Prisiones entrevist¨® 16 veces al acusado del crimen de Lardero durante su libertad condicional

Francisco Javier Almeida L¨®pez de Castro, detenido como presunto autor de la muerte de un ni?o el pasado jueves en Lardero (La Rioja), fue sometido desde el 8 de abril de 2020, cuando un juez le concedi¨® la libertad condicional, a 16 ¡°actuaciones de seguimiento¡± o entrevistas, la mayor¨ªa presenciales, a cargo de funcionarios de prisiones, seg¨²n se recoge en su expediente penitenciario. Entre esos encuentros hay una visita realizada por trabajadores penitenciarios al piso de alquiler en el que viv¨ªa desde finales del a?o pasado y en el que presuntamente mat¨® al peque?o ?lex, seg¨²n detallan fuentes penitenciarias.

Durante esas entrevistas, Almeida justific¨® que estaba cumpliendo las condiciones impuestas por el juez que orden¨® su libertad condicional, y que inclu¨ªan seguir unas reglas de conducta, residir donde hab¨ªa dicho que lo har¨ªa y comunicar cualquier cambio, buscar trabajo y, cada dos meses, acudir a la oficina del Servicio de Gesti¨®n de Penas y Medidas Alternativas de la prisi¨®n de Logro?o, de la que iba a depender hasta 2023, fecha en la que se considerar¨ªa extinguida la condena de 30 a?os (de los que ten¨ªa que cumplir un m¨¢ximo de 25) que se le impuso por el asesinato y agresi¨®n sexual, en 1998, de una agente inmobiliaria en la capital riojana.

As¨ª, durante 2020, los trabajadores sociales y funcionarios de prisiones celebraron los cinco primeros encuentros, en los que Almeida comunic¨® que hab¨ªa encontrado trabajo en una empresa de limpieza as¨ª como un cambio de horario de su jornada laboral. Tambi¨¦n present¨® justificantes de estar pagando la responsabilidad civil de 40 millones de pesetas (240.400 euros) a los familiares de la v¨ªctima de su anterior crimen, que se le impuso en aquella sentencia. A finales de ese a?o solicit¨® un cambio de domicilio. Hasta entonces hab¨ªa residido en el piso de sus padres (ya fallecidos) en Logro?o y pidi¨® poder mudarse a la vivienda de alquiler en la calle R¨ªo Linares, de Lardero, donde fue finalmente detenido. De aquella solicitud, los trabajadores penitenciarios informaron por escrito al juez, que la autoriz¨®.

El control sobre Almeida se increment¨® en 2021. Entre enero y septiembre, hubo otras 11 ¡°actuaciones de seguimiento¡±. La duod¨¦cima iba a tener lugar este mes de noviembre. Durante esos encuentros, el presunto autor de la muerte del peque?o comunic¨® el cambio del n¨²mero de tel¨¦fono que utilizaba, sigui¨® presentando justificantes de estar haciendo frente a la responsabilidad civil y entreg¨® copia de su contrato laboral, de las n¨®minas que percib¨ªa y del pago del alquiler de su nuevo domicilio. En este periodo, un funcionario de prisiones se present¨® por sorpresa en la vivienda de Lardero para verificar que segu¨ªa cumpliendo los requisitos fijados por el juez. No detectaron nada sospechoso.

Fuentes penitenciarias se?alan que el detenido ya fue sometido a medidas de control los dos meses anteriores a su puesta en libertad condicional, cuando alcanz¨® el tercer grado penitenciario o semilibertad, que le permit¨ªa acudir a prisi¨®n solo a dormir de lunes a jueves. Entonces, los trabajadores sociales y funcionarios de prisiones constataron que Almeida hab¨ªa iniciado una b¨²squeda activa de un trabajo y que, de hecho, se hab¨ªa inscrito como demandante en las oficinas del Servicio P¨²blico de Empleo Estatal (SEPE). En aquellos dos meses que estuvo en este r¨¦gimen abierto ya present¨® justificantes de estar haciendo frente al pago de la indemnizaci¨®n a los familiares de la v¨ªctima de su crimen de 1998.

De haber detectado cualquier incumplimiento tanto durante los dos meses que estuvo en semilibertad como durante el a?o y medio que disfrut¨® de la libertad condicional, los funcionarios de prisiones hubieran informado al juez, que hubiera revocado el beneficio penitenciario a Almeida. Es lo que ocurrir¨¢ ahora, tras ser acusado de la muerte del menor. Eso significa que los 18 meses que ha pasado en libertad condicional no se le descontar¨¢n de la condena, recalcan fuentes jur¨ªdicas.

De la c¨¢rcel de El Dueso a la de Logro?o

La libertad condicional del acusado del crimen de Lardero hab¨ªa sido la culminaci¨®n de un proceso iniciado en febrero de 2020 en la prisi¨®n de El Dueso (Cantabria), donde Almeida hab¨ªa cumplido pr¨¢cticamente toda la condena por el asesinato de 1998 en segundo grado penitenciario, y en el que hab¨ªa disfrutado de 39 permisos de salida sin registrar ning¨²n incidente. La junta de tratamiento de esta prisi¨®n (un ¨®rgano interno integrado por profesionales penitenciarios) se mostr¨® entonces, aunque no de manera un¨¢nime, contraria a mejorar su situaci¨®n y concederle el tercer grado, al que ¨¦l aspiraba. Almeida pidi¨® entonces la revisi¨®n de aquella decisi¨®n e Instituciones Penitenciarias le dio la raz¨®n. La primera consecuencia de ello fue su traslado al centro penitenciario de Logro?o, el m¨¢s cercano a su n¨²cleo familiar, para que pudiera ser efectivo el cambio al r¨¦gimen abierto.

Tras este traslado, la junta de su nueva prisi¨®n volvi¨® a evaluar la situaci¨®n de Almeida y decidi¨® elevar al juez de vigilancia penitenciaria de La Rioja la propuesta para dar un paso m¨¢s y concederle la libertad condicional, al considerar que el recluso cumpl¨ªa los tres requisitos fijados por el art¨ªculo 90 del C¨®digo Penal para acceder a ella: haber completado tres cuartas partes de su pena (lo hab¨ªa hecho en 2017), observar buena conducta y, precisamente, estar clasificado en tercer grado. Con la propuesta de la prisi¨®n, el juez pidi¨® a la Fiscal¨ªa que emitiera un informe sobre la concesi¨®n de la libertad condicional y esta no se opuso. El magistrado dict¨® el 8 de abril del a?o pasado el auto en el que acordaba la excarcelaci¨®n del recluso para cumplir los tres a?os de condena que a¨²n ten¨ªa pendientes. Ese mismo d¨ªa, Almeida abandonaba la c¨¢rcel de Logro?o.

?l fue uno de los 3.654 reclusos a los que el a?o pasado se les concedi¨® la libertad condicional, lo que representa una media de 10 al d¨ªa, seg¨²n las estad¨ªsticas de Instituciones Penitenciarias. Estos presos son controlados por trabajadores sociales de Instituciones Penitenciarias y por los llamados verificadores, una figura puesta en marcha en 2017 y que desempe?an funcionarios de prisiones. A comienzos de este a?o eran 63 para las c¨¢rceles dependientes de Interior ¡ªCatalu?a y Pa¨ªs Vasco tienen transferidas las competencias penitenciarias¡ª y no todas las prisiones cuentan con ellos, aunque s¨ª la de La Rioja. Fuentes sindicales denuncian que ¡°el personal adscrito a esta funci¨®n es claramente insuficiente¡±.