Abierto el control pol¨ªtico del CNI

Una mesa larga y sin m¨®viles. Esta fue la escenograf¨ªa montada por la Generalitat de Catalu?a para la reuni¨®n entre el ministro de la Presidencia del Gobierno de Espa?a, F¨¦lix Bola?os, y la consejera de Presidencia del Govern, Laura Vilagr¨¤. Gesto adusto el de esta ¨²ltima; y serio y de cierto desconcierto el del ministro encargado de sofocar las llamaradas que ha ocasionado el espionaje del sistema Pegasus a m¨¢s de sesenta independentistas catalanes.

Las tesis de que todo es parip¨¦, porque ERC mantendr¨¢ el apoyo al Ejecutivo de Pedro S¨¢nchez, no se corresponden con el disgusto monumental de los republicanos. S¨ª, es cierto que su intenci¨®n no es que caiga el Gobierno para que haya elecciones generales, pero Bola?os comprob¨® en la reuni¨®n de ayer que la Generalitat quiere dimisiones. Adem¨¢s, en el independentismo catal¨¢n, vasco y gallego, y en UP, se considera imprescindible crear nuevos mecanismos de control sobre el Centro Nacional de Inteligencia.

Estos grupos quieren abrir el debate sobre el papel del magistrado del Tribunal Supremo que, por ley, se encarga de autorizar, en 48 horas, las peticiones de los servicios secretos de intervenir, una a una, las comunicaciones de quien sea sospechoso de amenazar la integridad de Espa?a y la seguridad del Estado. Los independentistas no van a dejar que el tiempo diluya este episodio de espionaje, y recuerdan que en 1995 tuvo que dimitir el vicepresidente Narc¨ªs Serra despu¨¦s de conocerse que el Cesid, antecedente del CNI, hab¨ªa practicado escuchas ilegales a relevantes personalidades, incluido Juan Carlos I. Junts per Catalunya aprieta a ERC para que retire la palabra y el apoyo al Gobierno de Espa?a.

La informaci¨®n del Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, con datos sobre el espionaje con el software Pegasus est¨¢ en primera plana de los medios extranjeros. El papel del juez de garant¨ªas que controla el CNI centrar¨¢ la controversia. ¡°?Qu¨¦ descubrieron esas investigaciones a seis decenas de independentistas, incluidos los cuatro ¨²ltimos presidentes de la Generalitat, si ya hab¨ªa finalizado el juicio del proc¨¦s?¡±, se preguntan interlocutores republicanos. No se trata de una investigaci¨®n judicial, sino de los servicios secretos, a?aden.

Estos grupos exigir¨¢n m¨¢s control y menos opacidad al Gobierno a sabiendas de que son demandas que chocan con la esencia de los servicios de inteligencia, cuyas actuaciones, incluso en estados democr¨¢ticos, se desenvuelven en la penumbra. O en la oscuridad. Este parece uno de esos casos. El Gobierno no reconoce que fuera el CNI quien ordenara el espionaje. A eso no responde; tampoco ayer en privado a preguntas de la consejera de Presidencia catalana al ministro Bola?os.

No responde tampoco la ministra de Defensa, Margarita Robles, respecto a si el CNI es el autor del monitoreo, pero s¨ª asegura con determinaci¨®n que cualquier actuaci¨®n ha seguido la ley de forma escrupulosa. ¡°Margarita Robles no miente¡±. Esta es una sentencia en la que coinciden distintos portavoces, que dan por seguro que el CNI est¨¢ detr¨¢s y que tuvo la preceptiva autorizaci¨®n judicial. Pues todo les parece mal: Que se les investigara y que un juez lo autorizara. Habr¨¢ iniciativas parlamentarias para revisar el control del CNI.

Las peticiones de comparecencias de la directora del centro, Paz Esteban, y de su antecesor, el general F¨¦lix Sanz Rold¨¢n, al que sustituy¨® en febrero de 2020, est¨¢n aseguradas. El Gobierno pretende que las explicaciones se ofrezcan en la comisi¨®n de Gastos Reservados, conocida como de Secretos Oficiales y bloqueada por el PP desde 2019, por su negativa a que Bildu se siente en ella. No hay objeci¨®n a que est¨¦n ERC y Unidas Podemos. En 2013 el vetado era ERC. El entonces diputado republicano Alfred Bosch pregunt¨® desde la tribuna: ¡°?No quieren que pregunte al CNI sobre la guerra sucia en Catalu?a?¡±. Fue el 14 de marzo de hace nueve a?os.