Los polic¨ªas imputados por irrumpir en una fiesta con una patada en la puerta durante la pandemia: ¡°Era la ¨²nica forma de poner fin al delito¡±

Los seis polic¨ªas nacionales que el pasado 21 de marzo irrumpieron por la fuerza en una vivienda de la calle Lagasca de Madrid en la que se estaba celebrando una fiesta privada que contraven¨ªa las medidas sanitarias del estado de alarma entonces en vigor han declarado este viernes ante un juez de Madrid como imputados por allanamiento de morada y da?os. Los agentes han justificado la entrada en el domicilio derribando la puerta con un ariete y sin autorizaci¨®n judicial como la ¨²nica medida posible para impedir un delito de desobediencia ¡ªel supuestamente cometido por los ocupantes de la casa que se negaban a abrir la puerta¡ª, y han asegurado que actuaron conforme a derecho. ¡°Era la ¨²nica forma de poner fin al delito¡±, asegur¨® uno de ellos, seg¨²n fuentes presentes en la declaraci¨®n. Cuando salt¨® la pol¨¦mica d¨ªas despu¨¦s del suceso, el Ministerio del Interior defendi¨® que los agentes hab¨ªan intervenido dentro de la legalidad y esgrimi¨® que la vivienda ¡°no constituir¨ªa morada¡± al tratarse supuestamente de un inmueble tur¨ªstico y que, por tanto, no era necesaria la autorizaci¨®n judicial para entrar. Este argumento fue rechazado p¨²blicamente por numerosos juristas.

Los agentes han asegurado que, seg¨²n su criterio, la casa en la que irrumpieron no ten¨ªa car¨¢cter de morada pues, seg¨²n hab¨ªan denunciado otros vecinos de inmueble, se trataba de un piso tur¨ªstico que se utilizaba de jueves a domingo para celebrar fiestas ilegales. En este sentido, los polic¨ªas se comprometieron ante el juez a aportar a la causa los partes policiales elaborados por dos visitas anteriores que otros agentes hab¨ªan tenido que hacer al mismo piso por las quejas de los vecinos. Adem¨¢s, destacaron que su convencimiento de que no se trataba de un domicilio, sino de un inmueble destinado a celebraciones entonces prohibidas por las normas para minimizar el riesgo de expansi¨®n de la covid-19, hab¨ªa otros elementos: no hab¨ªa un nombre en el buz¨®n que le correspond¨ªa y este se encontraba lleno de publicidad. Tambi¨¦n apreciaron que la entrada en la vivienda no se hac¨ªa con una llave, sino a trav¨¦s de un cajet¨ªn con una clave alfanum¨¦rica.

Seg¨²n las fuentes presentes en el interrogatorio, el titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 28 de Madrid, Jaime Serret, les ha preguntado si en lugar de entrar en la vivienda por la fuerza no se plantearon tramitar el incidente como una denuncia por una infracci¨®n administrativa. Ellos han declarado que trataron durante media hora de convencer a los ocupantes del piso para que se identificaran y que no lo consiguieron y han recalcado que si hubieran abierto la puerta y se hubieran identificado el incidente hubiera quedado ah¨ª. Adem¨¢s, los agentes observaron otras circunstancias agravantes, pues consideraban que se pod¨ªa estar produciendo un posible delito de lesiones por las molestias a uno de los vecinos que estaba enfermo y no pod¨ªa descansar, adem¨¢s de tener en cuenta que hab¨ªa un riesgo para la salud p¨²blica porque en el interior hab¨ªa personas no convivientes y el riesgo que supon¨ªa para la expansi¨®n del coronavirus. Tambi¨¦n relataron que de las 14 personas que hab¨ªa dentro de la vivienda, cinco de ellos hab¨ªan intentado salir, pero que, seg¨²n se escuchaba a trav¨¦s de la puerta, el resto no les dejaba. Los agentes dedujeron que se les pod¨ªa estar reteniendo en contra de su voluntad.

El juez les ha preguntado si no valoraron montar un dispositivo de custodia en la entrada de la vivienda en lugar de tirar la puerta abajo, con dos agentes que aguardaran en la puerta a que salieran del piso los ocupantes. Los polic¨ªas han contestado que no, pues consideraron que eso era una medida ¡°ineficaz¡±. En este sentido, los seis agentes han coincidido en se?alar en que hicieron un uso progresivo de medios, primero convencer, luego manipular la cerradura para abrirla y, finalmente, usaron el ariete para derribar la puerta. El abogado de la acusaci¨®n, Juan Gonzalo Espina, les ha preguntado a todos si se arrepent¨ªan y ellos han recalcado que actuaron ¡°conforme a derecho¡±. ¡°Era una situaci¨®n excepcional¡±, ha recalcado uno de los agentes.

Los agentes fueron citados como imputados a ra¨ªz de una querella formulada por uno de los ocupantes del piso. La decisi¨®n se produce despu¨¦s de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenase, en junio, a otro juez que archivase la causa abierta contra los nueve j¨®venes que fueron detenidos aquella noche en la vivienda y apuntase en su auto que los polic¨ªas pod¨ªan haber cometido ¡°un exceso en el ejercicio de la autoridad¡±. Los magistrados se?alaron tambi¨¦n entonces la necesidad de investigar la actuaci¨®n de los agentes por si ¡°pudiera ser constitutiva de infracci¨®n penal¡±.

Aquella intervenci¨®n policial gener¨® una enorme pol¨¦mica tras difundirse en las redes sociales, d¨ªas despu¨¦s del suceso, las im¨¢genes grabadas por una de las ocupantes de la vivienda. En el v¨ªdeo se ve¨ªa a una joven negarse a abrir la puerta si los agentes no llevaban un mandamiento judicial. Tras un intercambio de palabras, los polic¨ªas derribaron la puerta con un ariete. Nueve de las 14 personas que participaban en la fiesta fueron detenidas y acusadas de un delito de desobediencia grave a la autoridad, aunque quedaron horas despu¨¦s en libertad. En su informe, los polic¨ªas recalcaban que su actuaci¨®n hab¨ªa estado amparada, entre otros preceptos legales, por la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza y que fue avalada por el Tribunal Constitucional el pasado enero.

Tras el suceso, la polic¨ªa remiti¨® el atestado de lo ocurrido a los juzgados de plaza de Castilla, y la causa recay¨® en el Juzgado de Instrucci¨®n 4 de Madrid, cuyo titular, Marcelino Sexmero, acord¨® el pasado abril abrir diligencias contra los nueve detenidos por los delitos de resistencia o desobediencia a la autoridad y coacciones. La decisi¨®n fue respaldada por la Fiscal¨ªa. En paralelo, uno de los detenidos present¨® una querella contra los seis agentes que intervinieron para poner fin a la fiesta ilegal. En la misma se acusaba a los agentes de un delito de allanamiento de morada al considerar que aquel d¨ªa no estaban autorizados legalmente para derribar la puerta y entrar. ¡°La conducta denunciada supone la lesi¨®n de la inviolabilidad domiciliaria del inquilino de la vivienda en la medida que los funcionarios querellados procedieron sin causa justificada a asediar violentamente el domicilio logrando, finalmente, acceso al interior del mismo¡±, recog¨ªa el escrito.

Aquella querella recay¨® en el juzgado del magistrado Serret, que abri¨® una investigaci¨®n el 13 de julio. El juez, adem¨¢s de citar a los agentes, ha llamado tambi¨¦n a declarar al autor de la denuncia y a dos testigos. Se trata de dos de las personas que estaban aquella noche en el interior del piso, entre ellas la joven que se ve en las im¨¢genes discutir a trav¨¦s de la puerta con los polic¨ªas. Adem¨¢s, el magistrado ha pedido al juzgado que instruy¨® la causa archivada contra los participantes en la fiesta ilegal que le remita la documentaci¨®n recabada en la misma. Finalmente, el juez ordena que se tasen pericialmente los da?os causados en la vivienda al ser derribada la puerta con un ariete.

Las declaraciones de este viernes se han producido unas semanas antes de que otro juez de Madrid interrogue a otros 12 polic¨ªas que, en la madrugada del 9 de diciembre, entraron tambi¨¦n sin orden judicial en otra vivienda de la capital a la que hab¨ªan acudido alertados por un vecino que aseguraba o¨ªr gritos. Los cinco ocupantes de la casa, que aseguraron estar celebrando el cumplea?os de uno de ellos, fueron detenidos por atentado a la autoridad tras ser acusados de impedir su identificaci¨®n y resistirse al arresto. Ellos, a su vez, han denunciado a los agentes por allanamiento de morada al considerar que no cometieron ning¨²n delito que justificara la entrada en el piso.