La Ley de Memoria afronta una avalancha de enmiendas
Las exigencias de los socios fuerzan al Ejecutivo a ralentizar un proyecto cuya aprobaci¨®n se halla todav¨ªa en el aire
La tramitaci¨®n de la ley de memoria democr¨¢tica ha entrado en el Congreso en uno de los caminos m¨¢s empedrados para el Gobierno, y eso que PSOE y Unidas Podemos tienen unos cuantos en el Parlamento. A estas alturas, el Ejecutivo carece de apoyos para sacar adelante el proyecto, ante el rechazo combinado de la derecha y de sus socios de izquierda y nacionalistas. Estos ¨²ltimos exigen, entre otras cosas, la revisi¨®n de la amnist¨ªa de la Transici¨®n. El Gobierno se ha tenido que tomar con m¨¢s calma de la que esperaba la tramitaci¨®n de la ley, sin otro horizonte que tenerla lista a lo largo del a?o. Sobre la mesa le han plantado una avalancha de 500 enmiendas, el grueso de ellas provenientes de los grupos que le dan sustento parlamentario.
El secretario de Estado de Memoria Democr¨¢tica, Fernando Mart¨ªnez, insiste en el mensaje que viene defendiendo desde que el proyecto entr¨® en el Parlamento: ¡°La ley tiene tantos avances en derechos humanos, en el derecho a la verdad y la justicia, en las reparaciones y el deber de memoria, que las v¨ªctimas, sus familiares y el conjunto de la sociedad democr¨¢tica no entender¨ªan que por alguna cuesti¨®n puntual pudiera cuestionarse¡±. Hasta ahora, el mensaje no ha calado entre la izquierda nacionalista, como lo prueba la presentaci¨®n de enmiendas, para la que han hecho frente com¨²n ERC, Junts, CUP, EH-Bildu y BNG.
Las iniciativas insisten en las propuestas que Esquerra ya llev¨® en su enmienda a la totalidad debatida en el pleno el pasado octubre, cuando el proyecto fue admitido a tr¨¢mite porque derecha e izquierda evitaron sumar sus rechazos. Ah¨ª vuelve a figurar la derogaci¨®n de los art¨ªculos de la ley de amnist¨ªa de 1977 que eximieron de responsabilidad penal a los represores franquistas y la exigencia de reparaciones econ¨®micas, dos de los asuntos que m¨¢s comprometen las negociaciones del Gobierno con sus socios. Otras son directamente innegociables para el Ejecutivo, como la que propone retirar a Felipe VI el t¨ªtulo de Rey de Espa?a.
Adem¨¢s de la iniciativa conjunta de los independentistas, cada uno presenta su bater¨ªa de propuestas por separado. El l¨ªder de M¨¢s Pa¨ªs, ??igo Errej¨®n, tambi¨¦n ha incluido un conjunto de iniciativas, entre ellas varias que pretenden aportar un posible punto de encuentro en la controversia sobre la amnist¨ªa de la Transici¨®n.
Errej¨®n no propone derogar ninguno de los art¨ªculos de la ley de 1977, pero s¨ª a?adir que esta ha quedado superada por el derecho internacional, que considera imprescriptibles los cr¨ªmenes contra la humanidad.
Una f¨®rmula parecida han intentado PSOE y Unidas Podemos, que, para salvar sus diferencias iniciales sobre el texto, pactaron una treintena de enmiendas conjuntas. Una de ellas alude, aunque en t¨¦rminos menos rotundos que los de Errej¨®n, al sometimiento de las leyes espa?olas a las normas internacionales sobre derechos humanos. ERC y sus socios han dicho en esta ocasi¨®n que lo consideran insuficiente. Y el Gobierno tampoco se mueve de su posici¨®n, expresada por Mart¨ªnez: ¡°El proyecto no deroga ni total ni parcialmente la ley de amnist¨ªa. Luchamos mucho en aquellos momentos para conseguirla¡±.
ERC, pieza clave para la negociaci¨®n, no ha dado muestras de que vaya a aflojar sus peticiones. Y apela reiteradamente a lo ocurrido en 2007, cuando, por los mismos motivos, ya se opuso a la ley de memoria de Zapatero.
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