se produjese esta llamada entre su cliente y el mando policial.