Seis polic¨ªas y un exrecluso para destapar la trastienda del ¡®caso Kitchen¡¯

Quince personas comparecer¨¢n, a partir del 20 de octubre, ante la comisi¨®n del Congreso que investiga la Operaci¨®n Kitchen, el espionaje ilegal al que fue sometido a partir de 2013 Luis B¨¢rcenas para sustraerle la supuesta documentaci¨®n comprometedora del PP que pudiera ocultar. En la lista, siete pol¨ªticos o antiguos altos cargos del Gobierno, entre ellos el expresidente Mariano Rajoy, la que fuera su mano derecha en el partido, Mar¨ªa Dolores de Cospedal, y el exministro de Interior Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, y el director de una c¨¢rcel. Pero tambi¨¦n, seis polic¨ªas y un antiguo recluso, en los que, seg¨²n coinciden en se?alar varios diputados que integran la comisi¨®n, se han depositado buena parte de sus esperanzas de obtener informaci¨®n relevante que aclare la trastienda de la trama.

El comisario que acus¨® a Rajoy. El primero en comparecer ser¨¢ el comisario jubilado Jos¨¦ Manuel Villarejo, pieza clave en la Operaci¨®n Kitchen y que ya acudi¨® al Congreso el 27 de mayo, durante las anteriores sesiones de la comisi¨®n. Entonces, su testimonio gener¨® muchas suspicacias, sobre todo porque no aport¨® pruebas. As¨ª, afirm¨® que intercambi¨® mensajes de tel¨¦fono con Rajoy sobre el operativo. Cuando un diputado le pregunt¨® si ten¨ªa documentaci¨®n que probase ese intercambio, Villarejo se limit¨® a decir que ¡°todo¡± estaba en sus archivos ¡ªintervenidos por la Polic¨ªa cuando fue detenido en noviembre de 2017¡ª y que lo demostrar¨ªa en un futuro juicio. Aquella declaraci¨®n provoc¨® que el juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, instructor del caso Kitchen, le llamara a declarar d¨ªas despu¨¦s. Ante el juez, el comisario insisti¨® en ese relato. Ante la falta de nuevas pruebas, el juez decidi¨® no continuar la investigaci¨®n sobre esos supuestos contactos.

El polic¨ªa que colabora con la justicia. El segundo, ese mismo d¨ªa, ser¨¢ otro comisario jubilado, Enrique Garc¨ªa Casta?o, El Gordo, que en el momento en que se espi¨® al extesorero era el jefe de la Unidad de Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Polic¨ªa, especializada en seguimientos. Ante el juez, Garc¨ªa Casta?o ha reconocido su implicaci¨®n y colabora con la investigaci¨®n. De hecho, ¨¦l facilit¨® la informaci¨®n que permiti¨® localizar las actas notariales en las que el ex n¨²mero dos de Interior, Francisco Mart¨ªnez, dej¨® constancia del intercambio de mensajes que mantuvo con el exministro Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz sobre la Operaci¨®n Kitchen, y que provocaron la imputaci¨®n de este. Garc¨ªa Casta?o, como Villarejo, ya compareci¨® en la comisi¨®n. A preguntas de los diputados, implic¨® en el operativo tanto a Mart¨ªnez como a Fern¨¢ndez D¨ªaz. Incluso mostr¨® su convencimiento de que Rajoy y Cospedal estaban al tanto. La informaci¨®n que facilit¨® sorprendi¨® a los diputados que esperan que, de nuevo, mantenga su actitud colaboradora.

El alto mando que condecor¨® a Morocho. Jos¨¦ Garc¨ªa Losada fue el m¨¢ximo responsable de la Comisar¨ªa General de Polic¨ªa Judicial entre julio de 2012 y el 18 de octubre de 2013, durante parte de la etapa de Fern¨¢ndez D¨ªaz en Interior. De esa comisar¨ªa depende la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF), responsable de la investigaci¨®n del caso G¨¹rtel y, por tanto, Garc¨ªa Losada era el jefe del inspector jefe Manuel Morocho, a quien la trama Kitchen intent¨® apartar de la investigaci¨®n ofreci¨¦ndole puestos mejor remunerados y, posteriormente, sobrecarg¨¢ndole de trabajo. En septiembre de 2013, Garc¨ªa Losada propuso que se concediera a Morocho una medalla por su labor. D¨ªas despu¨¦s, fue destituido. Fuentes policiales se?alan que este comisario rechaz¨® las supuestas presiones para retirar a Morocho del caso G¨¹rtel.

El preso que ofreci¨® sus servicios a B¨¢rcenas. Isidro S¨¢nchez, un recluso de nacionalidad colombiana condenado por tr¨¢fico de drogas y falsificaci¨®n, entabl¨® relaci¨®n con B¨¢rcenas cuando este ingres¨® por primera vez en la c¨¢rcel de Soto del Real (Madrid), en junio de 2013. La comisi¨®n espera de ¨¦l conocer los detalles del supuesto espionaje al que se someti¨® al extesorero en el centro penitenciario. Seg¨²n B¨¢rcenas, fue a S¨¢nchez a quien pag¨® al menos 2.500 euros en 2014 para destruir una copia del supuesto audio que incriminaba a Rajoy y que supuestamente ten¨ªa en la nube [almacenaje virtual inform¨¢tico]. Para realizar el encargo, el entonces recluso iba a aprovechar un permiso. Horas despu¨¦s de salir de la c¨¢rcel, fue detenido por otra causa. Cuando fue llamado a declarar por el juez, S¨¢nchez admiti¨® que B¨¢rcenas se interes¨® por sus conocimientos inform¨¢ticos, pero neg¨® que fuera para borrar archivos: ¡°Me pregunt¨® si era capaz de borrar datos de Google que perjudicaban a la mujer [Rosal¨ªa Iglesias, tambi¨¦n condenada por el caso de corrupci¨®n], como v¨ªdeos, noticias...¡±. Sobre el dinero recibido, acus¨® a una tercera persona de qued¨¢rselo. En la actualidad, S¨¢nchez se encuentra en libertad.

El agente que el juez rechaz¨® interrogar. El polic¨ªa Enrique Luis B¨¢ez Tabasco asegura haber participado en los seguimientos al entorno familiar de B¨¢rcenas. B¨¢ez Tabasco perteneci¨® hasta septiembre de 2013 al ?rea Especial de Seguimientos de la UCAO que dirig¨ªa el comisario Garc¨ªa Casta?o y, por tanto, su intervenci¨®n en el espionaje del extesorero fue corta en el tiempo. Pese a ello, en septiembre de 2019 envi¨® a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n dos correos electr¨®nicos en los que se ofrec¨ªa a declarar y aseguraba que su salida de aquella unidad fue debida, precisamente, a este ¡°servicio¡±. Fuentes policiales aseguran, sin embargo, que sus jefes le invitaron a dejar el puesto por su falta de pericia. En la actualidad, est¨¢ en excedencia destinado en la agencia europea de control de fronteras (Frontex). Anticorrupci¨®n pidi¨® en julio que testificara en la causa, pero el juez lo rechaz¨®. En un auto, el magistrado critic¨® que la fiscal¨ªa hubiera tardado m¨¢s de 10 meses en informarle la existencia de ese testigo y concluy¨® que ¡°la declaraci¨®n pretendida no aporta nada relevante en este momento.

El inspector jefe que orden¨® vigilancias. El inspector jefe Jes¨²s Vicente Gal¨¢n, exjefe de la secci¨®n encargada de vigilancias y seguimientos en la Unidad de Asuntos Internos, declar¨® como imputado el pasado enero ante el juez del caso Kitchen, pero este sobresey¨® la causa contra ¨¦l seis meses despu¨¦s. Gal¨¢n hab¨ªa sido se?alado por una de las polic¨ªas a sus ¨®rdenes como el mando que le dio instrucciones para acudir en, al menos, dos ocasiones a las cercan¨ªas del domicilio de B¨¢rcenas porque la esposa de B¨¢rcenas, Rosal¨ªa Iglesias, ¡°estaba en peligro¡±. Ante el juez, Gal¨¢n confirm¨® que mont¨® un dispositivo de vigilancia cerca del domicilio del extesorero, pero aclar¨® que el objetivo era supuestamente localizar un autom¨®vil y no seguir al entorno de B¨¢rcenas. De aquellas ¨®rdenes responsabiliz¨® al que entonces era su jefe, el comisario Marcelino Mart¨ªn-Blas, tambi¨¦n imputado en la causa. Mart¨ªn-Blas, que ya ha comparecido en la comisi¨®n, neg¨® que ¨¦l diera aquellas ¨®rdenes y se?ala a Gal¨¢n como hombre de la confianza del comisario Eugenio Pino, entonces m¨¢ximo responsable operativo de la Polic¨ªa y mu?idor de la trama.

El asesor de Cosid¨® que tuvo que dimitir. El comisario Pedro Agudo alcanz¨® relevancia medi¨¢tica el pasado verano por ser el responsable de la investigaci¨®n que permiti¨® detener a los presuntos autores de la paliza que cost¨® la vida, en A Coru?a, al joven Samuel Luiz. Sin embargo, su citaci¨®n a comparecer en el Congreso es por otro motivo: entre diciembre de 2011 y septiembre de 2012 fue el jefe de gabinete del entonces director general de la Polic¨ªa, Ignacio Cosid¨®. Agudo ¡ªque antes hab¨ªa sido alto cargo en el Gobierno de Esperanza Aguirre¡ª dimiti¨® tras solo 10 meses en el puesto por ¡°motivos personales¡± tras conocerse que su esposa ten¨ªa una academia para preparar a candidatos a ingresar en la polic¨ªa. Posteriormente fue destinado como agregado de Interior a la embajada de Roma, donde mantuvo una estrecha relaci¨®n con el entonces juez de enlace en la capital italiana y actual instructor del caso Kitchen, Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n. En 2016, antes de dejar de ser director general de la Polic¨ªa, Cosid¨® le concedi¨® una medalla pensionada.