La jueza descarta terrorismo en el ataque de la extrema derecha a la sede de Podemos en Cartagena

Mar¨ªa del Mar G¨®mez, responsable del Juzgado de Instrucci¨®n 3 de Cartagena, ha rechazado enviar a la Audiencia Nacional la investigaci¨®n abierta por los ataques de extrema derecha a sedes de Podemos e Izquierda Unida. Seg¨²n consta en una resoluci¨®n del 17 de enero, a la que ha tenido acceso EL PA?S, la magistrada descarta el delito de terrorismo al atribuir los incidentes a un ¨²nico individuo: ¡°No quedando constancia de la existencia de un grupo u organizaci¨®n criminal, y tampoco de que los diferentes hechos tengan una ideolog¨ªa terrorista¡±, subraya en su escrito. La formaci¨®n liderada por Ione Belarra ya ha presentado recurso ante la Audiencia Provincial de Murcia.

El pasado 6 de noviembre, Podemos solicit¨® a la instructora que remitiese la causa a la Audiencia Nacional. Estas pesquisas se abrieron a ra¨ªz del ataque con un c¨®ctel molotov contra la sede del partido en Cartagena, perpetrado el pasado abril, por el que se mantiene imputado a Francisco Soria, un veintea?ero al que la Polic¨ªa vincula con grupos fascistas. La investigaci¨®n, que incluy¨® el an¨¢lisis del tel¨¦fono m¨®vil del sospechoso, permiti¨® descubrir que se encontraba tambi¨¦n detr¨¢s presuntamente de los da?os ¡°con pintadas y piedras¡± causados al local de IU en San Andr¨¦s de Rabanedo (Le¨®n) y que particip¨® en los disturbios ocurridos el 1 de noviembre en Murcia, cuando grupos de j¨®venes destrozaron mobiliario urbano en protestas contra el toque de queda.

En opini¨®n de la formaci¨®n de izquierdas, la instrucci¨®n ha evidenciado que la acci¨®n violenta contra la sede de Cartagena forma parte de una campa?a m¨¢s amplia de la extrema derecha para desestabilizar las instituciones, y que ha desvelado la existencia de una aut¨¦ntica ¡°organizaci¨®n criminal¡±, que ¡°act¨²a en varias comunidades aut¨®nomas¡±, que ¡°tiene como finalidad subvertir el Estado de Derecho y las leyes vigentes¡± y que cuenta con una ¡°peligrosa potencialidad de actuaci¨®n¡±. ¡°Los ataques tienen una clara intenci¨®n: desestabilizar el funcionamiento de las instituciones pol¨ªticas del Estado y alterar gravemente la paz p¨²blica. En este caso, mediante el m¨¦todo de amenazar a una parte del Gobierno de coalici¨®n¡±, expon¨ªa Podemos en su escrito.

Sin embargo, la jueza ha descartado esta hip¨®tesis al considerar que los hechos bajo sospecha se ¡°podr¨ªan imputar de forma aislada a Francisco Soria¡±. Seg¨²n argumenta la magistrada, para valorar el delito de terrorismo, la legislaci¨®n requiere la existencia de una ¡°banda armada que exige una pluralidad de personas¡±, adem¨¢s de una ¡°estructura compleja¡± con unos ¡°v¨ªnculos¡± y ¡°cierta jerarqu¨ªa¡±. A su vez, a?ade la instructora, la pertenencia a una organizaci¨®n terrorista exige una ¡°permanencia¡± y no una participaci¨®n ¡°epis¨®dica¡±. Una bater¨ªa de elementos que no se dan en este caso, seg¨²n su resoluci¨®n.

Pero el recurso de Podemos enviado a la Audiencia Provincial, fechado el 25 de enero, contradice esta tesis e insiste en enviar la causa a la Audiencia Nacional. El escrito recalca que los informes policiales han vinculado a Soria con Basti¨®n Frontal, un grupo fascista al que ha denunciado la Fiscal¨ªa de Madrid por acosar a j¨®venes migrantes. Seg¨²n mantiene el partido, el imputado mantiene una relaci¨®n ¡°estable¡± con esa organizaci¨®n, que tiene por objetivo ¡°subvertir el orden constitucional, o desestabilizar o suprimir gravemente el funcionamiento de las instituciones¡±.