El ¡®caso de los ERE¡¯ aterriza en la precampa?a andaluza

La condena a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n por el caso de los ERE llega al Tribunal Supremo en plena precampa?a de las elecciones auton¨®micas, convocadas para el pr¨®ximo 19 de junio. La Sala de lo Penal celebra este mi¨¦rcoles y jueves la vista p¨²blica sobre los recursos presentados por los 19 ex altos cargos a los que conden¨® la Audiencia de Sevilla y, aunque todos ellos est¨¢n ya alejados de la pol¨ªtica y desvinculados del PSOE, la cita servir¨¢ al PP para devolver al primer plano el binomio de socialismo y corrupci¨®n, el reclamo que enton¨® durante a?os para desalojar al PSOE de la Junta de Andaluc¨ªa. Pero m¨¢s all¨¢ de la derivada pol¨ªtica, nueve ex altos cargos, entre ellos Gri?¨¢n y cuatro exconsejeros, se juegan en el Supremo condenas de entre seis y ocho a?os de c¨¢rcel.

Con la vista que acoger¨¢ el Supremo esta semana, los recursos presentados contra la sentencia dictada por la Audiencia de Sevilla en noviembre de 2019 entran en la fase final. La cita es p¨²blica, pero solo est¨¢n citadas las defensas y las acusaciones, no los condenados, lo que amortiguar¨¢ el impacto pol¨ªtico y medi¨¢tico. Cada defensor tendr¨¢ entre 15 y 20 minutos para exponer las claves de unos recursos que, en los casos m¨¢s breves, abarcan m¨¢s de 200 p¨¢ginas y en los m¨¢s extensos superan el millar. ¡°Hay que ir a lo medular. La de la Audiencia fue una sentencia ca¨®tica que abre frentes por todos lados y tocar todos los puntos que querr¨ªamos es imposible¡±, advierte V¨ªctor Moreno Catena, defensor de la exconsejera de Econom¨ªa Carmen Mart¨ªnez Aguayo, condenada a seis a?os de c¨¢rcel y 15 de inhabilitaci¨®n absoluta por malversaci¨®n y prevaricaci¨®n.

La Audiencia dio por probado que, entre los a?os 2000 y 2009, la entonces c¨²pula del PSOE andaluz urdi¨® un ¡°sistema fraudulento¡± dotado con 680 millones de euros que, sin control, reparti¨® fondos a empresas en crisis para garantizar la ¡°paz social¡±. Desde 2001, las ayudas las pag¨® directamente la agencia Idea mediante un convenio firmado por los dos m¨¢ximos responsables de la Consejer¨ªa de Empleo (el consejero Jos¨¦ Antonio Viera y el exviceconsejero Antonio Fern¨¢ndez) que dejaba en manos del director general de Trabajo, Javier Guerrero (el principal imputado, fallecido en 2020), la facultad de ordenar el pago de las ayudas, pese a que ¡°carec¨ªa de competencia legal para la concesi¨®n de subvenciones¡±. Con sistema, seg¨²n la sentencia, el Gobierno andaluz se ahorraba cumplir con los requisitos legales para tramitar los expedientes de subvenciones y elud¨ªa la fiscalizaci¨®n de la Intervenci¨®n, lo que favoreci¨® ¡°un descontrol absoluto¡±.

Los recursos de los 19 ex altos cargos suponen una impugnaci¨®n a la totalidad a la resoluci¨®n de la Audiencia, a la que reprochan m¨²ltiples ¡°deficiencias t¨¦cnicas¡±. ¡°Tenemos la convicci¨®n real de que no ha existido ni por asomo una actuaci¨®n coral de toda una administraci¨®n p¨²blica como la que describe la sentencia. Eso es un disparate. Y como esto, otra serie de conclusiones a las que llega sin que hayan quedado probados¡±, se?ala el abogado Moreno Catena.

Una parte fundamental del debate va a girar en torno al delito de malversaci¨®n, que es el que implica penas de c¨¢rcel y por el que est¨¢n condenados, adem¨¢s de Gri?¨¢n y Mart¨ªnez Aguayo, otros tres exconsejeros, dos exviceconsejeros y dos ex directores generales. Los abogados sostienen que hay ¡°contradicciones estructurales¡± en las acusaciones que se arrastraron hasta la sentencia. ¡°Se acusa y se condena por una malversaci¨®n continuada en grado de consumaci¨®n. Pero es que en este juicio no se ha discutido eso, no ha habido ni una sola prueba sobre disposici¨®n de fondos p¨²blicos¡±, se queja uno de los letrados, que prefiere no ser citado. Es un argumento com¨²n de los recursos de todos los condenados por este delito, incluido el que fuera presidente andaluz, condenado por su etapa como consejero de Econom¨ªa y Hacienda. Su abogado, Jos¨¦ Mar¨ªa Calero, recuerda que la malversaci¨®n ¡°exige¡± que la autoridad o el funcionario acusado tenga ¡°disponibilidad de los fondos, capacidad directa para administrarlos¡±. ¡°Y en este caso no los tiene. Los fondos lo administra Empleo¡±, advierte.

A favor de la tesis de los abogados juegan dos aspectos sobre los que el Supremo se tendr¨¢ que pronunciar. El primero, que el propio alto tribunal instruy¨® en 2015 el caso porque los dos expresidentes andaluces y otros implicados estaban aforados, pero no apreci¨® malversaci¨®n. El instructor, el magistrado Alberto Jorge Barreiro, consider¨® que Chaves y Gri?¨¢n prevaricaron porque aprobaron ¡°important¨ªsimas partidas de dinero¡± para ayudas a empresas siendo ¡°conscientes¡± de su procedencia il¨ªcita; pero descart¨® que Gri?¨¢n supiera como consejero de Econom¨ªa que con este sistema se estuviera desviando dinero para el enriquecimiento de terceras personas (intrusos de los ERE, sindicatos, aseguradoras o despachos de abogados).

Los abogados esgrimen tambi¨¦n a su favor la jurisprudencia de la malversaci¨®n desplegada por la Sala Penal en la sentencia del proc¨¦s, en la que el tribunal absolvi¨® de malversaci¨®n a cinco exconsejeros porque desde sus departamentos no se dispusieron fondos para la celebraci¨®n del 1-O, aunque todos ellos hab¨ªan suscrito un acuerdo del Govern para asumir de forma solidaria los gastos que se promovieran para la realizaci¨®n del refer¨¦ndum. En el caso de los ERE, todo el gasto sali¨® de la Consejer¨ªa de Empleo, por lo que las defensas consideran que, si hubo malversaci¨®n, no puede abarcar a los responsables de otros departamentos.

En el caso del delito de prevaricaci¨®n, por el que Chaves fue condenado a nueve a?os de inhabilitaci¨®n, las defensas argumentan, entre otros motivos, que las transferencias de financiaci¨®n, el mecanismo utilizado para pagar las ayudas sociolaborales y que la sentencia considera ¡°ilegal¡±, estaban recogidas cada a?o en el proyecto de presupuestos auton¨®micos. ¡°Se ha mantenido durante toda la instrucci¨®n y, finalmente en la sentencia, que las transferencias de financiaci¨®n son ilegales, pero estaban en las leyes de presupuestos de la Junta de 2001 a 2010 y nadie las impugnaba¡±, sostiene uno de los abogados, que apunta: ¡°La ley ilegal no existe por definici¨®n¡±.

Las tesis casi un¨¢nimes de las defensas ser¨¢n rebatidas por las acusaciones, representadas en la Fiscal¨ªa y en la acusaci¨®n particular que ejerce el PP. Ambos han pedido que el Supremo confirme la sentencia de la Audiencia de Sevilla. La decisi¨®n de la Sala Penal se conocer¨¢ cuando ya hayan pasado las elecciones andaluzas, pero tras la vista de esta semana el caso de los ERE aterrizar¨¢ de nuevo en la campa?a auton¨®mica como lo ha hecho en cada convocatoria electoral de la ¨²ltima d¨¦cada.