El gobierno de los jueces se instala en la incertidumbre

Algunos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) llevan tres a?os con sus enseres metidos en cajas. La mayor¨ªa lo recogi¨® todo en noviembre de 2018, despu¨¦s de que el PSOE y el PP anunciaran un acuerdo para renovar el ¨®rgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato cumpl¨ªa el 4 de diciembre de ese a?o. Pero ese pacto se rompi¨® cuando el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, que hab¨ªa sido el elegido para presidir el alto tribunal y el ¨®rgano de gobierno de los jueces, renunci¨® al encargo tras filtrarse un whatsapp en el que el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosid¨®, se jactaba de que, con el nuevo presidente, el PP seguir¨ªa controlando la Sala de lo Penal del Supremo ¡°por la puerta de atr¨¢s¡±. Tres a?os despu¨¦s, Cosid¨® est¨¢ alejado de la primera l¨ªnea pol¨ªtica, Marchena se ha convertido en uno de los magistrados m¨¢s conocidos de Espa?a tras presidir el juicio contra los l¨ªderes del proc¨¦s y la renovaci¨®n del Consejo sigue pendiente y sin un horizonte claro.

La an¨¦cdota de las cajas, narrada por un vocal del Consejo, ilustra la incertidumbre en la que se viven instalados los miembros del ¨®rgano de gobierno de los jueces desde hace tres a?os, una situaci¨®n que, admiten varios vocales, cada vez pesa m¨¢s. ¡°Sabemos que nos podemos ir ma?ana, es dif¨ªcil trabajar as¨ª¡±, reconoce uno de ellos. Todos los consultados aseguran que el ¨®rgano sigue haciendo su trabajo: desde lo que llaman el ¡°d¨ªa a d¨ªa¡± de la carrera ¡ªorganizar la formaci¨®n, las oposiciones, conceder los permisos y licencias por maternidad o enfermedad¡ª a ejercer la competencia que tiene asignada en materia disciplinaria o de inspecci¨®n. Pero los consejeros coinciden tambi¨¦n en que hace tiempo que se dej¨® de pensar en ¡°grandes ideas¡± que poner en marcha. ¡°Nadie piensa en un proyecto a largo plazo si sabes que no lo tienes¡±, afirma uno de ellos.

La sensaci¨®n de estar en un ¨®rgano m¨¢s muerto que vivo es mayor entre los vocales que no forman parte de la comisi¨®n permanente, el ¨®rgano de ocho miembros (los siete vocales y el presidente, Carlos Lesmes) que tiene atribuidas la mayor¨ªa de las competencias del Consejo que no est¨¢n expresamente reservadas al pleno. Solo estos miembros, que se re¨²nen semanalmente, tienen dedicaci¨®n exclusiva para el Consejo, mientras que los dem¨¢s compatibilizan su trabajo (generalmente como juez, letrado de la administraci¨®n de justicia o abogado) con la labor como vocal. Los miembros de la permanente (creada tras una reforma del PP en 2013 y que ya se ha derogado y no se aplicar¨¢ al pr¨®ximo CGPJ) aseguran que su trabajo es ¡°exactamente el mismo¡± que antes de que caducara el mandato, mientras que los que no forman parte de este ¨®rgano admiten sentirse cada vez m¨¢s desvinculados.

La situaci¨®n, aseguran, se ha acentuado tras la aprobaci¨®n, en marzo pasado, de la reforma legal que veta los nombramientos discrecionales por parte del Consejo cuando est¨¦, como ahora, en funciones. La votaci¨®n de estos nombramientos (para elegir magistrados del Supremo o presidentes de las salas de la Audiencia Nacional y de los tribunales superiores de justicia de las comunidades aut¨®nomas y audiencias provinciales) eran una de las atribuciones m¨¢s determinantes del pleno, y obligaba a alcanzar acuerdos entre una amplia mayor¨ªa de vocales. Pero la reforma legal, impulsada por el PSOE y Unidas Podemos para intentar presionar al PP para que se sentara a negociar la renovaci¨®n del Consejo, ha conseguido un efecto probablemente no buscado por sus promotores, seg¨²n se?alan algunos vocales: la importancia del pleno, donde est¨¢n representados los 20 vocales, se ha diluido, mientras que la permanente, con una mayor¨ªa de vocales cercanos a Lesmes, ha visto reforzado su poder.

¡°La imposibilidad de nombrar a los altos cargos se est¨¢ cubriendo con decisiones de la permanente de los que los dem¨¢s nos enteramos a posteriori¡±, lamenta un vocal. Varios miembros, tanto del sector progresista como del conservador, aluden a dos casos recientes que, en su opini¨®n, ejemplifican estos ¡°atajos¡±: la decisi¨®n de la permanente de asumir las competencias de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central ante la imposibilidad de designar a un sustituto; y la concesi¨®n de una comisi¨®n de servicio al jefe de relaciones internacionales solo unos d¨ªas despu¨¦s de que el pleno rechazara renovarle en el cargo.

El veto a los nombramientos ha dejado ya medio centenar de vacantes en la c¨²pula judicial, entre ellas 11 plazas de magistrado del Supremo, las que m¨¢s preocupan porque son huecos reales dejados por jueces que se jubilan, fallecen o abandonan el tribunal y que no pueden ser sustituidos. Un informe reciente del alto tribunal advert¨ªa de que se?alaba que la situaci¨®n, de prolongarse, ser¨¢ ¡°insostenible¡± y va a implicar que se dictar¨¢n aproximadamente 1.000 sentencias menos al a?o, un 25% del total.