Las defensas del socio y la esposa de Villarejo piden al tribunal que anule las grabaciones del comisario
La mujer del polic¨ªa reclama expulsar a Podemos como acusaci¨®n policial al considerar que ha hecho un ¡°uso electoral¡± de la causa
Los abogados defensores de Rafael Redondo, socio del comisario jubilado Jos¨¦ Manuel Villarejo, y de Gemma Alcal¨¢, esposa del polic¨ªa, dedicaron este jueves buena parte de sus intervenciones en el tr¨¢mite de cuestiones previas de la segunda sesi¨®n del primer gran juicio del caso Villarejo a poner en duda la validez legal de una de las principales pruebas del procedimiento: los cientos de horas de audios grabados por el propio Villarejo de sus conversaciones con sus clientes y otros implicados, y que fueron intervenidos por la polic¨ªa en sus viviendas y oficinas cuando fue detenido en noviembre de 2017.
La decisi¨®n del tribunal sobre esta petici¨®n no solo condicionar¨¢ el desarrollo de esta vista, en la que se sientan en el banquillo por tres l¨ªneas de investigaci¨®n (Iron, Land y Pintor) 27 personas f¨ªsicas y cinco jur¨ªdicas, incluido el propio Villarejo ¡ªpara el que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n pide 110 a?os de c¨¢rcel¡ª, sino tambi¨¦n el del resto de la treintena de piezas separadas del macrosumario en el que se investiga la trama policial orquestada por el polic¨ªa jubilado, ocho de las cuales el juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n ya ha dado por concluidas.
Ausente de la sesi¨®n el propio Villarejo por un asunto judicial en otro juzgado, el primero en intervenir fue el abogado de Redondo, que puso en duda la autenticidad de los archivos sonoros ¡ª¡°no sabemos si son copias de copias de copias¡±¡ª y destac¨® que no se intervino ning¨²n ¡°artefacto de grabaci¨®n¡± que permita aclarar si han sido manipulados. Por todo ello, exigi¨® que sean ¡°expulsados del procedimiento¡± y, por tanto, no puedan ser usados como prueba por las acusaciones. El abogado carg¨® contra Anticorrupci¨®n por el uso que hab¨ªa hecho de estos audios para ¡°engordar las piezas del caso Villarejo¡±.
El letrado ¡ªque pidi¨® suspender la causa al considerar que la Audiencia Nacional no es el ¨®rgano judicial competente por el tipo de delitos que se juzgan¡ª tambi¨¦n puso en duda la validez del resto de los documentos intervenidos en formato digital durante los registros. En su mayor¨ªa se encontraban en los equipos inform¨¢ticos y dispositivos de almacenamiento localizados en los domicilios y despachos de Villarejo y su socio. El abogado de este ¨²ltimo asegur¨® que estos objetos no fueron sometidos a control judicial tras ser requisados y, por tanto, se quebr¨® la cadena de custodia que debe garantizar que no sufren ninguna manipulaci¨®n.
En este sentido, el abogado detall¨® que, seg¨²n consta en el sumario, permanecieron durante 17 d¨ªas en lo que calific¨® como ¡°un limbo sin control judicial¡± en poder de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Polic¨ªa antes de que se entregasen al juzgado. Por todo ello, el defensor, que acus¨® a esta unidad policial y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de ser los ¡°instigadores¡± de la investigaci¨®n, pidi¨® anular tanto las pruebas obtenidas del contenido de estos dispositivos, que sustentan gran parte de la macrocausa, como las que posteriormente se consiguieron a partir de ellas al considerarlas contaminadas.
La estrategia de pedir la nulidad de las pruebas fue seguida por la mayor parte de los abogados de los otros encausados que intervinieron este jueves, entre ellos la defensa de la esposa del comisario, que denunci¨® que el supuesto objetivo de la investigaci¨®n no fue desmantelar una trama delictiva, sino ¡°apropiarse de las grabaciones¡±. ¡°La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n se ha plegado a los p¨¦rfidos intereses de la polic¨ªa y el CNI¡±, a?adi¨®. El abogado de la mujer del polic¨ªa tambi¨¦n pidi¨® expulsar de la causa a Podemos como acusaci¨®n popular por haber hecho, en su opini¨®n, ¡°uso electoral de la causa¡±. Las sesiones del juicio se reanudar¨¢n el pr¨®ximo 15 de noviembre, con la intervenci¨®n de las ¨²ltimas defensas en el tr¨¢mite de cuestiones previas antes de comenzarse el interrogatorio de los acusados.
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