Anticorrupci¨®n investigar¨¢ los contratos de emergencia del Gobierno durante la pandemia denunciados por Ayuso

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha abierto una investigaci¨®n para analizar los 13 contratos de emergencia adjudicados por el Gobierno de Pedro S¨¢nchez que fueron denunciados por el Grupo Popular en la Asamblea de Madrid. El jefe de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, Alejandro Luz¨®n, ha acordado este viernes abrir diligencias para determinar si hay indicios de delito en algunas de las contrataciones, que, seg¨²n el grupo de Isabel D¨ªaz Ayuso, est¨¢n vinculadas con miembros del Gobierno central a trav¨¦s de familiares o allegados. La Fiscal¨ªa descarta, por el momento, la participaci¨®n de alg¨²n miembro del Ejecutivo, pero advierte de que los hechos ¡°revisten especial trascendencia¡± y ha optado por abrir una investigaci¨®n para ¡°confirmar o descartar¡± la posible existencia de delito. ¡°Esta inicial indagacio?n no puede llevarse a cabo sin la previa incoacio?n de diligencias de investigacio?n penal, imperativa cuando se recibe noticia de la comisio?n de hechos que pudieran tener relevancia penal, aunque los mismos no este?n perfilados¡±, recuerda el fiscal.

Esta es la tercera gran investigaci¨®n que abre el Ministerio P¨²blico en las ¨²ltimas semanas sobre contratos de emergencia vinculados a la venta de material sanitario para combatir la covid-19, tras las pesquisas iniciadas por la compra de mascarillas por parte de la Comunidad de Madrid a una empresa de la que cobr¨® el hermano de la presidenta Ayuso y la causa judicial abierta por presunta estafa por parte de dos comisionistas al Ayuntamiento de la capital. La denuncia que ha dado pie a la nueva investigaci¨®n fue precisamente presentada por el Grupo Popular en la Asamblea de Madrid como respuesta a las registradas por los grupos de la oposici¨®n sobre los contratos vinculados al hermano de la presidenta, y el fiscal Luz¨®n, en el decreto firmado este viernes, establece un paralelismo claro entre ambas investigaciones al considerar que las decisiones adoptadas por el Ministerio P¨²blico en el primer caso son ¡°extrapolables¡± al actual.

¡°Como en esta investigacio?n [...] el denunciante se limita a solicitar de la Fiscali?a Especial la incoacio?n de diligencias de investigacio?n conducentes al esclarecimiento de los hechos en ella relatados, en los que, si bien no se terminan de formular imputaciones concretas, si? se expresan claras reservas sobre la legalidad de las distintas adjudicaciones¡±, se?ala el jefe de Anticorrupci¨®n. ¡°Al respecto¡±, a?ade Luz¨®n, ¡°se dice en el referido decreto y resulta extrapolable a este, que resulta procedente la pra?ctica de algunas diligencias que, sin dirigirse inicialmente contra personas fi?sicas o juri?dicas, permitan confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados¡±.

La denuncia presentada por el Grupo Popular abarca 13 contratos o subvenciones adjudicadas por los ministerios de Transportes (en la etapa de Jos¨¦ Luis ?balos), Sanidad (durante el mandato de Salvador Illa), Interior, Seguridad Social y la Compa?¨ªa Espa?ola de Refinanciamiento, dependiente de Econom¨ªa. Seg¨²n la denuncia, las siete empresas adjudicatarias guardan alg¨²n v¨ªnculo con miembros del Gobierno y el trabajo se les asign¨® sin haber comprobado que cumplieran ¡°los requisitos m¨ªnimos¡± para ejecutar el contrato.

La denuncia del PP salpicaba directamente a ?balos, Illa, a la vicepresidenta Nadia Calvi?o y al presidente del Gobierno, al sostener que algunas de las empresas que se beneficiaron de esos contratos eran propiedad de allegados o familiares directos. La Fiscal¨ªa, no obstante, advierte de que esas acusaciones se basan en recortes de informaciones period¨ªsticas sobre las que los populares no aportan ning¨²n dato, por lo que el Ministerio P¨²blico descarta de inicio la participaci¨®n de miembros del Ejecutivo, una decisi¨®n que a su vez implica que sea Anticorrupci¨®n la encargada de investigar los hechos. De lo contrario ¨Dsi la causa afectara al presidente o sus ministros, que est¨¢n aforados¨D la investigaci¨®n ser¨ªa competencia de la Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo.

El decreto firmado por Luz¨®n se limita a ordenar la apertura de diligencias y no da pistas sobre si los hechos apuntan a alg¨²n tipo de delito (el PP, en su denuncia, se?alaba indicios de prevaricacio?n, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tra?fico de influencias y malversacio?n de caudales pu?blicos). Pero el Ministerio P¨²blico cita el auto por el que el Supremo archiv¨® en septiembre de 2021 varias querellas contra el Gobierno de S¨¢nchez en el que el alto tribunal descart¨® actuar penalmente contra la compra de mascarillas con contratos de emergencia, por tratarse ¡°de un supuesto excepcional al que se ha aplicado una normativa excepcional propia del estado de alarma¡±. En ese auto, el Supremo limit¨® la posibilidad de delito a ¡°las adquisiciones fallidas o fraudulentas realizadas en el tiempo del estado de alarma¡±, y a esta doctrina se va a ce?ir la Fiscal¨ªa. ¡°Las resoluciones de nuestro Tribunal Supremo refuerzan la pertinencia de acordar la incoacio?n de diligencias de investigacio?n para esclarecer si los contratos de adquisicio?n de material sanitario denunciados, por fallidos o fraudulentos, se ajustaron a las exigencias y garanti?as impuestas por la contratacio?n administrativa¡±, se?ala Anticorrupci¨®n.