El Tribunal de Cuentas dice ahora que fue ¡°irracional¡± y ¡°absurdo¡± rechazar los avales de la Generalitat

El Tribunal de Cuentas considera ahora ¡°irracional¡± y ¡°absurdo¡± que en octubre pasado se denegara a la Generalitat el pago con dinero p¨²blico de las fianzas de sus 34 ex altos cargos y funcionarios investigados por los gastos irregulares del proc¨¦s, entre los que se encuentran los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras y siete exmiembros del Ejecutivo catal¨¢n. As¨ª se hace constar en el auto con el que el ¨®rgano fiscalizador acepta el aval presentado por el Institut Catal¨¤ dgenme Finances para el aseguramiento de los 5,4 millones de euros que se reclaman a los expedientados. La resoluci¨®n ¨Da la que ha tenido acceso EL PA?S¨D explica que la utilizaci¨®n de los avales es ¡°una forma (de pago) admitida en una ley¡± vigente, aprobada en este caso por el Parlamento catal¨¢n, sin que haya sido recurrida por el Gobierno.

El acuerdo para aceptar las fianzas de la Generalitat fue adoptado por la Secci¨®n de Enjuiciamiento el pasado 28 de febrero por dos votos a uno, pero el auto correspondiente no se ha acabado de redactar hasta esta semana. La resoluci¨®n ¨Dde la que ha sido ponente la consejera Rosario Garc¨ªa ?lvarez¡ª revoca y deja sin efecto la decisi¨®n inicial de rechazar este sistema de pago, adoptada por la delegada instructora del expediente en fechas inmediatamente anteriores al acuerdo entre el Gobierno y el PP para la renovaci¨®n del Tribunal de Cuentas.

En esencia, la tesis de la delegada instructora fue que no pod¨ªa utilizarse dinero p¨²blico para avalar a quienes hab¨ªan actuado con dolo ¨Dintenci¨®n expresa¨D o negligencia grave en el manejo de los fondos de la Generalitat, emple¨¢ndolos presuntamente para fines il¨ªcitos, como ser¨ªan los gastados para la promoci¨®n exterior del proc¨¦s. El auto dictado ahora por el Tribunal de Cuentas reci¨¦n renovado considera, en cambio, que la anterior resoluci¨®n debe quedar sin efecto porque consisti¨® en una actuaci¨®n indebida, ya que no supuso ¡°una aplicaci¨®n real y racional de lo previsto en la norma¡±.

Seg¨²n el auto del Tribunal de Cuentas, la delegada instructora se atribuy¨® en su primera resoluci¨®n, ahora anulada, ¡°funciones judiciales¡± que no le competen, con lo cual gener¨® la ¡°indefensi¨®n¡± de los investigados. ¡°No cabe duda ¨Dexplica el texto¨D de que la resoluci¨®n impugnada, aunque cuente formalmente con una motivaci¨®n, carece de contenido jur¨ªdico al expresar un proceso deductivo irracional o absurdo por estar construido sobre premisa err¨®nea, cual es la atribuci¨®n de funciones judiciales¡± a quien no las tiene. La resoluci¨®n a?ade que la l¨®gica del primer pronunciamiento contrario a los avales ¡°quiebra, adem¨¢s con la sola lectura de la ley¡±, por vulnerar, entre otros, el principio de seguridad jur¨ªdica.

La resoluci¨®n afirma que es obligado corregir el error cometido, por cuanto el propio art¨ªculo 9.3 de la Constituci¨®n ¡°garantiza la interdicci¨®n de la arbitrariedad de los poderes p¨²blicos¡±. La resoluci¨®n explica que el tribunal no puede avalar la primera decisi¨®n. ¡°Convalidar¨ªamos una interpretaci¨®n manifiestamente err¨®nea que har¨ªamos nuestra al permitir su perduraci¨®n, con incidencia en la esfera patrimonial de los sujetos afectados¡±, recoge el texto. Al aceptarse las fianzas, los embargos acordados quedar¨¢n ahora sin efecto.

El auto subraya que los avales operan hasta que exista sentencia firme. Si hubiera una condena, los expedientados deber¨ªan responder personalmente ante la Administraci¨®n ¡ªen este caso la auton¨®mica catalana¨D por el desv¨ªo de fondos con fines il¨ªcitos, como la promoci¨®n exterior del proc¨¦s. La ley aprobada en el Parlamento catal¨¢n, y ahora aplicada, implica que la firmeza de la sentencia s¨®lo se producir¨¢ cuando culmine el sistema de recursos y se conozca, en su caso, el fallo de la justicia europea que ponga fin a la controversia.

La resoluci¨®n del Tribunal de Cuentas ha sido aprobada por los consejeros Diego ??iguez y Rosario Garc¨ªa ?lvarez ¨Dpropuestos ambos por el PSOE¨D, y ha contado con el voto en contra de la tambi¨¦n consejera Rebeca Laliga, nombrada a iniciativa del PP. Laliga fue la primera ponente, pero tuvo que ceder esta responsabilidad al quedar en minor¨ªa. En todo caso, ahora puede formular un voto particular en contra de la resoluci¨®n en el que detalle sus argumentos para rechazar el uso de dinero p¨²blico para defender a los investigados.