La Fiscal¨ªa pide archivar la causa contra cinco de los seis polic¨ªas imputados por la patada en la puerta del ¡®caso Lagasca¡¯
El ministerio p¨²blico pide mantener la investigaci¨®n ¨²nicamente contra el jefe del operativo. La acusaci¨®n reclama que testifique Grande-Marlaska
La Fiscal¨ªa de Madrid ha propuesto este viernes al juez que instruye la causa contra los seis polic¨ªas nacionales que irrumpieron sin autorizaci¨®n judicial, el 21 de marzo, en un piso de la calle Lagasca de Madrid para poner fin a una fiesta que contraven¨ªa las normas del estado de alarma, que archive la causa contra cinco de ellos y solo mantenga como investigado por un presunto delito de allanamiento de morada al subinspector que dirig¨ªa el operativo. En el mismo acto procesal, previo al env¨ªo de la causa a la Audiencia Provincial para que sea enjuiciada por un tribunal del jurado, las defensas han pedido el sobreseimiento para todos ellos, mientras que la acusaci¨®n particular, que representa a uno de los participantes en la fiesta que fue detenido aquel d¨ªa, ha pedido que se mantenga la imputaci¨®n de todos. Esta ¨²ltima tambi¨¦n ha solicitado que se tome declaraci¨®n como testigo al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, seg¨²n detallan fuentes jur¨ªdicas presentes.
El acto se ha celebrado despu¨¦s de que el pasado 19 de septiembre el titular del Juzgado de Instrucci¨®n 28 de Madrid, Jaime Serret, dictase un auto en el que procesaba a los seis agentes al considerar que hab¨ªa indicios ¡°s¨®lidos¡± de la presunta comisi¨®n de un delito de allanamiento de morada. En su resoluci¨®n, el magistrado conclu¨ªa que era ¡°incontrovertido¡± que la noche de aquel d¨ªa de marzo, poco antes de la una de la madrugada, los polic¨ªas entraron en el piso tras tirar la puerta con un ariete para detener a los j¨®venes que estaban en la fiesta ¡°a pesar de que no ten¨ªan ni consentimiento de los moradores, ni autorizaci¨®n judicial¡±.
En su intervenci¨®n en la audiencia de este viernes, la Fiscal¨ªa ha justificado su petici¨®n de sobreseer la causa contra cinco agentes en que estos ¡°actuaron en cumplimiento de una orden de un superior jer¨¢rquico¡± y, por tanto, est¨¢n eximidos de responsabilidad penal. Sobre el subinspector, el ministerio p¨²blico ha recalcado que se mantienen los indicios de que entr¨® ¡°sin consentimiento¡± en el piso y, por tanto, presuntamente cometi¨® un delito de allanamiento de morada. En su declaraci¨®n como imputado, el pasado 17 de septiembre, este polic¨ªa hab¨ªa admitido que la decisi¨®n de tirar la puerta abajo fue suya como m¨¢ximo responsable del operativo. No obstante, durante aquel interrogatorio, el agente recalc¨® que su intervenci¨®n estuvo amparada ¡°por la legalidad¡± y, en concreto, por sendas ¨®rdenes internas dictadas por el Ministerio del Interior y la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa en las que se instaba a los agentes a adoptar ¡°todas las medidas necesarias¡± para que se respetaran las restricciones acordadas por el Gobierno para minimizar el riesgo de expansi¨®n del coronavirus.
La Fiscal¨ªa tambi¨¦n ha solicitado una bater¨ªa de pruebas para continuar la instrucci¨®n de la causa antes de su env¨ªo a juicio que incluye la toma de declaraci¨®n de, al menos, nueve personas, entre ellas el propietario de la vivienda y una segunda persona que figura en el contrato de alquiler del piso en el que se celebraba la fiesta. Tambi¨¦n reclama documentaci¨®n sobre la vivienda y los pagos realizados, y que el Ayuntamiento de Madrid certifique qu¨¦ personas figuran como empadronadas en la vivienda. Con ello, el ministerio p¨²blico pretende aclarar si, como recog¨ªan los agentes en sus informes, la vivienda era en realidad un piso tur¨ªstico que, adem¨¢s, se utilizaba para celebraciones prohibidas por el estado de alarma o la vivienda habitual del joven que present¨® la querella, como afirma este. La Abogac¨ªa del Estado, que defiende a cuatro de los agentes, destacaba en un reciente recurso que el contrato que este inquilino present¨® como prueba de que no era un piso tur¨ªstico ¡°no est¨¢ firmado por ninguna de las partes¡± y suger¨ªa que pod¨ªa ¡°ser un documento creado para su aportaci¨®n con la querella¡±.
El ministerio p¨²blico tambi¨¦n pide que testifique el matrimonio que reside en el piso inferior al lugar donde se celebr¨® la fiesta, y que fue el que alert¨® a la polic¨ªa, as¨ª como cinco de los 14 participantes en ella. En concreto, los que, cuando los agentes entraron en la vivienda, afirmaron que ellos hab¨ªan querido salir cuando les pidieron que se identificaran, pero que varios de sus compa?eros se lo impidieron. Los agentes aseguraron durante su declaraci¨®n ante el juez que, de las 14 personas que hab¨ªa dentro de la vivienda, varias hab¨ªan intentado abandonarla, pero que, seg¨²n se escuchaba a trav¨¦s de la puerta, otros no les dejaban. Los polic¨ªas a?adieron que ello les llev¨® a concluir que, adem¨¢s del supuesto delito de desobediencia grave que estar¨ªan cometiendo los ocupantes del piso por no querer identificarse, pod¨ªa estar produci¨¦ndose otro de coacciones.
Por su parte, el abogado que representa al querellante, Juan Gonzalo Ospina, ha solicitado que el juez tome declaraci¨®n a Grande-Marlaska para ¡°acreditar que [el Ministerio del] Interior nunca emiti¨® ninguna orden o autorizaci¨®n previa para irrumpir en domicilios en el escenario de fiestas covid¡±. Tambi¨¦n ha solicitado la declaraci¨®n el representante jur¨ªdico y la directora de una academia de preparaci¨®n para el acceso a la polic¨ªa, dirigida por la esposa de uno de los agentes, para ¡°conocer el grado y conocimientos jur¨ªdicos¡± de los imputados. Por ¨²ltimo, ha pedido abundante documentaci¨®n sobre los temarios oficiales que estudian los polic¨ªas durante su paso por la Academia de ?vila antes de jurar el cargo.
Las defensas de los seis agentes, a cuatro de los cuales representa la Abogac¨ªa del Estado, han pedido el archivo de la causa para todos ellos, adem¨¢s de adherirse a las peticiones de la Fiscal¨ªa y reclamar m¨¢s documentaci¨®n sobre el contrato de alquiler de la vivienda. Tambi¨¦n han solicitado que se reclame a la Polic¨ªa Nacional los partes elaborados por la oficina del 091 de las llamadas que recibieron de los vecinos alertando de que se celebraba la fiesta en aquel piso. El juez debe pronunciarse en los pr¨®ximos d¨ªas sobre todas las diligencias solicitadas y las peticiones de archivo.
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