El di¨¢logo aguanta la presi¨®n judicial

Han pasado tres largos a?os desde entonces. En septiembre de 2018, en una sesi¨®n de control en el Congreso de los Diputados, Joan Tard¨¢, portavoz de ERC, dej¨® muy claro lo que ten¨ªa que hacer el Gobierno si quer¨ªa su apoyo. ¡°Inste a la fiscal general del Estado a retirar la acusaci¨®n de rebeli¨®n para negociar los presupuestos¡±, emplaz¨® al presidente.

S¨¢nchez nunca lo hizo. Al PSOE le cost¨® mucho convencer a ERC de que deb¨ªa de dejar de condicionar la legislatura a lo que sucediera en el Tribunal Supremo. Cada decisi¨®n del tribunal o de la fiscal¨ªa generaba enormes tensiones. Cada vez que PSOE y ERC intentaban un acercamiento y consolidar un proceso de di¨¢logo, una decisi¨®n judicial devolv¨ªa todo a la casilla de salida.

Tanto que en el PSOE, Unidas Podemos y ERC se instal¨® la idea de que la justicia, o al menos un sector conservador cercano al PP, estaba trabajando para debilitar al Gobierno. Esa convicci¨®n lleg¨® al m¨¢ximo cuando 48 horas antes del pleno de investidura de Pedro S¨¢nchez, cuando ya estaba todo cerrado entre el PSOE y ERC despu¨¦s de una compleja negociaci¨®n, la Junta Electoral Central, formada sobre todo por magistrados, decidi¨® inhabilitar a Quim Torra en plenas vacaciones navide?as, el 4 de enero de 2020.

Ah¨ª se fragu¨® un pacto de fondo que, con altibajos, a¨²n sobrevive hoy, cuando el ¨²ltimo ¡°accidente¡±, como lo llaman en el Gobierno ¡ªla detenci¨®n de Carles Puigdemont en la isla italiana de Cerde?a¡ª ha reinstaurado la sensaci¨®n de que se pod¨ªa volver a la casilla de salida. El acuerdo entre los grupos liderados por Pedro S¨¢nchez y Oriol Junqueras es sencillo: el di¨¢logo y la negociaci¨®n no se puede parar por causas ajenas a los negociadores. Y las decisiones judiciales y de la fiscal¨ªa lo son, explican fuentes del Ejecutivo y de ERC.

Una frase de Junqueras el pasado viernes, un d¨ªa clave en el que decidi¨® salir en varios medios de comunicaci¨®n para trasladar la idea de que el di¨¢logo no se detiene, llam¨® mucho la atenci¨®n en el Gobierno, porque confirm¨® los mensajes que les trasladan de forma discreta desde ERC. ¡°Hay poderes del Estado que trabajan con ah¨ªnco para intentar dinamitar cualquier posibilidad de acuerdo. Yo no romper¨ªa en ning¨²n caso ninguna mesa de negociaci¨®n. Romper la negociaci¨®n no nos ayuda nada y lo empeora todo¡±.

Esta idea resume lo que ERC le est¨¢ diciendo al Gobierno en privado: pase lo que pase en el frente judicial, e incluso en el pol¨ªtico, con un sector del independentismo y a la vez la oposici¨®n del PP y Vox intentando dinamitar el di¨¢logo, Junqueras, Pere Aragon¨¦s y la c¨²pula de ERC aguanta.

Y el Gobierno, a cambio, ha trasladado la idea de que har¨¢ todo lo que est¨¦ en su mano para facilitar el di¨¢logo, como demostraron con los indultos a los condenados por el proc¨¦s. ¡°La pol¨ªtica abandon¨® el campo y la justicia lo ocup¨® todo. Ahora toca que la pol¨ªtica vaya ganando terreno¡±, resume un miembro del Gobierno.

En este momento el Ejecutivo tiene pendiente una decisi¨®n importante: recurrir o no el decreto de la Generalitat que permite avalar las fianzas millonarias impuestas por el Tribunal de Cuentas a los principales dirigentes independentistas. Este fue el ¨²ltimo de los episodios de tensi¨®n que tampoco fren¨® el di¨¢logo.

En casi todas las conversaciones pol¨ªticas entre el Ejecutivo y ERC est¨¢ presente el escenario judicial. Adem¨¢s de Puigdemont, que es el principal desaf¨ªo, hay dirigentes importantes de este partido que tienen causas pendientes, y la secretaria general, Marta Rovira, sigue en Suiza huida de la justicia espa?ola.

Todas esas conversaciones llegan siempre al mismo punto: el Gobierno no controla ni siquiera a la fiscal¨ªa del Supremo, as¨ª que ERC debe dejar esas decisiones fuera del di¨¢logo. En el proceso tambi¨¦n ha habido malentendidos fuertes. Por ejemplo, el Gobierno crey¨® que era un gesto claro que la abogac¨ªa del Estado pasara de acusar de rebeli¨®n a sedici¨®n a los presos del proc¨¦s, una decisi¨®n pol¨¦mica que acab¨® con Edmundo Bal, hasta entonces encargado del caso, fuera de la abogac¨ªa del Estado y poco despu¨¦s en Ciudadanos. Pero ERC lo vio como una agresi¨®n, porque ellos quer¨ªan que la abogac¨ªa solo acusara de malversaci¨®n.

El problema fundamental para gestionar pol¨ªticamente estas situaciones es que el Ejecutivo no tiene forma de prever las decisiones judiciales. ¡°El problema que tiene el Gobierno es que no controla los tiempos de ese proceso¡±, admiten fuentes judiciales.

De hecho, es Puigdemont, que no quiere negociar con el Gobierno y con el que el Ejecutivo no tiene ninguna intermediaci¨®n, quien domina las decisiones sobre su proceso. Es ¨¦l quien ha decidido viajar a Italia, origen del problema, y quien puede tambi¨¦n controlar su propio proceso. Incluso podr¨ªa en alg¨²n momento presentarse o intentar que se le pueda juzgar solo por algunos delitos en Espa?a si hay una entrega limitada de alg¨²n pa¨ªs. Estas fuentes judiciales se?alan que no es cierta la teor¨ªa de que la justicia revienta la negociaci¨®n, porque por ejemplo el Supremo podr¨ªa haber complicado mucho los indultos si hubiera planteado una cuesti¨®n de constitucionalidad, algo que no hizo. Lo previsible adem¨¢s es que el Supremo no tumbe esta medida de gracia. Aun as¨ª, desde el Ejecutivo y ERC lo ven de manera muy diferente, y est¨¢n convencidos de que el escenario se complicar¨¢ todav¨ªa m¨¢s porque el proceso judicial tiene a¨²n muchos frentes abiertos.

En cualquier caso en el Ejecutivo se nota cierto optimismo pese a las dificultades. Los ministros y dirigentes consultados est¨¢n sorprendidos por la resistencia de ERC frente a la presi¨®n de Junts. Y ven al independentismo m¨¢s duro cada vez m¨¢s debilitado frente a la apuesta de ERC por el di¨¢logo. La ¨²ltima muestra fue la decisi¨®n de cancelar la manifestaci¨®n a favor de Puigdemont prevista para hoy, para ¡°concentrar los esfuerzos en el pr¨®ximo 1 de octubre¡±. El Ejecutivo est¨¢ convencido de que este esfuerzo por el di¨¢logo ser¨¢ premiado por la sociedad catalana, y pronto lo reflejar¨¢n las encuestas. De momento ya hay datos objetivos de sus efectos: los delitos de odio relacionados con ideolog¨ªa bajaron un 62% en Barcelona en 2020. El Ejecutivo y ERC aguantan as¨ª el pulso. El pr¨®ximo paso ser¨¢n los Presupuestos