La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n tiene diversas diligencias de investigaci¨®n abiertas por la compra de material sanitario durante la pandemia, y ya ha detectado en algunos contratos beneficios desmesurados, de hasta el 400% en alg¨²n caso, por parte de las empresas que intermediaban entre las administraciones p¨²blicas y los fabricantes chinos, seg¨²n fuentes del ministerio p¨²blico.

El encaje penal de estas conductas, que reflejan un exceso de lucro a costa de las arcas p¨²blicas aprovechando una situaci¨®n excepcional, es muy complicado, seg¨²n admiten las mismas fuentes. Durante los dos primeros meses de la pandemia, con cerca de 1.000 muertos diarios, y ante la urgente necesidad de disponer de bienes que escaseaban en el mercado ¡ªmascarillas, equipos de protecci¨®n individual, respiradores...¡ª se aprobaron mecanismos de contrataci¨®n que anulaban la competencia y los principales controles administrativos de cualquier concurso tipo. Eso hace inviable o muy complicado imputar un delito a quienes se aprovecharon de esas circunstancias para ganar mucho m¨¢s dinero del que habr¨ªan obtenido en una situaci¨®n de normalidad.

Antes de que el coronavirus pusiera a Espa?a en pausa, la compra de material sanitario era un rutinario proceso administrativo en el que las administraciones sacaban a concurso lo que necesitaban y las empresas compet¨ªan por el mejor precio e id¨¦ntica calidad. Casi 8.000 millones de euros al a?o era el pastel a repartir en Espa?a entre filiales de multinacionales como Siemens, Roche, Mediatronic o Dr?ger y otras empresas medianas. Con la declaraci¨®n del estado de alarma, el mundo mir¨® a China, el primer fabricante de material sanitario. Y los precios se dispararon: una mascarilla quir¨²rgica que costaba 0,027 euros en un concurso pas¨® a costar entre 0,4 euros y un euro.

¡°En circunstancias normales jam¨¢s hubi¨¦ramos dado por bueno ese precio, pero no hab¨ªa m¨¢s remedio que aceptarlo¡±, explicaba en aquellos primeros meses de la pandemia un alto cargo regional encargado de las compras de material. En esta situaci¨®n, los intermediarios, muchos de ellos sin ninguna experiencia en el sector, acudieron a las administraciones p¨²blicas ofreciendo este material chino para hacer grandes negocios.

¡°Nos hemos encontrado con casos en los que el intermediario compraba material sanitario en China y lo vend¨ªa en Espa?a, a cualquier administraci¨®n, por cuatro o cinco veces m¨¢s¡±, se?alan fuentes conocedoras de la investigaci¨®n abierta en la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n.

La avaricia no est¨¢ tipificada en el C¨®digo Penal. La situaci¨®n era excepcional, de una extrema gravedad, con cientos de muertos diarios y miles de contagiados en una situaci¨®n de gran desprotecci¨®n por falta de material sanitario.

Empresas sin experiencia

EL PA?S ha preguntado a decenas de empresas que durante la pandemia lograron contratos con diversas comunidades aut¨®nomas para suministrar material sanitario a las administraciones. Se trata en muchos casos de firmas sin experiencia en el sector sanitario pero que en aquellos d¨ªas lograron traer de China abundante material.

La mayor¨ªa de las empresas se han negado a facilitar datos sobre el precio que pagaron en China, de manera que es imposible extraer conclusiones sobre sus beneficios. Dos de esas empresas, pidiendo el anonimato, s¨ª facilitaron los datos de sus contratos de venta a la administraci¨®n y sus compras en China.

Una de ellas detall¨® lo siguiente: Compr¨® un mill¨®n de mascarillas quir¨²rgicas de tres capas, a 0,33 d¨®lares cada una, y las vendi¨® a una comunidad aut¨®noma a 0,65 euros (m¨¢s del doble, seg¨²n el cambio de entonces). Compr¨® 100.000 mascarillas KN95 /FFP2 a 1,62 d¨®lares y las vendi¨® a 2,65 euros. Y compr¨® 100.000 gafas de protecci¨®n a 2,89 d¨®lares para venderlas a continuaci¨®n a 5,95. La otra empresa registr¨® un beneficio menor, por encima del 25%.

Expertos juristas entienden que no existe capacidad para atribuir un delito a esa aparente falta de escr¨²pulos ¡ªo aprovechamiento de la inercia del mercado¡ª a la hora de cobrar cantidades excesivas a la administraci¨®n p¨²blica por el material sanitario durante las peores semanas de la pandemia. ¡°Hacer un negocio escandaloso aprovechando la situaci¨®n excepcional que sufr¨ªa Espa?a puede ser reprochable desde el punto de vista ¨¦tico, pero no es ilegal¡±, sostienen.

Contratos del Estado

El grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid ha presentado una denuncia en la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n para que se investiguen 12 contratos por m¨¢s de 300 millones de euros adjudicados por distintos organismos del Gobierno central durante la pandemia. El argumento del PP en la Asamblea de Madrid, que sigue las ¨®rdenes de la presidenta auton¨®mica, Isabel D¨ªaz Ayuso, es el siguiente: ¡°La situaci¨®n de emergencia sanitaria no puede justificar toda restricci¨®n de la competencia y la ausencia de cualquier forma de control para garantizar el inter¨¦s p¨²blico, que evita el despilfarro y el amiguismo. El Tribunal de Cuentas establece la necesidad de acreditar la solvencia de las empresas contratistas, as¨ª como la adecuaci¨®n de su objeto social¡±.

¡°Tras la publicaci¨®n de las correspondientes informaciones en diversos medios de comunicaci¨®n, hay una serie de contratos, formalizados por distintos ¨®rganos de la Administraci¨®n del Estado, en los que el contratista podr¨ªa tener una relaci¨®n de cercan¨ªa o familiar con alg¨²n alto cargo, o no se han cumplido los debidos requisitos de solvencia del contratista, lo que llev¨® a resultados perjudiciales para la administraci¨®n¡±, a?ade la denuncia.

Ayuso reaccion¨® con esta iniciativa a la investigaci¨®n abierta hace tres semanas por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n del contrato suscrito con la Comunidad de Madrid por la empresa Priviet, sin ninguna experiencia en el sector de los productos sanitarios. Priviet vendi¨® 250.000 mascarillas que hab¨ªa comprado en China a cinco euros cada una. El hermano de Ayuso fue la persona que consigui¨® el material para esa empresa y su traslado a Madrid. Por ese trabajo, que le llev¨® menos de 10 d¨ªas, cobr¨®, al menos, 55.000 euros.

La presidenta auton¨®mica, que ocult¨® estos datos a la opini¨®n p¨²blica hasta que Pablo Casado, presidente del PP, habl¨® del negocio en febrero de este a?o, considera que el contrato que benefici¨® a su hermano es perfectamente legal y no admite ning¨²n reproche.