Una jueza archiva la causa contra el director de la Polic¨ªa por no facilitar material anticovid a los agentes

La titular del Juzgado de Instrucci¨®n 34 de Madrid, Coro Monreal, ha archivado la causa abierta contra el director general de la Polic¨ªa, Francisco Pardo, y la que fuera su n¨²mero tres, la comisaria Pilar Allu¨¦, a los que el sindicato Justicia Policial (Jupol) acusaba de un presunto delito contra la seguridad e higiene en el trabajo al no haber proporcionado a los agentes material de protecci¨®n frente al coronavirus al comienzo de la pandemia. En su resoluci¨®n judicial, fechada el 3 de diciembre y conocida este mi¨¦rcoles, la jueza considera que de la investigaci¨®n de los hechos recogidos en la querella no han aparecido pruebas de que Pardo y su subordinada hubieran perpetrado ninguna infracci¨®n penal ¡°ni en su modalidad dolosa ni culposa ni imprudente¡±, seg¨²n el auto al que ha tenido acceso EL PA?S. La decisi¨®n de la magistrada no es firme y puede ser recurrida.

En septiembre de 2020, la jueza hab¨ªa rechazado admitir la querella de Jupol, mayoritario entre los agentes y enfrentado al Gobierno. Aquella decisi¨®n fue recurrida por el sindicato y provoc¨® que la Audiencia Provincial de Madrid le ordenara el pasado enero investigar al alto cargo de Interior y a la responsable policial. Tanto entonces como ahora, la Fiscal¨ªa defendi¨® el archivo de la causa al considerar, en primer lugar, la inexistencia de un delito y, ahora, que las pesquisas hab¨ªan ¡°acreditado¡± que la direcci¨®n general hab¨ªa comprado material de protecci¨®n para los polic¨ªas en fechas anteriores a la declaraci¨®n del estado de alarma, as¨ª como su ¡°efectiva entrega¡±.

Ahora, la jueza concluye que, durante la instrucci¨®n de la causa, no han surgido suficientes indicios de criminalidad para considerar probada la existencia de un delito, ni pruebas de la vinculaci¨®n del director de la Polic¨ªa o la comisaria con los hechos por los que se les investigaba. En el auto, la magistrada tambi¨¦n rechaza la pr¨¢ctica de las nuevas pruebas solicitadas por el sindicato policial ¡ªhab¨ªa reclamado que el Ministerio del Interior aportase las facturas de la compra de guantes y mascarillas durante 2018 y 2019¡ª al considerarlas ¡°innecesarias¡±, ya que se refer¨ªan a una etapa anterior al inicio la pandemia y, por tanto, fuera del periodo investigado. Por todo ello, la jueza ha decretado el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones.

La querella del sindicato policial era en su origen mucho m¨¢s amplia a lo finalmente investigado. Inclu¨ªa el delito de prevaricaci¨®n y, adem¨¢s de contra Pardo y la comisaria Allu¨¦, se dirig¨ªa contra otras siete personas, entre ellas el secretario de Estado de Seguridad, Rafael P¨¦rez; el entonces delegado del Gobierno en Madrid, Jos¨¦ Manuel Franco, y Fernando Sim¨®n, director del Centro de Coordinaci¨®n de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad. Estos dos ¨²ltimos, ya hab¨ªan sido denunciados con anterioridad por la supuesta propagaci¨®n de la enfermedad coincidiendo con la manifestaci¨®n del 8-M en una causa que fue investigada por otro juzgado de Madrid y que tambi¨¦n fue archivada.

Tras rechazar la jueza su admisi¨®n a tr¨¢mite, la Audiencia Provincial admiti¨® parcialmente el recurso de Jupol contra esta decisi¨®n y orden¨® abrir la causa en enero pasado, pero limit¨® su extensi¨®n. Redujo los investigados al director de la polic¨ªa y a su subordinada, y ci?¨® las pesquisas al delito contra la seguridad e higiene en el trabajo. Los magistrados consideraban entonces que, de los hechos relatados en la querella, no pod¨ªa ¡°descartarse la existencia de indicios suficientes que justifican la incoaci¨®n [activaci¨®n] del procedimiento penal para dar inicio a su investigaci¨®n judicial¡±.

En este sentido, recordaban que en diciembre de 2020 el Tribunal Supremo hab¨ªa dictado un auto en el que, al rechazar investigar a miembros del Gobierno por su gesti¨®n de la pandemia, instaba a los juzgados ordinarios a emprender ¡°una exhaustiva investigaci¨®n¡± en el caso de que tuvieran indicios de la supuesta omisi¨®n de medidas de protecci¨®n para sanitarios o polic¨ªas durante la primera ola de la pandemia.

Aquella decisi¨®n del tribunal contrast¨® con la que hab¨ªa tomado la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional unos meses antes, cuando rechaz¨® la pretensi¨®n de tres sindicatos policiales de que se ordenase a Interior entregar equipos de protecci¨®n individual y test de detecci¨®n de la enfermedad a los agentes. Entonces, este ¨®rgano judicial hizo un repaso de las actuaciones que hab¨ªan adoptado tanto el ministerio como la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa a ra¨ªz de la declaraci¨®n del estado de alarma y su ¡°ingente esfuerzo¡± para el acopio de material de protecci¨®n para los agentes. Este tribunal ya destacaba que las gestiones de Interior para adquirir equipos de protecci¨®n contra la covid se remontaban al 25 de enero de aquel a?o, cuando a¨²n no se hab¨ªa detectado ning¨²n caso de la enfermedad en Espa?a.

Este mi¨¦rcoles, Francisco Pardo, en una comparecencia en la comisi¨®n de Interior del Congreso ha detallado que, desde el inicio de la pandemia, su departamento hab¨ªa repartido a los polic¨ªas m¨¢s de 22 millones de mascarillas de diferentes tipos y 12 millones de guantes. Tambi¨¦n que el 83% de los agentes se hab¨ªa realizado alguna prueba de detecci¨®n de la enfermedad. ¡°La incidencia [de la enfermedad] en la Polic¨ªa ha sido menor que en el conjunto de la sociedad¡±, ha destacado en una intervenci¨®n en la que se ha felicitado, precisamente, del archivo de la causa contra ¨¦l y la comisaria Allu¨¦.