Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal de Cuentas: ¡°La Generalitat tiene derecho a no sentirse perjudicada por los gastos del ¡®proc¨¦s¡±

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano (Madrid, 1949), defiende la reciente decisi¨®n del ¨®rgano fiscalizador de aceptar los avales que la Generalitat ha prestado a sus 34 ex altos cargos para hacer frente con dinero p¨²blico a las fianzas impuestas en el expediente de responsabilidad contable abierto en esta instituci¨®n. ¡°La Generalitat est¨¢ en su derecho de no creerse perjudicada por los gastos del proc¨¦s¡±.

Pregunta. Tras su renovaci¨®n, ?el Tribunal de Cuentas est¨¢ menos politizado que antes?

Respuesta. El tribunal act¨²a como lo ha hecho siempre, de manera objetiva y profesional. Es verdad que a veces tenemos temas con fuerte repercusi¨®n pol¨ªtica. Si luego se nos sit¨²a de una u otra forma es por el inter¨¦s pol¨ªtico del int¨¦rprete. Pero aqu¨ª no se consienten veleidades.

P. Ahora hay en el tribunal una mayor¨ªa progresista. ?Eso significa af¨ªn al Gobierno de coalici¨®n?

R. Para elegir a los doce consejeros hace falta una mayor¨ªa de tres quintos del Congreso, y hay una renovaci¨®n cada nueve a?os, un plazo que implica y comprende al menos tres procesos electorales. Por tanto, la mayor¨ªa que haya en las Cortes al producirse cada renovaci¨®n no tiene por qu¨¦ mantenerse durante todo el mandato del tribunal. Con el Gobierno no hay relaci¨®n favorable ni desfavorable. La relaci¨®n con el Gobierno se hace a trav¨¦s de nuestros informes.

P. ?Tiene sentido que se avale con dinero p¨²blico a quienes fueron condenados por el Supremo como autores de un delito de malversaci¨®n, como en el caso del proceso independentista catal¨¢n?

R. El expediente contable sobre el proc¨¦s tiene dos partes. El tribunal actu¨® en el caso del 1 de octubre a instancias de una acci¨®n p¨²blica, iniciada por la entidad Sociedad Civil Catalana. Se investig¨®, se practic¨® una liquidaci¨®n provisional y se tomaron medidas cautelares. Los presuntos responsables no presentaron en ese caso avales garantizados con dinero p¨²blico. Luego, a instancias de las C¨¢maras, se inici¨® otra fiscalizaci¨®n sobre la acci¨®n exterior de la Generalitat y Diplocat. Tambi¨¦n aqu¨ª se han tomado medidas cautelares y en este caso s¨ª se han presentado avales garantizados con dinero p¨²blico.

P. ?Cu¨¢ntas fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas en toda su historia se han pagado con dinero p¨²blico? ?Por qu¨¦ el cambio de criterio?

R. Esta situaci¨®n es nueva. No hay precedentes. El aval que se ha presentado como garant¨ªa cautelar en este proceso viene expresamente recogido en una norma con rango de ley, que regula su forma de constituci¨®n y efectos. No hay jurisprudencia a este respecto. Todo ello explica que la adopci¨®n de un criterio jur¨ªdico haya requerido tiempo, dedicaci¨®n y debate. Pero no puede decirse que haya habido cambio de criterio, porque es la primera vez que se plantea la cuesti¨®n de la admisibilidad de este tipo de avales.

P. ?Ha acudido el Tribunal de Cuentas en auxilio del Gobierno, para facilitarle la relaci¨®n con sus socios independentistas, como dicen algunos?

R. He o¨ªdo declaraciones sobre la posici¨®n y las funciones del tribunal que me provocan escepticismo, por la irresponsabilidad y la ignorancia que destilan, y por la falta de respeto que suponen para los que trabajamos aqu¨ª. Que se enteren bien: la actuaci¨®n del tribunal es absolutamente independiente del Gobierno. Adem¨¢s, nuestras decisiones son recurribles hasta el Tribunal Supremo, por lo que queda garantizada la aplicaci¨®n de criterios rigurosamente t¨¦cnicos.

P. ?Considera justificado que la Generalitat no se considere como administraci¨®n perjudicada por los gastos del 1-O y Diplocat?

R. La Generalitat de Catalu?a est¨¢ en su derecho de no creerse perjudicada y no ejercitar acciones ante el Tribunal de Cuentas si sus ¨®rganos competentes no estiman la existencia de da?os y perjuicios indemnizables. Pero eso es compatible con que personas f¨ªsicas o jur¨ªdicas act¨²en en ejercicio de la acci¨®n p¨²blica, y que la Fiscal¨ªa discrepe tambi¨¦n de la administraci¨®n presuntamente perjudicada y ambas reclamen el reintegro de dichos perjuicios a las arcas p¨²blicas.

R. ?Es razonable que la cobertura de los avales a los implicados alcance hasta que se haya pronunciado la justicia europea, llegado el caso?

R. Lo normal en todos los procesos es que las medidas cautelares se mantengan hasta la sentencia firme. Es l¨®gico que los demandantes cuenten con la garant¨ªa de las medidas preventivas adoptadas. Y que los demandados hagan frente a su responsabilidad cuando el pleito concluya de manera firme y definitiva.

P. ?Hubo excesiva manga ancha al inicio de la pandemia para que las administraciones contrataran como quisieran?

R. La gesti¨®n de la contrataci¨®n en la pandemia ha sido en general m¨¢s que aceptable. La legislaci¨®n contempla procedimientos de emergencia que son necesarios y eficaces para dar respuesta a una situaci¨®n tan grave y urgente como la que hemos afrontado.

P. ?Pero hubo abusos?

R. La contrataci¨®n p¨²blica est¨¢ considerada como un ¨¢rea de riesgo. Entre otras cosas, por las grandes cantidades de dinero p¨²blico que se gestionan. Y el riesgo aumenta porque la legislaci¨®n para emergencias no contempla las garant¨ªas habituales para la contrataci¨®n p¨²blica. Por eso mismo hemos reforzado las fiscalizaciones en la contrataci¨®n de emergencia. Seguramente, se habr¨¢n producido abusos. Son situaciones propicias. Ahora se est¨¢n haciendo advertencias contra abusos en relaci¨®n con las donaciones para los damnificados en la guerra contra Ucrania.

¡°Seguramente, se habr¨¢n producido abusos [en los contratos de la pandemia]. Son situaciones propicias¡±

P. ?Cree que las comisiones cobradas por los intermediarios en aquellas operaciones son escandalosas aunque sean legales?

R. Posiblemente algunas lo ser¨¢n. Pero no se puede hablar de esto por las apariencias. Hay que verlo a fondo, caso por caso.

P. ?Ha escuchado la tesis de la presidenta madrile?a Isabel D¨ªaz Ayuso de que el PP pudo aceptar la renovaci¨®n del Tribunal de Cuentas a cambio de que el Gobierno le pasara a Casado informaci¨®n sobre las supuestas corruptelas del hermano para intentar destruirla?

R. Lo he le¨ªdo por alg¨²n sitio. No tiene ning¨²n fundamento. Constituye una vez m¨¢s una afirmaci¨®n en desprestigio de las instituciones. No merece m¨¢s comentarios.

P. ?Qu¨¦ le parece haber hecho negocio a cuenta de un virus que mataba diariamente a cientos de personas en Espa?a?

R. Este asunto dar¨ªa para mucho. En los ¨²ltimos dos a?os, hay sectores que se han hundido y otros en los que los beneficios se han disparado. Otra cosa es utilizar una situaci¨®n como ha sido y est¨¢ siendo la de la pandemia para enriquecerse injustificadamente. Hay quienes aprovechan la tragedia en beneficio propio. Pero estos casos quedan fuera del ¨¢mbito civil o administrativo. Son materia para el ¨¢mbito penal.

P. ?Va a vigilar el tribunal con especial celo el reparto de fondos europeos?

R. Lo hemos tenido muy en cuenta en la programaci¨®n del tribunal para los pr¨®ximos a?os. Estamos promoviendo una formaci¨®n especializada para los funcionarios y procurando una cooperaci¨®n eficaz con las comunidades y las entidades locales.

P. ?C¨®mo explica que el ¨²ltimo informe de fiscalizaci¨®n de partidos sea el correspondiente a 2017? ?Por qu¨¦ tanto retraso?

R. Ha influido la profusi¨®n de procesos electorales en los ¨²ltimos a?os. Entre 2015 y 2022 han tenido lugar 48 procesos electorales. Dos de ellos, las elecciones locales, afectaron a miles de entes territoriales y a cientos de formaciones pol¨ªticas.

P. ?A qu¨¦ partidos afectan las irregularidades detectadas?

R. Las irregularidades de las que se ha derivado opini¨®n desfavorable sobre las cuentas presentadas afectaron a Convergencia Democr¨¢tica de Catalu?a, En Manera, Equo, Esquerra Republicana de Catalu?a, Federaci¨®n EH Bildu, Izquierda Unida, M¨¦s per Mallorca, Partido Aragones y Partit Dem¨®crata Europeu Catal¨¤.