El Estado devuelve a la Generalitat los 4,9 millones gastados en la consulta ilegal del 9-N

El Estado ha devuelto a la Generalitat los 4,9 millones de euros que, seg¨²n resolvi¨® el Tribunal de Cuentas por sentencia, la propia Administraci¨®n catalana malgast¨® en la organizaci¨®n de la consulta ilegal de autodeterminaci¨®n del 9 de noviembre de 2014. Esta suma est¨¢ ingresada ya en una cuenta accesible a la Administraci¨®n catalana, aunque de momento no puede utilizar el dinero hasta que se declare formalmente la firmeza de la sentencia condenatoria, procedimiento que a¨²n no se ha completa...

El Estado ha devuelto a la Generalitat los 4,9 millones de euros que, seg¨²n resolvi¨® el Tribunal de Cuentas por sentencia, la propia Administraci¨®n catalana malgast¨® en la organizaci¨®n de la consulta ilegal de autodeterminaci¨®n del 9 de noviembre de 2014. Esta suma est¨¢ ingresada ya en una cuenta accesible a la Administraci¨®n catalana, aunque de momento no puede utilizar el dinero hasta que se declare formalmente la firmeza de la sentencia condenatoria, procedimiento que a¨²n no se ha completado. La restituci¨®n efectiva de dichos fondos se completar¨¢ en breve, en cuanto el Tribunal de Cuentas concluya los ¨²ltimos tr¨¢mites.

El proceso se puso en marcha hace pocos d¨ªas, cuando el citado ¨®rgano fiscalizador de las cuentas p¨²blicas recibi¨® copia de las resoluciones por las que el Tribunal Supremo inadmiti¨® en julio ¨²ltimo los recursos del expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y otros implicados en dicho expediente de responsabilidad contable. Este paso implica que el fallo condenatorio dictado en su d¨ªa contra los investigados adquiere firmeza y entra en fase de ejecuci¨®n por parte del Tribunal de Cuentas.

En julio pasado los 4,9 millones ya quedaron a disposici¨®n de la Generalitat, en las condiciones citadas. Lo pidieron los propios investigados, para facilitar que esta suma no siguiera devengando intereses. Dado que fue la Generalitat la Administraci¨®n perjudicada por los gastos irregulares realizados para la celebraci¨®n de la consulta, ser¨¢ la que reciba la cantidad que el Tribunal de Cuentas estima debida y obligadamente recuperada para las arcas p¨²blicas catalanas. Lo parad¨®jico de la situaci¨®n es que la Generalitat en ning¨²n momento formul¨® reclamaci¨®n alguna en relaci¨®n con el destino dado a los fondos que se utilizaron para organizar el 9-N.

Una parte importante de esos fondos fueron invertidos en la adquisici¨®n de 7.000 ordenadores utilizados para recoger datos sobre los resultados de la consulta, y luego empleados como dotaci¨®n de centros educativos. Las defensas se remitieron a este dato durante el proceso para sostener que el dinero invertido en dichos port¨¢tiles no pod¨ªa considerarse irregularmente gastado, puesto que termin¨® formando parte del equipamiento de las escuelas de Catalu?a.

El Tribunal de Cuentas, por su parte, consider¨® probado que los ordenadores se usaron para facilitar la consulta, y por tanto se pusieron al servicio de un fin il¨ªcito, como fue llevar a cabo una iniciativa prohibida por el Tribunal Constitucional, que a su vez fue deso¨ªdo. A resultas de ello se inici¨® tambi¨¦n un proceso penal que concluy¨® con la condena de Artur Mas, y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau por delito de desobediencia, por el que el Supremo les impuso penas de 13, 9 y 6 meses de inhabilitaci¨®n, respectivamente. Posteriormente, el exconsejero Francesc Homs fue condenado tambi¨¦n a 13 meses de inhabilitaci¨®n, en proceso aparte, como aforado al ser entones portavoz del PDeCat en el Congreso.