El precio de las mascarillas compradas por Sanidad se multiplic¨® por 10 en solo una semana al inicio de la pandemia
Un nuevo informe del Tribunal de Cuentas constata deficiencias en los contratos de las administraciones

El Tribunal de Cuentas est¨¢ perfilando nuevos informes sobre los contratos suscritos por las administraciones p¨²blicas durante la primera fase de la pandemia de covid-19, y esos informes van a constatar la existencia de numerosas deficiencias, seg¨²n apunt¨® el jueves la presidenta del ¨®rgano de fiscalizaci¨®n, Enriqueta Chicano. El organismo ha llegado a la conclusi¨®n de que en aquellos d¨ªas de estallido de la crisis sanitaria, dada la premura por conseguir material ante la expansi¨®n del virus, se recurri¨® a ¡°casi cualquier cosa¡± y se orillaron las exigencias de solvencia a las empresas suministradoras. El ¨²ltimo de esos informes, a cuyo borrador ha tenido acceso EL PA?S, recoge alg¨²n ejemplo del encarecimiento al que dio lugar esa situaci¨®n de m¨¢xima emergencia: en la ¨²ltima semana de marzo de 2020, el Ministerio de Sanidad pas¨® de pagar 0,27 euros por mascarilla FPP2 a pagar 2,67 euros: 10 veces m¨¢s.
Chicano explic¨® que en muchos casos ¡°no se exigieron criterios de solvencia¡± a los proveedores contratados ni ¡°el cumplimiento de algunos requisitos que ha de tener cualquier empresa para contratar con las administraciones p¨²blicas¡±, como la experiencia en el sector. Este tipo de pr¨¢cticas, a?adi¨® la presidenta del Tribunal de Cuentas, ¡°es lo que se ha ido obviando en aras de buscar el producto, que era prioritario y urgente tener en ese momento¡±. Chicano cree, no obstante, que son ¡°muchos¡± los contratos p¨²blicos que ¡°est¨¢n muy bien hechos¡±, pero admite que algunos casos de irregularidades ya son conocidos. ¡°Y habr¨¢ algunos m¨¢s que conoceremos sin duda¡±, a?ade.
La tarea del Tribunal de Cuentas no supone actuar como ¨®rgano investigador, sino garante y de control del cumplimiento de la normativa administrativa, de la buena praxis de las administraciones. Y en este sentido, los dos informes realizados hasta ahora ¨Dsobre los contratos adjudicados por ayuntamientos de m¨¢s de 300.000 habitantes y por organismos y entidades independientes, como museos o empresas p¨²blicas¨D ya han permitido constatar que muchos controles existentes en per¨ªodos de normalidad no fueron aplicados durante la pandemia, lo que permiti¨®, entre otras cosas, inusuales subidas de precios de los productos adquiridos, o directamente cobros abusivos.
El ¨²ltimo informe est¨¢ a¨²n en fase de borrador. Se refiere a la fiscalizaci¨®n del gasto en el ¨¢rea sociolaboral y de la Seguridad Social del Instituto Nacional de Gesti¨®n Sanitaria (Ingesa), incluido en la estructura del Ministerio de Sanidad, seg¨²n su p¨¢gina web. En sus consideraciones finales, el documento recoge que ¡°el precio m¨¢s elevado de mascarillas FFP2 se produjo en la adquisici¨®n el 3 de abril de 2020, cuyo precio unitario fue de 4,17 euros¡±. Sobresale por su volumen (56.200.000 mascarillas FFP2) la compra efectuada a un ¨²nico proveedor y cuyo importe constituye el 95,14% del importe total del gasto realizado en este tipo de suministro.
Por otra parte, del an¨¢lisis de los precios de adquisici¨®n ¡°destaca la significativa diferencia entre el precio de adquisici¨®n de las mascarillas FFP2 durante el mes de marzo, que oscil¨® entre 0,2781 euros la unidad en el expediente Covid 5 (el 20 de marzo de 2020) y 2,67 euros la unidad en el expediente Covid 28 (el 28 de marzo de 2020)¡±.
Los siete informes parciales que est¨¢ elaborando el Tribunal de Cuentas ser¨¢n subsumidos en un macroinforme final. Las investigaciones alcanzan a un volumen de contratos que suman 2.000 millones de euros, gastados por las diversas administraciones para adquirir material sanitario entre marzo y mayo de 2020. M¨¢s de la mitad de ese gasto estuvo en manos de las comunidades aut¨®nomas.
Los nuevos informes van a suponer un recorrido por las pr¨¢cticas de contrataci¨®n de dichas comunidades, tanto las que carecen de ¨®rgano de fiscalizaci¨®n propio ¨DCastilla-La Mancha, Cantabria, La Rioja, Murcia y Extremadura, adem¨¢s de Ceuta y Melilla¨D como el resto. Se est¨¢n repasando, en este sentido, ¡°las actuaciones para las relaciones de cooperaci¨®n multilateral entre la Administraci¨®n General del Estado y las comunidades aut¨®nomas desarrolladas en el marco de la gesti¨®n de la pandemia¡±. Los informes por departamentos se van a ir aprobando sucesivamente. Cuando est¨¦n todos terminados, el Tribunal de Cuentas elaborar¨¢, antes de fin de a?o, el mencionado macroinforme sobre el conjunto de las administraciones.
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