El Supremo ordena reabrir la investigaci¨®n contra una etarra por el intento de asesinato de tres guardias civiles en 1981

El Tribunal Supremo ha ordenado reabrir una investigaci¨®n contra la etarra Natividad J¨¢uregui, alias Pepona, por el asesinato frustrado de tres guardias civiles en 1981 que hab¨ªa sido archivado por prescripci¨®n por la Audiencia Nacional. En una sentencia notificada este jueves, la Sala de lo Penal da la raz¨®n a la Fiscal¨ªa, que hab¨ªa recurrido el sobreseimiento al considerar que el plazo de prescripci¨®n de 20 a?os hab¨ªa quedado interrumpido en 1988, cuando el Juzgado Central 1 reabri¨® la causa despu¨¦s de que un etarra detenido vinculara a J¨¢uregui con el atentado contra los tres guardias, ocurrido el 14 de junio de 1981.

La etarra Pepona, de 63 a?os, est¨¢ en prisi¨®n provisional desde 2020, tras ser entregada a la justicia espa?ola por B¨¦lgica, donde hab¨ªa instalado su residencia tras varias d¨¦cadas fugada. J¨¢uregui est¨¢ imputada por la muerte del teniente coronel Ram¨®n Romeo, asesinado por ETA en 1981, pero la Justicia le ha se?alado tambi¨¦n como una de las autoras del ametrallamiento de dos veh¨ªculos de la guardia civil en 1981 en el que tres agentes resultaron heridos. Esta causa por la que la etarra ya hab¨ªa sido procesada qued¨® sobrese¨ªda en febrero de 2020 despu¨¦s de que la Secci¨®n Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional aceptase la tesis de la prescripci¨®n empleada por la defensa de J¨¢uregui. La Fiscal¨ªa, que ya se opuso a esa decisi¨®n en la Audiencia, recurri¨® el archivo ante el Supremo, que ahora le ha dado la raz¨®n.

En una sentencia de la que ha sido ponente la magistrada Carmen Lamela, el alto tribunal concluye que el plazo de prescripci¨®n hab¨ªa quedado interrumpido en octubre de 1998 tras la declaraci¨®n policial que presto? Enrique Letona Viteri al ser detenido un a?o antes y en la que reconoc¨ªa ser miembro de la banda terrorista ETA y haber colaborado con Natividad Ja?uregui, entre otros, en el atentado frustrado contra los guardias civiles. Tras aquel testimonio, la Fiscal¨ªa pidi¨® que se practicaran determinadas diligencias para corroborar la declaraci¨®n policial, unas peticiones que, seg¨²n el Supremo, determinan la interrupci¨®n del plazo de prescripci¨®n.

¡°Como regla general, tienen capacidad interruptora todas aquellas decisiones judiciales que ordenan la pr¨¢ctica de cualquier clase de diligencia de investigaci¨®n¡±, advierte el tribunal, que cita una amplia jurisprudencia de la propia sala en la que se ha marcado este criterio. Los jueces sostienen que el hecho de que el etarra Letona no ratificara su declaraci¨®n en presencia judicial o que del resultado de las diligencias practicadas no aparecieran indicios suficientes para continuar el procedimiento, ¡°no vac¨ªa a aquellas diligencias de contenido sustancial¡±.