Un estudio sit¨²a a Espa?a a la cola de Europa en el plazo de ejecuci¨®n de sentencias

Las sentencias que dictan los tribunales espa?oles tardan en ejecutarse entre 6 y 12 meses, muy por encima de los ocho d¨ªas de Hungr¨ªa o los dos meses m¨¢ximo de demora de B¨¦lgica. Un estudio elaborado por la empresa Sigma Dos para el Consejo General de Procuradores sit¨²a a Espa?a no solo a la cola del plazo en que se tarda en ejecutar una sentencia, sino tambi¨¦n del porcentaje de eficacia en la ejecuci¨®n: seg¨²n los autores del estudio, casi las tres cuartas partes de las sentencias que implican pago dinerario (en dinero o bienes) nunca se ejecutan o se ejecutan tan tarde que el pago no puede hacerse efectivo de forma completa. Esta demora se traduce, seg¨²n los datos del estudio, en m¨¢s de 10.000 millones de euros que se dejan de ingresar por sentencias que no llegan a ejecutarse.

El estudio ha sido encargado por el Consejo de Procuradores, que lleva a?os reivindicando un papel m¨¢s activo en la fase de la ejecuci¨®n de sentencias. ¡°La justicia espa?ola funciona bien y as¨ª lo se?alan todos los estudios. Pero solo hasta que se dicta la sentencia. A partir de ah¨ª, pasa a la cola del pelot¨®n o a estar entre las peores¡±, ha se?alado este mi¨¦rcoles el presidente de los procuradores espa?oles, Juan Carlos Est¨¦vez, durante la rueda de prensa en la que se ha presentado el estudio elaborado por Sigma Dos. El informe se ha elaborado a partir de cuestionarios enviados a procuradores de 11 pa¨ªses europeos sobre el funcionamiento del procedimiento de ejecuci¨®n de sentencias. Los resultados muestran que el de Espa?a es el segundo m¨¢s lento (solo superado por Grecia), lo que repercute en que tambi¨¦n se sit¨²e a la cola en el porcentaje de ¨¦xito de las ejecuciones.

En esta situaci¨®n influye, seg¨²n las conclusiones a las que llega el estudio, que el proceso de ejecuci¨®n de sentencias es Espa?a es m¨¢s farragoso que en la mayor¨ªa de los pa¨ªses. Requiere la participaci¨®n del tribunal (al que hay que solicitarle la ejecuci¨®n y que cifre el importe global y los intereses y costas) y del letrado de la administraci¨®n de justicia, que es quien emite el decreto acordando las medidas definitivas. Todos estos pasos los tiene que ir solicitando el procurador, pero este no tiene competencias en la ejecuci¨®n, al contrario de lo que ocurre en el resto de pa¨ªses analizados (Francia, B¨¦lgica, Escocia, Pa¨ªses Bajos, Luxemburgo, Hungr¨ªa, Lituania, Estonia, Grecia y Portugal).

Los procuradores espa?oles quieren asumir un papel m¨¢s activo en ese proceso y conf¨ªan en que los datos que se extraen del informe sirvan para poner de manifiesto los problemas del sistema espa?ol. De los 11 pa¨ªses analizados, Espa?a se encuentra en la d¨¦cima posici¨®n en el plazo de ejecuci¨®n de sentencias. De 6 a 12 meses. Por detr¨¢s, solo Grecia (de 12 a 15 meses). Y a la cabeza, Hungr¨ªa (plazo m¨¢ximo de ocho d¨ªas para el abono de una deuda confirmada en sentencia), Estonia (15 d¨ªas para la ejecuci¨®n voluntaria y dos a?os para las no voluntarias), Lituania (de 15 d¨ªas a varios a?os en cuant¨ªas muy elevadas) y B¨¦lgica (m¨¢ximo de dos meses). En la horquilla central, Escocia (de dos a tres meses), Francia (de tres a cuatro meses) y Luxemburgo (de dos a seis meses).

El informe destaca tambi¨¦n la relaci¨®n entre el tiempo de ejecuci¨®n y la implantaci¨®n de herramientas telem¨¢ticas que agilicen este procedimiento: de entre los pa¨ªses analizados, Espa?a es el que tiene un nivel m¨¢s bajo de implantaci¨®n de medios digitales en las diferentes fases del proceso (como la notificaci¨®n, env¨ªo de comunicaciones, consulta de datos y la ejecuci¨®n de acciones para el cobro de la deuda). Los pa¨ªses con mayor implantaci¨®n de estas herramientas son tambi¨¦n los m¨¢s r¨¢pidos en la ejecuci¨®n.

El estudio ha analizado tambi¨¦n el porcentaje de ¨¦xito en la ejecuci¨®n de sentencias, donde Espa?a y Grecia tambi¨¦n ocupan los ¨²ltimos puestos. En Espa?a solo se ejecutan un 25% de las sentencias civiles, muy lejos del 85% que se ejecuta en Estonia, el 72,5% de B¨¦lgica, el 65% de Francia o el 62% de Pa¨ªses Bajos, seg¨²n el informe. Y este fracaso tiene consecuencias econ¨®micas. Seg¨²n los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para 2018 y 2019, a finales de 2019 solo se hab¨ªa ejecutado una de cada cuatro sentencias civiles cuya ejecuci¨®n estaba en tr¨¢mite en ese periodo. Hab¨ªa en tr¨¢mite dos millones y medio de sentencias y solo se ejecutaron 609.589. Aproximadamente el 60% del total de sentencias civiles son de ejecuci¨®n dineraria y el importe medio, seg¨²n los datos del estudio, es de 10.000 euros. A partir de estas cifras, los autores del informe realizan una proyecci¨®n del impacto econ¨®mico de las ejecuciones: las sentencias que ten¨ªan que ejecutarse en esos dos a?os implicaban 14.500 millones de euros, pero dada la baja tasa de ¨¦xito de Espa?a, a finales de 2019 solo se hab¨ªan ingresado 3.500 millones, lo que supone que se est¨¢n dejando de ingresar casi 11.000 millones.