El juez sienta en el banquillo a Ignacio Gonz¨¢lez por los campos de golf del ¡®caso Lezo¡¯

La presidenta de Madrid, Isabel D¨ªaz Ayuso, marca distancias con los anteriores presidentes regionales de su partido, al menos en los tribunales. La Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, pide 16 a?os de c¨¢rcel para el expresidente madrile?o Ignacio Gonz¨¢lez por la pieza del caso Lezo de corrupci¨®n sobre las irregularidades en la construcci¨®n de un campo de golf en los terrenos de la empresa p¨²blica de aguas Canal de Isabel II. Es la petici¨®n de pena m¨¢s alta de las cinco acusaciones presentadas, seg¨²n el auto de apertura de juicio oral notificado este viernes por el juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n.

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n reclama seis a?os para Gonz¨¢lez, as¨ª como para los otros cuatro acusados: Ildefonso de Miguel, gerente de la empresa p¨²blica Canal de Isabel II y hombre de m¨¢xima confianza de Gonz¨¢lez; Jos¨¦ Antonio Clemente, Pablo Manuel Gonz¨¢lez y Juan Jos¨¦ Caballero. Los dos ¨²ltimos son, respectivamente, el hermano y cu?ado del exdirigente popular. El Ayuntamiento de Madrid, tambi¨¦n gobernado por los populares, se ha adherido a la petici¨®n de la Fiscal¨ªa, mientras que el PSOE reclama 10 a?os para Gonz¨¢lez y el sindicato CCOO de Madrid, ocho. En esta pieza se ha investigado la adjudicaci¨®n supuestamente irregular, en 2004 y 2006, de sendos contratos para la construcci¨®n y mantenimiento del campo de golf del Canal de Isabel II, en la capital que permiti¨® a la trama presuntamente encabezada por el expresidente embolsarse m¨¢s de medio mill¨®n de euros.

La diferencia de penas es fruto de la diferente calificaci¨®n de los hechos que hace cada una de las acusaciones. As¨ª, los representantes legales de la Comunidad de Madrid consideran a Gonz¨¢lez y a los otros cuatro encausados autores de los delitos de fraude a las administraciones p¨²blicas, malversaci¨®n de caudales y cohecho. Anticorrupci¨®n, sin embargo, solo les acusa de dos delitos de cohecho, como el Consistorio madrile?o y CCOO, mientras que el PSOE les imputa tr¨¢fico de influencias con cohecho, prevaricaci¨®n administrativa y fraude.

Tras el auto de apertura de juicio oral del juez Garc¨ªa-Castell¨®n, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tendr¨¢ que poner fecha a la vista por los ama?os del campo de golf, que se suma a otras dos piezas del caso Lezo ya concluidas y pendientes de ser juzgadas. Una es la referida a la compra de la empresa brasile?a Emiss?o por el Canal de Isabel II en 2013, por lo que Gonz¨¢lez se enfrenta a una petici¨®n del fiscal de ocho a?os de c¨¢rcel. La segunda es la supuesta adjudicaci¨®n irregular, en 2007, a la empresa OHL de la obra p¨²blica del tren a Navalcarnero, en la que Anticorrupci¨®n pide para el expresidente cuatro a?os de c¨¢rcel.

El auto del juez conocido ayer describe la operativa de la trama, en cuya c¨²spide se situaba presuntamente Gonz¨¢lez, que en aquellos a?os presid¨ªa el consejo de administraci¨®n del Canal de Isabel II en su condici¨®n de vicepresidente de la Comunidad, cargo que ocup¨® desde 2003 a 2012, cuando asumi¨® la presidencia del Ejecutivo regional tras la salida de Esperanza Aguirre. Junto a ¨¦l, el relato de los hechos sit¨²a a Ildefonso de Miguel, gerente del Canal de Isabel II. Seg¨²n recog¨ªa en su escrito de acusaci¨®n la Fiscal¨ªa, ambos aprovecharon ¡°la preeminencia org¨¢nica y funcional de sus cargos¡± para propiciar de manera irregular cambios sustanciales en los concursos y acordar con la empresa adjudicataria la subcontrataci¨®n de Tecnoconcret Proyectos de Ingenier¨ªa, SL, entre cuyos socios estaban el hermano y el cu?ado del expresidente.

El primero de los contratos presuntamente ama?ados fue el adjudicado a la constructora Dragados para la ¡°consolidaci¨®n, impermeabilizaci¨®n y ajardinamiento¡± de los terrenos donde se iba a instalar el campo de golf. En 2004, un a?o despu¨¦s de la concesi¨®n, la trama modific¨® el proyecto y, en lugar de convocar una nueva licitaci¨®n como obligaba la ley, acord¨® con la constructora encargarle los nuevos trabajos a cambio de que subcontratara una parte, valorados en m¨¢s de tres millones de euros, a la empresa del hermano y el cu?ado de Gonz¨¢lez pese a que esta no ten¨ªa capacidad para realizarlos. De hecho, Tecnoconcret subcontrat¨® a su vez aquellos trabajos a otras dos compa?¨ªas (Onlygolf y Fieldturf Espa?a), a las que cobr¨® presuntamente una comisi¨®n del 8%, obteniendo as¨ª supuestamente un beneficio de 381.029 euros.

El segundo contrato bajo sospecha adjudicaba, por un periodo de cinco a?os, la gesti¨®n y explotaci¨®n de las instalaciones del campo de golf. El Canal de Isabel II lo adjudic¨®, en 2006, a una uni¨®n temporal de empresas (UTE) que inclu¨ªa a Tecnoconcret y a una sociedad de Dragados. Tras la adjudicaci¨®n, las sociedades de la UTE crearon la firma Green Canal Golf, que subcontrat¨® a Tecnoconcret el mantenimiento del c¨¦sped de la instalaci¨®n deportiva por un importe mensual de 9.875 euros. Esta, que tambi¨¦n carec¨ªa de capacidad para ejecutar ese trabajo, lo subcontrat¨® a su vez con Onlygolf por 7.941 euros al mes. De este modo, la sociedad de los familiares de Gonz¨¢lez logr¨® por su mera intermediaci¨®n un beneficio aproximado de 20%. En total, 123.752 euros.