Bruselas pide que el Tribunal de la UE resuelva el conflicto entre la Fiscal¨ªa europea y la espa?ola
La fiscal jefe Laura K?vesi pide la intervenci¨®n de la comisi¨®n por una posible infracci¨®n de la legislaci¨®n comunitaria a ra¨ªz del ¡®caso Ayuso¡¯
El grave conflicto de competencias entre la Fiscal¨ªa europea y la espa?ola por el caso del hermano de Isabel D¨ªaz Ayuso ha subido este viernes de tono con la irrupci¨®n de la Comisi¨®n Europea. El organismo comunitario ha defendido que el Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, sea el encargado de dirimir la disputa, una posici¨®n que coincide claramente con la defendida por la fiscal jefe europea, Laura K?vesi. El caso podr¨ªa incluso derivar en un expediente contra Espa?a porque la normativa nacional no facilita recurrir ante Luxemburgo una decisi¨®n de la fiscal general del Estado como la adoptada por Dolores Delgado en la investigaci¨®n sobre Tom¨¢s D¨ªaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel D¨ªaz Ayuso.
Delgado, con apoyo un¨¢nime de la Junta de Fiscales de Sala, decidi¨® que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n espa?ola investigue la existencia de un posible delito en el contrato para la compra de mascarillas en el que particip¨® Tom¨¢s D¨ªaz Ayuso, y que la Fiscal¨ªa europea indague la posible malversaci¨®n y da?os al presupuesto europeo, dado que la operaci¨®n se abon¨® con cargo a fondos comunitarios.
La Fiscal¨ªa europea reaccion¨® con un airado comunicado a esa decisi¨®n, acusando a la fiscal general del Estado de no ser imparcial por tratarse de la superior jer¨¢rquica de Anticorrupci¨®n y de no haber escuchado a ambas partes del conflicto. El ¨®rgano europeo lamentaba adem¨¢s que la decisi¨®n de Delgado sea inapelable y que la normativa espa?ola no prevea la posibilidad de dirimir el conflicto ante el tribunal europeo mediante una consulta prejudicial.
K?vesi ha trasladado sus quejas por escrito al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, que, sin pronunciarse sobre el fondo del caso, se inclina tambi¨¦n por no considerar como definitiva la decisi¨®n de Delgado.
¡°En caso de duda, deber¨ªa ser finalmente el Tribunal de Justicia europeo el encargado de decidir¡±, ha se?alado el portavoz del Departamento de Justicia de la Comisi¨®n Europea. La misma fuente ha a?adido que ¡°debe existir un mecanismo que permita que las cuestiones prejudiciales [para dirimir el conflicto] lleguen al Tribunal europeo¡±.
Fuentes fiscales y jur¨ªdicas consultadas admiten que la normativa es ambigua en este punto. El art¨ªculo 25 del Reglamento de la UE sobre la Fiscal¨ªa Europea deja en manos de ¡°las autoridades nacionales¡± la decisi¨®n de qui¨¦n ser¨¢ competente para la investigaci¨®n ¡°en caso de discrepancia entre la Fiscal¨ªa Europea y las autoridades nacionales que ejercen la acci¨®n penal [...]¡±. En este precepto es en el que se ampara Dolores Delgado para defender que ella es la que decide qui¨¦n investiga el contrato vinculado al hermano de Ayuso. Pero ese mismo reglamento europeo establece (art¨ªculo 42) que el TJUE es competente para ¡°pronunciarse con car¨¢cter prejudicial¡± sobre c¨®mo interpretar los art¨ªculos que regulan la competencia de la Fiscal¨ªa Europea, entre ellos el 25. Es decir, la norma comunitaria prev¨¦ que el tribunal europeo tenga la ¨²ltima palabra en caso de discrepancias.
La duda es qui¨¦n debe ser el que lleve el caso al TJUE. Los fiscales europeos se lo han demandado a Delgado, pero en su departamento argumentan que la fiscal general ya ha decidido conforme a la autoridad que le otorga el art¨ªculo 25 del reglamento y que lo ha hecho tras consultar a los fiscales de sala, que avalaron su tesis por unanimidad. Fuentes del Ministerio P¨²blico a?aden que en el ordenamiento jur¨ªdico espa?ol las cuestiones prejudiciales solo est¨¢n previstas dentro de los procedimientos judiciales, pero no en las diligencias de investigaci¨®n previas como las que ha abierto la Fiscal¨ªa sobre las mascarillas compradas por la Comunidad de Madrid.
Descartada, por ahora, la consulta al tribunal europeo por parte de la fiscal general, el caso podr¨ªa, no obstante, acabar en el TJUE por otra v¨ªa: a trav¨¦s del juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal designado para ejercer como juez de garant¨ªas del caso vinculado al hermano de la presidenta madrile?a. La Fiscal¨ªa europea, al contrario que la espa?ola, dirige la instrucci¨®n de las causas que investiga, pero act¨²a bajo la supervisi¨®n de un juez que debe controlar las actuaciones que puedan afectar a derechos fundamentales y los recursos contra las decisiones del Ministerio P¨²blico que impulse el resto de partes del procedimiento. Las fuentes consultadas sostienen que el juez de garant¨ªas s¨ª estar¨ªa habilitado para preguntar al TJUE por la competencia para investigar el caso si as¨ª se lo piden los fiscales europeos o incluso podr¨ªa hacerlo de oficio si lo considera necesario.
Seg¨²n detallan fuentes jur¨ªdicas la Fiscal¨ªa europea no ha solicitado a Abascal, de momento, que eleve el caso a la justicia europea y el juez tampoco tiene pensado hacerlo de oficio porque considera que el ¨®rgano que ten¨ªa que resolver la competencia es la Fiscal¨ªa General del Estado y ya lo ha hecho, informa J. J. G¨¢lvez. En el caso de recibir la petici¨®n de los fiscales de la UE, Abascal estudiar¨¢ si acepta la solicitud. El juez se ha limitado hasta ahora a dictar el decreto para abrir la causa tras recibir la comunicaci¨®n de la Fiscal¨ªa europea de que hab¨ªa iniciado el procedimiento. Seg¨²n el art¨ªculo 8 de la Ley de 2021 que contempla la creaci¨®n de la Fiscal¨ªa Europea, el juez de garant¨ªas no se encarga de impulsar la investigaci¨®n, sino de supervisarla y, por ejemplo, autorizar las indagaciones que se propongan cuando puedan afectar a derechos fundamentales.
Fuentes comunitarias reconocen que la pugna que se est¨¢ viviendo a ra¨ªz de la investigaci¨®n al hermano de Ayuso no tiene precedentes porque la Fiscal¨ªa europea lleva solo nueve meses operativa y no se hab¨ªa producido hasta ahora ning¨²n choque de competencias de este tipo. El art¨ªculo 27 del reglamento europeo que rige la actividad de la Fiscal¨ªa europea obliga a las autoridades nacionales a no adoptar ninguna decisi¨®n sobre un caso en que haya mostrado inter¨¦s el ministerio p¨²blico comunitario.
Bruselas reconoce que los roces competenciales son inevitables, sobre todo, en estos primeros compases de la Fiscal¨ªa europea, en que no hay jurisprudencia previa. Por ese motivo, fuentes de la comisi¨®n consideran que ser¨ªa muy conveniente que los jueces comunitarios resolvieran este primer choque competencial.
Desde el Departamento de Justicia de la Comisi¨®n tambi¨¦n se se?ala que ¡°se est¨¢ supervisando la situaci¨®n en todos los Estados miembros para comprobar que el reglamento de la Fiscal¨ªa europea se aplica correctamente y que todos los Estados cumplen las obligaciones previstas en esa norma¡±. Las mismas fuentes consideran que ¡°es demasiado pronto para saber si en el caso de Espa?a se est¨¢ cumpliendo correctamente o si deber¨ªa iniciarse un expediente¡± y aseguran que a¨²n no se ha llegado a esa fase¡±. Pero la beligerancia de K?vesi, que lleg¨® al cargo a pesar de la resistencia de varias capitales gracias a sus credenciales como perseguidora del fraude y la corrupci¨®n en Rumania, parece destinada a dar al caso de las mascarillas una envergadura supranacional en la que, probablemente, no hab¨ªan pensado los l¨ªderes del PP que destaparon el caso.
M¨¢s Madrid ampl¨ªa su denuncia en la Fiscal¨ªa Europea
Más Madrid se ha dirigido directamente a la Fiscalía Europea para presentar una ampliación de la denuncia sobre el contrato de las mascarillas vinculado al hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. El grupo parlamentario encabezado por Mónica García había denunciado ya el caso en Anticorrupción y su denuncia (junto a la del PSOE y la de Unidas Podemos) dio origen a la investigación abierta por el equipo que dirige Alejandro Luzón.
La ampliación de la denuncia se centra en el supuesto sobrecoste de las mascarillas vendidas a la Comunidad de Madrid por Priviet Sportive, la empresa con la que colaboró el hermano de Ayuso para esta operación, según ha admitido la presidenta. El escrito de Mas Madrid recoge varios ejemplos de mascarillas compradas por la Comunidad en las mismas fechas (marzo de 2020) y cuyo precio es muy inferior (hasta un 45,86% menor) a los 5 euros por unidad que se pagaron a Priviet Sportive.
Más Madrid ha optado ahora por acudir a los fiscales europeo, según exponen en la denuncia, tras tener conocimiento de que estos han ejercido su derecho de avocación sobre las diligencias abiertas en Anticorrupción. No obstante, no está claro si el órgano de la UE investigará en exclusiva el caso porque la fiscal general del Estado ha decretado que las diligencias se dividan en dos para que los investigadores europeos se centren en los presuntos delitos vinculados al mal uso de fondos europeos (las mascarillas se pagaron con fondos Feder) y Luzón en las supuestas irregularidades en la adjudicación del contrato.
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